Todas las licencias para la exploración y explotación minera en el país serán concedidas por el Ministerio de Minas, a través de la Agencia Nacional de Minería. Esta notificación perentoria la hace el nuevo jefe de la cartera, Germán Arce, al aclarar un fallo de la Corte Constitucional, interpretado como si se hubiera facultado a los municipios a vetar zonas para minería en sus áreas.
Arce –economista caleño con maestría en Inglaterra, en Valores, Banca e Inversión y exviceministro de Hacienda (2010-2011)– anuncia una inmediata rebaja en tarifas de energía.
¿Es cierto que el fallo de la Corte Constitucional da facultad a los municipios para vetar las zonas que puedan ser adjudicadas para la explotación minera?
No es cierto. La consecuencia legal de que se caiga la prohibición del artículo 37 del Código de Minas es que ya no hay un artículo que les prohíba establecer zonas excluidas de la minería. Pero tampoco existe alguno que les permita hacerlo.
¿Cómo es el asunto?
El artículo 37 del Código de Minas establecía una prohibición legal, según la cual ninguna autoridad regional podría determinar zonas que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Era una prohibición explícita que tenía la ley. Ese artículo ya había sido demandado en el pasado y fue declarado exequible de manera condicionada por la Corte. La tesis del alto tribunal, en la sentencia 123, era que debía haber acuerdos entre la Nación y el territorio en esos procesos de armonización para las actividades mineras. Y esto es lo que se aplica hoy en día: una prohibición matizada con un fallo que decía: “Pónganse de acuerdo”. Ahora, ese artículo se cayó por un vicio de forma: porque la ley donde se encuentra este artículo se tramitó como ordinaria y debía ser tramitada como orgánica.
¿Qué efecto tiene que la norma se haya caído?
La caída de la norma no genera una facultad legal. Las facultades están definidas en la ley. Además, la Constitución señala que la autoridad sobre el subsuelo y los recursos mineros la ejerce la Nación; el Congreso dio esa autoridad al Ministerio de Minas, que la delegó a la Agencia Nacional de Minería. Conclusión: el recurso natural, las regalías, la explotación y la administración del recurso natural están a cargo de la Nación.
¿Es decir, al caerse la norma, automáticamente queda vigente la anterior?
Queda vigente el resto de normas del Código de Minas, que en ninguna parte le entrega facultad a los municipios para excluir la minería. Y así seguirá.
¿Pero entonces no van a corregir el error de forma cometido?
Discutir ahora una prohibición explícita como la del Código de Minas no creo que sea muy constructivo. Sí lo es encontrar mecanismos de acuerdos entre la Nación y el territorio que definan cómo, armónicamente, se puede hacer la actividad minera. Aquí hay una discusión de fondo, que no se ha dado todavía: es que los concejos municipales tienen facultad para ordenar el suelo, y la Agencia Nacional de Minería tiene la facultad legal de autorizar la exploración y explotación de recursos que están en el subsuelo.
Es decir, ¿no supone un veto?
Sí, no supone un veto. Para que haya un veto tendría que existir una autorización legal para vetar.
¿Pero, digo, no tiene ninguna consecuencia?
Sí. La consecuencia es que elimina una prohibición legal. Resumo: sigue vigente el proceso de armonización en que veníamos trabajando gracias a un fallo anterior de la Corte –el 123 que le mencioné– cuyo ponente fue el magistrado Alberto Rojas. Señala que, como hay una concurrencia de competencias entre el suelo y el subsuelo, Nación y territorios deben concertar el proceso de armonización para desarrollar la actividad minera. Parte de lo que tendremos que evaluar con el fallo en la mano es cómo ponernos de acuerdo sin necesidad de que la ley nos lo diga. Me parece que todos tenemos el mismo interés: poder hacer una minería responsable, que le genere al país los recursos que necesita para atender la educación, la salud y muchas otras necesidades sociales.
¿Cuánto le genera la minería al Estado?
Entre 2010 y 2015 se generaron 9,7 billones de pesos como regalías. Esa es una cifra muy importante para un país con retos de paz, equidad y educación.
¿Toda la minería está en el subsuelo?
Sí, toda. La diferencia es que hay una a cielo abierto, otra subterránea, y otra aluvial. Pero minería también son materiales de construcción, no solo oro y carbón.
¿Es partidario de aumentar las licencias para exploración y explotación?
Nuestro país necesita recursos. Tenemos unos retos enormes en términos de desarrollo, y los sectores minero e hidrocarburífero han sido grandes aportantes para el financiamiento de programas sociales. El país debe impulsar estas actividades con el cumplimiento de las normas ambientales y sociales. No olvidemos que solo la minería aporta 350.000 empleos directos.
¿Cuál es la rentabilidad de la minería?
Depende del tipo de mineral, pero una actividad como la extracción del oro podría ser hasta 20 veces más rentable que la cocaína.
¿La minería ilegal hace más daño a nuestra economía que la droga?
El potencial de la minería ilegal de hacerle daño al país puede ser peor que el del narcotráfico.
¿Qué tan alta es la explotación ilegal de oro?
El oro legalmente explotado no llega al 20 por ciento del total que se exporta.
¿Por qué la diferencia?
El oro es un mineral que circula libremente y es difícil controlar y separar el oro bueno del malo.
¿Qué está pensando hacer el Gobierno para contener de verdad la minería ilegal?
Tenemos un proyecto de ley en preparación para tipificar la cadena productiva y la extracción ilegal, para no afectar, por ejemplo, a los barequeros, la gente que recoge en el río y a la que le pagan un jornal por los gramos que logre sacar. El barequero hace ese tipo de actividades para comer; lo que queremos hacer es tipificar la cadena para que nos permita atacar a los que proveen los suministros, los que importan el mercurio, los que llevan la gigantesca maquinaria en las narices de todo el mundo, los que comercializan y lavan el dinero.
Sobre la actividad minera, en general, ¿cómo hay un sector de la población que se opone a la explotación minera en su municipio y otros sectores que la defienden?
Se ha vuelto una bandera política; hay muchos haciendo activismo político.
Ministro, siguiente tema: petróleo… ¿Mal panorama?
Explorar recursos hidrocarburíferos vale mucho dinero. La inversión es más difícil, porque es más riesgosa. El año pasado logramos mantener la meta de producción del millón de barriles, esto significó cerca de 10 billones de pesos para el país, entre impuestos y regalías. Este año los precios se han recuperado un poco y eso da viabilidad a nuevas actividades. El país tiene un nivel de producción relativamente alto por la eficiencia en la recuperación de crudo. Nuestro reto es mantener niveles importantes de inversión en la industria que nos garanticen autosuficiencia.
Uno de los métodos que aplica Estados Unidos para aumentar su producción es el ‘fracking’. ¿Usted es partidario del sistema?
Colombia tiene una reglamentación que salió de un trabajo técnico y riguroso durante muchos años. Los precios del crudo mandarán en el futuro las señales de cuándo se puede utilizar la estimulación hidráulica.
¿A usted le gusta el sistema de fracturar la roca por presión hidráulica?
Le tengo que contar que Cusiana, que es uno de los grandes descubrimientos de este país, se obtuvo usando una técnica similar a la estimulación hidráulica hace 30 años. Más que gustarme o no, se trata de un método que técnicamente se puede aplicar en forma responsable.
¿Y piensa aprobar su aplicación como lo han solicitado varias petroleras?
La aplicación de esta técnica se podrá hacer solo si se cumplen los aspectos técnicos y ambientales que nos aseguren una actividad responsable.
¿Qué va a ocurrir si no se hallan nuevos yacimientos?
Estamos tomando todas las medidas necesarias para estimular la exploración y explotación. En el Caribe, costa afuera, hemos tenido éxito con varios pozos. Allí también está el futuro de nuestros hidrocarburos.
En el tema eléctrico: ¿cómo proyecta recuperar el manejo de las plantas de gas?
La responsabilidad del suministro del combustible es de los agentes que adquieren el compromiso de entregar la energía. No obstante, en la costa Atlántica se necesita permanentemente generar con plantas que operan con gas natural, dada la inviabilidad de transportar toda la energía desde el interior del país a esta región. Por lo tanto, y para evitar generar con líquidos, que sería mucho más costoso para los usuarios, se está desarrollando el proyecto de la planta de regasificación a fin de solucionar el problema de abastecimiento de gas natural de estas plantas.
¿Qué se hará con las microcentrales térmicas que se crearon con ocasión de la emergencia de sequía de hace unos meses?
Durante el periodo de El Niño se implementó una campaña que permitió a las centrales existentes entregar sus excedentes al sistema. Con esto logramos inyectar 90 GWh. Este esquema se mantendrá vigente.
Como pasamos de nuevo de la costosa energía térmica a la hidráulica, mucho más barata, ¿cree posible una rebaja en las tarifas?
Las tarifas van a bajar dado que hoy en día los comercializadores están comprando su energía en bolsa a la mitad de lo que pagaron durante El Niño.
¿La rebaja de las tarifas será a partir de cuándo?
El hecho de que haya desaparecido el fantasma del apagón hizo que el precio de la energía en bolsa haya caído y eso se va a ver reflejado en las tarifas.
¿Pero no se corre el riesgo de que los generadores se queden con la ganancia y no se refleje en una rebaja de tarifas?
La rebaja depende de los comercializadores.
¿Y con ellos no hay el mismo riesgo?
No creo. La fórmula del precio la define la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la vigila la Superservicios. No creo que ni una ni otra le hagan trampa al usuario. Pero a las térmicas hay que seguirles pagando así no se prendan. Si no se les paga, sencillamente cuando las necesitemos no las vamos a tener disponibles. No obstante lo anterior, la experiencia nos enseña que tenemos cosas que ajustar en el esquema.
¿Cómo así?
Así ha sido en los últimos diez años. Necesitamos su disponibilidad. En la emergencia no solamente entraron, sino que llegaron a generar 55 % de la energía. En lo que hay que pensar es en mejorar tarifas hacia adelante.
¿Mejorar tarifas no es aumentarlas?
Todo lo contrario, actualmente, necesitamos construir más centrales de generación con costos bajos que nos permitan ser más competitivos como país.
Que sea competitivo, ¿qué quiere decir?
Competitivo para los industriales, competitivo para los grandes usuarios y que sea competitivo para las familias. No hay una fórmula donde usted mejore el servicio sin asumir ningún costo. Lo que sí creo es que si uno tiene una matriz con mayor complementariedad, usted trae tecnologías más baratas que ayuden a equilibrar la estructura de tarifas. Esa es parte de la apuesta de renovables.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
