El desánimo empresarial

El desánimo empresarial

Incertidumbre sobre proceso de paz y contenido de reforma tributaria están generando desánimo.

28 de mayo 2016 , 08:10 p. m.

La economía colombiana ha venido creciendo a un ritmo aceptable, gracias a que los empresarios y consumidores han mantenido niveles altos de inversión y gasto. Por eso preocupan el descenso en la ‘confianza’ de los consumidores, que se advierte en las encuestas de opinión, y el creciente desánimo que se palpa en cualquier conversación con empresarios (aunque no en las encuestas). Las causas de este último parecen vincularse con la incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz y sobre el contenido preciso de la inevitable reforma tributaria.

Es natural que el empresario y el ciudadano común se preocupen cuando, después de varios años de negociación, hoy no se sepa aún cuándo se firmará ni qué contendrá exactamente un eventual acuerdo. Ni tampoco cómo se refrendará, pues la Corte Constitucional aún no avala el plebiscito y la Fiscalía pidió que lo niegue. Y cómo no se va a preocupar cuando el Eln, que supuestamente estaba negociando, comete un nuevo acto de barbarie. O cuando escucha al uribismo, al Procurador y a algunos constitucionalistas hablar de golpe de Estado.

Pareciera que a los dirigentes de las Farc les entró el pánico por su futuro personal y político en un país en paz. Les asusta la posibilidad de que se les incumpla lo eventualmente acordado. Y la polarización política existente alrededor de las negociaciones no ayuda propiamente a calmar sus temores. Por esas razones, aparentemente, han insistido desde un principio en que lo acordado adquiera estatus constitucional. No advierten, como lo han subrayado varios comentaristas, que es más importante lograr un ‘blindaje’ político (vale decir, un amplio apoyo al Acuerdo) que un ‘blindaje’ jurídico. Y lo irónico es que su insistencia en el blindaje constitucional está alejando las posibilidades del blindaje político. Hay que salir de este círculo vicioso.

Una posibilidad para considerar, como lo insinué en mi anterior columna, es que se equipare a Acuerdo Especial solamente la parte de lo convenido que tiene que ver directamente con el derecho humanitario y la terminación del conflicto: los derechos de las víctimas, la justicia transicional y la participación política de los desmovilizados. Y no lo que se refiere a la política de tierras y desarrollo rural. Intentar llevar esto último directamente a la Constitución ha contribuido a agudizar la polarización política y la incertidumbre empresarial.

De otra parte, los empresarios saben ya que es inevitable una reforma tributaria que aumente los recaudos para sustituir parte del enorme hueco que dejó la caída de los ingresos fiscales petroleros. Saben que, de no hacerlo, la situación fiscal se tornaría insostenible y la economía podría entrar en una crisis como la de finales de los noventa. Pero tienen un justificado temor al contenido preciso de la reforma, pues el Gobierno no ha dicho ni mu sobre qué piensa proponer al Congreso. El mutismo gubernamental ha propiciado que dentro de las propias filas de la Unidad Nacional se asuman posiciones que dificultarán la eventual reforma. Y, en esas condiciones, los empresarios temen que el Gobierno acabe optando por el camino políticamente expedito que eligió a finales de 1994 (clavar en exceso a las empresas), aunque ello reduzca el crecimiento y el empleo futuro. Es también importante despejar estos temores.

P. S.: bienvenida la carta de un grupo de congresistas norteamericanos en la que rechazan el intento de presionar a Colombia para que no utilice el mecanismo internacionalmente aceptado de licencia obligatoria, con el fin de frenar abusos en precios de medicamentos.

GUILLERMO PERRY

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