Cinco meses después de que el Congreso aprobó la ley estatutaria para convocar un plebiscito por la paz, el presidente Juan Manuel Santos defendió ayer ante la Corte Constitucional ese mecanismo como forma de refrendación de los acuerdos con las Farc.
Los nueve magistrados de la Corte escucharon a Santos, quien fue el primero de 23 invitados en exponer sus argumentos.
La Corte decidió realizar esta audiencia pública hace más de una semana con el fin de escuchar argumentos para decidir si este es el mecanismo idóneo de refrendación, si el umbral del 13 por ciento del censo electoral para aprobarlo es constitucional, y si tiene o no fuerza vinculante. (Lea también: Santos ratificó que sin refrendación no habrá acuerdo de paz)
En su intervención, que no duró más de 20 minutos, Santos le pidió a la Corte que lo declare exequible: “Quiero entregarle la paz al pueblo para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando en el camino que hemos recorrido”, dijo el Presidente, y aseguró que será respetuoso de las decisiones que ese alto tribunal tome.
Afirmó que aunque no tiene el deber legal ni constitucional de hacer un plebiscito, este es un compromiso que tiene con el país. “Mi talante democrático me obliga a poner la paz por encima de la voluntad de un mandatario o de un Gobierno”. Además, aseguró que el plebiscito es necesario para que el pronunciamiento popular “sea el que imprima la legitimidad al acuerdo”. Frente a quienes aseguran que el mecanismo que aprobó el Congreso en diciembre del año pasado terminó desnaturalizando al plebiscito, el Presidente afirmó que el Ejecutivo y el Legislativo crearon un “nuevo tipo de plebiscito como forma de refrendación”.
Santos también sostuvo que este procedimiento “es mucho mejor que el referendo –absolutamente impracticable frente a un acuerdo de semejante tamaño– o que una asamblea constituyente –un escenario donde se abrirían nuevamente las negociaciones con resultados inciertos–”. (Además: Farc piden reforma electoral para cambiar 'balas por votos')
Para responder a las críticas por bajar el umbral de aprobación al 13 por ciento (se necesitan mínimo 4,5 millones de colombianos a favor para que pase), el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que las reglas que aquí se fijaron solo se aplican para esta consulta especial. Defendió que no se haya contemplado un umbral de participación, sino exclusivamente el de aprobación.
Para esta consulta dijo que no se partió del 25 por ciento que se exige en los referendos, porque en este caso “no se está exigiendo un número de ciudadanos participando, sino de un número de ciudadanos votando a favor o en contra para que haya una decisión”, dijo.
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, también pidió la aprobación del plebiscito porque “la refrendación es clave para lograr la transición de la fase de los acuerdos a una implementación efectiva”, mientras que el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que por fuera de la utilería y las herramientas jurídicas que se usen para incorporar los acuerdos (como la propuesta de elevarlo a acuerdo especial), “no podría ser inconstitucional preguntarle al pueblo su aprobación o rechazo a un acuerdo con las Farc”. (Lea también: 'Quiero entregarle la paz al pueblo para que él decida': Santos)
La voz más crítica de la jornada la tuvo la viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, quien asistió en representación del Ministerio Público pues el procurador Alejandro Ordóñez se declaró impedido para debatir el tema debido a sus pronunciamientos públicos de rechazo. (Lea también: 'Perdieron la vergüenza': Ordóñez a Santos y a Alto Comisionado de Paz)
Castañeda pidió tumbar el proyecto de ley afirmando que no es una herramienta garantista de participación ciudadana. Y la Fiscalía, a pesar de manifestar su apoyo al proceso de paz, también le pidió a la Corte que declare inexequible el plebiscito.
Después de escuchar todos los argumentos y de recibir por escrito más de 20 conceptos jurídicos, el magistrado Luis Ernesto Vargas, elegido en enero pasado como el ponente, tendrá que elaborar un documento en el que exponga si da o no luz verde al plebiscito.
Esa ponencia, que según fuentes sería entregada a mitad de junio (el tiempo límite que tiene son 30 días), será sometida a votación de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que podría tomarse hasta dos meses para fallar. (Además: 'Otra vez el Procurador está peleando con espantapájaros')
Expertos defendieron umbral del 13 por ciento
Rodrigo Uprimny y Dejusticia
Rodrigo Uprimny defendió que solo se haya fijado un umbral de aprobación del 13 por ciento. “Los umbrales de participación estimulan la abstención”, dijo. César Rodríguez, de Dejusticia, dijo que este plebiscito no va a regular el derecho a la paz (lo que sería inconstitucional) sino el medio para ejercerlo.
Alfonso Cajiao, defensor del Pueblo
Dijo que históricamente la mitad del país nunca vota, por lo que “tiene sentido bajar el umbral para evitar que el plebiscito sea rebatido por una abstención pasiva que obedece a un problema estructural que no refleja ninguna postura”. Pero le pidió a la Corte que impida que funcionarios hagan campaña por el plebiscito.
Danilo Rojas, del Consejo de Estado
Frente a las dudas sobre si lo que aprobó el Congreso es en efecto un plebiscito, dijo que sí tiene esa naturaleza porque “busca legitimar una política pública mayor como la paz”. También, dijo que el Congreso tiene la facultad de bajar el umbral del plebiscito, pues “tiene libertad de configuración”.
Jomary Ortegón, Colectivo de abogados
Aunque la representante de Cajar pidió declarar exequible el proyecto, porque considera que la refrendación daría a los acuerdos mayor legitimidad, señaló que la figura del plebiscito responde a políticas gubernamentales y no estatales, por lo que propone que la Corte ajuste la figura a “un mecanismo especial de refrendación para la paz”.
Opositores dicen que no es el medio
Martha Castañeda
La viceprocuradora general pidió tumbar el plebiscito, ya que “tal y como lo aprobó el Congreso se le están dando efectos jurídicos que no le corresponden. Criticó que se bajara el umbral y que no haya un mínimo de participantes, porque esto no permite “resguardar la democracia deliberativa”.
Jorge Perdomo
“Es inconstitucional porque desconoce el contenido esencial del plebiscito (...), pues establece que la decisión del pueblo es vinculante”. El Fiscal (e) dijo que una decisión como terminar el conflicto no puede someterse a la voluntad de las mayorías, pues eso limitaría las facultades del Ejecutivo.
Luisa F. García
La representante de la Universidad del Rosario señaló que el plebiscito es un mecanismo usado comúnmente por los regímenes totalitarios porque “viola el principio democrático”. Aseguró que usarlo sería “legitimar que se incluyan los acuerdos de La Habana, de una forma informal, en el ordenamiento jurídico”.
Camilo Guzmán
El profesor de la Universidad Sergio Arboleda manifestó que “La aprobación del pueblo (sobre el plebiscito) significa, si dice que sí, que el Estado va a tener que aplicar lo que digan los acuerdos de paz ¿y qué pasa si los acuerdos tienen disposiciones contrarias a la Constitución? Podría haber contradicciones que resultarían vinculantes”.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com