Si en menos de dos meses la Corte Constitucional aprueba el plebiscito por la paz, el país será convocado por segunda vez en su historia a decidir a través de este mecanismo de participación, que no se usa desde 1957.
El jueves pasado la Corte realizó una audiencia pública en la que escuchó a 23 invitados con argumentos a favor y en contra del plebiscito que el Congreso aprobó en diciembre del año pasado como mecanismo de refrendación de los acuerdos con las Farc.
En un tiempo que podría prolongarse hasta finales de julio, el alto tribunal tendrá que decidir si el umbral de aprobación del 13 por ciento que se estableció es válido, si este es el mecanismo idóneo par refrendar la paz, si fue constitucional omitir un umbral de participación, y si los efectos de dicho plebiscito son o no vinculantes, entre otros puntos de debate.
El ponente, el magistrado Luis Ernesto Vargas, tendrá que elaborar un documento en el que analice las diferentes voces para establecer si se debería aprobar, tumbar o modificar el plebiscito. Sobre esa ponencia, que les sería entregada a los otros 8 magistrados de la Corte en menos de 30 días, se realizará la votación.
Las opiniones son encontradas: el jueves pasado, el Gobierno, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, lo defendió con vehemencia y aseguró que es el mecanismo más acertado para darles legitimidad a los acuerdos de paz, mientras que la Procuraduría, algunos académicos e incluso la Fiscalía pidieron tumbarlo. Estos son los puntos claves que podrían darle luz verde o hundirlo.
1. Umbral del 13 por ciento
La viceprocuradora general, Martha Castañeda, dijo que el umbral del 13 por ciento (4,5 millones de votantes por el ‘sí’) para aprobar el plebiscito no podrá legitimar el acuerdo porque toma “una porción muy pequeña del pueblo”. El Gobierno, la Defensoría y Rodrigo Uprimny, de la U. Nacional, defendieron esa base y que no se haya establecido un umbral de participación que en referendos es del 25 por ciento. Afirman que en Colombia más de la mitad del electorado se abstiene de votar por razones que no son políticas, por lo que se quiso evitar que el plebiscito sea derrotado por un abstencionismo que no tiene una posición.
2. Carácter vinculante
El fiscal (e), Jorge Fernando Perdomo, pidió tumbar el plebiscito y dijo que esta herramienta tiene un poder político (para que el pueblo manifieste su apoyo a una política del Ejecutivo), pero no el alcance jurídico que le dio el Congreso. Sostuvo que no se puede limitar por medio del plebiscito una decisión del Presidente frente a la paz. El defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, dijo que sí es vinculante, pues les dará legitimidad política a los acuerdos. Sin embargo, dijo que si el pueblo colombiano vota por el ‘no’, esto no significa que el Gobierno tendrá que regresar a la vía armada, sino que implicaría reformular el acuerdo de paz.
3. Es o no un plebiscito
El presidente Juan Manuel Santos afirmó que este es un “plebiscito especial”, que resultará mejor que un referendo o asamblea constituyente. Luisa Fernanda García, de la U. del Rosario, pidió tumbarlo y dijo que el referendo es la vía adecuada. “El plebiscito obedece a lo emocional, mientras que el referendo a lo racional”. El Colectivo de Abogados pidió mantenerlo, pero aclarando que no es plebiscito, sino una fórmula “especial de refrendación de acuerdos para la paz”.
4. Funcionarios en campaña
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la campaña por el plebiscito no podrá empezar hasta que la Corte lo avale. Afirmó que en este caso sí se permite a funcionarios públicos hacer campaña por el ‘sí’ o el ‘no’ porque sus limitaciones son en “contiendas políticas y no en deliberaciones de interés general”. El Defensor le pidió a la Corte impedir estas campañas, pues esa sería “una permisión que va más allá de manifestar una posición, y que podría catalogarse como actividad proselitista”.
5. Preguntar por la paz
La Viceprocuradora rechazó que en este caso no existan más posibilidades que una pregunta que tendrá como respuesta un ‘sí’ o un ‘no’, y que se pregunte por la paz. Los críticos afirman que es inconstitucional en sí mismo preguntar si se está de acuerdo con la paz porque este es un derecho que establece la Carta del 91. Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, dijo que aquí no se busca pedirle al pueblo que derogue el derecho a la paz, sino “pedirle su anuencia a los acuerdos de La Habana”.
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