Ustedes me perdonan, pero esta es una dolorosa realidad cotidiana.
Un trabajador colombiano se pasa la vida entera pagando su aporte mensual, conocido popularmente como “cotización”, para que cuando lleguen los tiempos difíciles de la vejez pueda disfrutar de su pensión. A fin de lograrlo, con frecuencia tiene que arañar del presupuesto para el mercado hogareño, privarse de ir el domingo al estadio o de comprar una camisa nueva.
Mientras tanto, se la pasa soñando despierto, haciendo planes para cuando ya pueda retirarse a una casita de campo, con su mujer y sus nietos, disfrutando de lo que le costó tanto esfuerzo y sacrificios.
Llega por fin el día en que se jubila. Nuestro hombre madruga, silbando feliz, a hacer la cola en las oficinas del fondo de pensiones. Sonríe a todo el que ve, aunque no lo conozca. Pero, al llegar su turno, el funcionario le suelta la noticia más devastadora del mundo, que le estalla en la cara como una bomba atómica.
–Lo siento mucho –le dice el funcionario–, pero su empleador no nos envió las cuotas que usted le pagaba.
En ese momento, nuestro hombre siente que la tierra se lo está tragando y el cielo le cae encima. Desde ese día empieza su auténtico suplicio, de juzgado en juzgado, recorriendo tribunales, implorando favores como si pidiera una limosna, rogando que lo atiendan para que se haga justicia. Así pasan largos años. Hasta que un día muere de vejez o enfermedad, o de ambas cosas, pasando necesidades, fiando en la tienda del barrio, escondiéndose del prestamista, sin que nadie le haya reconocido su legítimo derecho.
Eso es un crimen. Qué digo crimen. Eso es peor que un crimen. Entonces es cuando uno entiende que en esta vida lo único peor que un crimen es una injusticia.
La mora patronal
Lo cierto es que estoy aterrado ante semejante infamia. Me niego a creerlo. Resuelvo ponerme a indagar qué es lo que está pasando. Les pregunto a los especialistas si saben cuántas personas han sido juzgadas en Colombia por apoderarse abusivamente de esos aportes. El primero que me responde es el magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. (Lea también: Este es el trámite para retirar los aportes si no alcanza a la pensión)
–No tengo conocimiento de condena alguna en ese sentido –contesta, de un modo categórico–. La Fiscalía General de la Nación es la que podría certificarle sobre eso.
Le traslado la misma inquietud a Mauricio Olivera González, presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones, conocida por su nombre abreviado de Colpensiones, la entidad oficial que reemplazó en esos menesteres al Seguro Social.
–Ese delito ya no se comete tanto como en años pasados –dice él– porque ahora tenemos sistemas informativos que nos permiten un mayor control sobre los recaudos. En Colpensiones, por ejemplo, les hacemos un seguimiento permanente.
Pero, a pesar de esos controles, la situación de mora patronal sigue encendiendo las alarmas. “Mire usted”, agrega Olivera, “que hace apenas dos meses, en marzo, tuvimos que enviarles recordatorios de pago a 11.794 empleadores morosos. Y en abril subió a 11.837”.
Miedo y silencio
En la actualidad existe en Colombia una oficina de vigilancia para evitar esos desmanes. Tiene facultades para que, cuando sus agentes detecten anomalías por parte de los empresarios, se inicie un proceso sancionatorio que puede terminar en una multa cuantiosa o, incluso, en responsabilidades penales.
–Yo creo que ese mecanismo podría considerarse eficiente –sostiene el magistrado Miranda Buelvas– si se utilizara correctamente. Pero, en realidad, desconozco que tanta utilidad pueda reportar.
De manera, pues, que sí existen los mecanismos para descubrir al empleador que se está quedando con los aportes de sus trabajadores. Pero se ha logrado establecer que algunas administradoras actúan con negligencia ante esas conductas, “pues tienen el nombre del patrón incumplido, pero no ejercitan las acciones para cobrarle”, agrega el magistrado.
También se conocen historias de trabajadores, especialmente en el sector privado, que son víctimas del despojo, y, sin embargo, el miedo los obliga a guardar silencio. Ellos mismos detectan que les están robando sus aportes, pero callan ante el riesgo de perder el empleo.
Como todo hay que decirlo, ya se conocen casos en sentido contrario: empleadores que pagaron cumplidamente los aportes, pero el dinero no aparece en el fondo de pensiones. Como siempre, la víctima es el trabajador.
Falsificación de pensiones
Uno de los eternos dramas de este país es la abundancia de leyes y la escasez de gente que las cumpla. Miren las cifras: se ha establecido que hoy en día existen 734 normas diferentes que regulan el régimen pensional. Esa dispersión legal contribuye al caos, las trampas y el incumplimiento.
Lo patético del caso se puede resumir así: los fondos de pensiones dicen que, cada vez que ellos aprueban una pensión, el trabajador sale derecho a demandarlos judicialmente porque considera que le asignaron una suma injusta.
A su turno, los trabajadores sostienen que cada vez que llegan con un fallo judicial a su favor, el fondo se demora largos años para darle cumplimiento.
Los fondos replican que se debe revisar cada fallo con lupa, porque la falsificación de sentencias sobre pensiones es cada día mayor. Imagínense ustedes si puede operar un sistema con semejantes triquiñuelas y desconfianzas. No funciona. (Lea también: Si no se pensiona, tiene derecho a que le devuelvan sus aportes)
–El asunto es tan grave –comenta Olivera– que en Colpensiones nos hemos visto obligados a crear oficinas de seguridad, a dictar cursos especiales a nuestros funcionarios, a comparar los sellos del juzgado con los que aparecen en el papel.
Por todo el país
Como si nos faltara una corrupción más, la que está vinculada con pensiones se ha regado como una mancha negra por todo el cuerpo del país. Los ejemplos son mayores cada día. El año pasado desmantelaron el “carrusel de tutelas de Ibagué”. Un juez penal, un empleado judicial y dos abogados recibieron en promedio condenas carcelarias de veinte años. Habían escamoteado más de 2.000 millones de pesos.
En el primer trimestre de este año descubrieron en el Eje Cafetero una cadena de cien pensiones irregulares contra Colpensiones, avaluadas en 4.200 millones de pesos. Capturaron a un abogado y a 24 pensionados. En Bucaramanga detuvieron a varios funcionarios del antiguo Seguro Social, que duraron tres años falsificando pensiones.
… y los jueces congestionados
Así las cosas, los trabajadores que buscan su pensión no son los únicos que están atrapados en medio de semejante vorágine de problemas, sino también los juzgados y tribunales. Procesos van, vienen y regresan. Ya los arrumes de papeles no caben en las oficinas.
–En las condiciones actuales, tal como están las cosas –me dice con un acento sombrío el magistrado Miranda Buelvas– ya la Sala Laboral de la Corte Suprema no puede cumplir su tarea de impartir justicia a favor de los más vulnerables: viejos, inválidos, huérfanos y viudos.
En dicha Sala hay siete magistrados que en este momento tienen 22.000 procesos esperando decisión. Evacúan entre mil y 1.300 por año. Lo cual significa, para que se aterren ustedes, que se necesitarían unos veinte años para resolverlos todos, si no les vuelve a llegar ni uno más. Dan ganas de sentarse a llorar.
“El futuro es sombrío”
Si eso es en la Corte Suprema, que no tiene más instancias ni apelaciones, uno se pregunta cómo será la situación en los juzgados de Colombia.
–No puedo darle una cifra exacta sobre el número de procesos por pensiones que hay actualmente en los juzgados –añade el magistrado–, pero me dicen que cada despacho del país maneja más de cien.
El señor Miranda se queda pensativo un instante. Me mira con expresión preocupada. Finalmente agrega:
–El otro día leí que uno solo de los fondos, Colpensiones, ha negado 90.000 solicitudes de pensión. Ponga usted que solo 60.000 de ellos, las dos terceras partes, entablen una demanda. Eso significa que en el futuro cercano nos podrían llegar a la Corte 30.000 procesos nuevos. Súmeles los 22 que hoy tenemos. El futuro es negro e incierto. Es muy oscuro.
Epílogo
Entre el inicio en el juzgado, el paso a un tribunal y la llegada a la Corte, las demandas por pensiones suelen durar hasta once años antes de que se produzca un fallo. Supóngase que el trabajador gana, por fin, pero entonces resuelven pagarle la misma mensualidad que le correspondía once años antes. Tiene que poner otra demanda para que le hagan una justa actualización del dinero. Once años más. Y, entre tanto, el abogado se le quedó con el treinta por ciento.
El peor de tantos martirios lo están viviendo los jubilados más viejos y enfermos que luchan por el reconocimiento de su pensión. “Proceso que se respete lleva anexa una historia clínica”, me dice el magistrado. “Yo he visto todos los cánceres habidos. Tendría que graduarme de médico para saber cuál de todos los demandantes está más grave. Y, aún así, la ley me exige resolverle a cada uno su caso según el orden de llegada”.
Miranda Buelvas duda antes de contarme el siguiente episodio. Dice que fue uno de los momentos más tristes de su vida.
–El otro día me llegó de Barranquilla la carta de un jubilado enfermo que lleva años litigando y aún espera su pensión. Decía esto: “Es probable que yo me muera sin que ustedes hayan fallado mi caso. Si eso ocurre, le saldré de noche, para jalarle una pierna”.
Juan Gossaín
Especial para EL TIEMPO