Juez condenado por prevaricato afirma que volvería a fallar igual

Juez condenado por prevaricato afirma que volvería a fallar igual

Juez de Puerto López apeló fallo condenatorio ante la Corte Suprema y señala a la Fiscalía.

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26 de mayo 2016 , 07:13 p.m.

“Si tengo que pagar con mi vida, con mi libertad o con mis bienes por esa decisión como la tomé, en este momento la volvería a tomar, porque fue una decisión vertical, basada en derecho”.

Las palabras son del juez Primero Promiscuo Municipal de Puerto López, Jaime Enrique Niño Ojeda, frente a la condena de nueve años de cárcel que la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio profirió en su contra por el delito de prevaricato por acción, en primera instancia. (Vea también: Juez de Puerto López, Jaime Niño Ojeda, condenado a 9 años de cárcel).

Con base en una investigación de la unidad de fiscalías delegada ante el Tribunal Superior, la Corporación condenó a Niño Ojeda por tres decisiones que consideró irregulares y que afectaron a la víctima de un caso de hurto de ganado. Los hechos ocurrieron entre el 2011 y 2013.

“Tanto el Tribunal como la Fiscalía incurrieron en error y si por eso me tengo que ir a la cárcel, pues me voy porque yo defiendo mi criterio”, afirmó el juez.

Niño Ojeda informó que apeló el fallo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que, según el juez podría tardar ocho meses en pronunciarse.

El juez afirmó que de los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal dos lo señalaron culpable –los magistrados Joel Darío Trejos, el ponente, y Alcibiades Vargas–, mientras que Fausto Rubén Díaz dejó salvamento de voto. “El magistrado Fausto Rubén me dio la razón”, dijo Niño Ojeda.

“Pienso que el actuar de Niño Ojeda no fue doloso, sino que quiso dentro de su función y entendimiento darles prevalencia y oportunidad a personas que se declaraban terceros de buena fe, como propietarios del mismo (ganado)”, precisó el magistrado Díaz en el salvamento del voto.

Según el soporte del fallo condenatorio al juez, este ordenó la entrega de 161 reses a René Alonso Clavijo, pero las reses marcadas con la cifra quemadora 81K, habían sido robadas meses atrás a Edith Constanza Garrido Ruiz de la finca Veracruz, en Puerto López.

De acuerdo con el proceso, el juez tomó la decisión pese a que la Fiscalía le advirtió que incurriría en error y sin tener en cuenta una decisión del juez segundo de control de garantías que ya había restablecido los derechos a la víctima (Edith Garrido) sobre los semovientes, además de fallos en el mismo sentido por parte de jueces de instancia superior.

El juez Jaime Enrique Niño Ojeda manifestó que con su actuar la fiscal que hizo la investigación, Sonia Restrepo Agudelo, al parecer “está aliada o en contubernio con esta gente, les está haciendo un favor, hay algo por fuera de la ley y yo se lo dije al Tribunal”.
El Juez agregó que la fiscal tiene una investigación en su contra por un presunto falso allanamiento en Bogotá.

‘El juez causó un daño irreparable’: Fiscal ante el Tribunal

Respecto a los señalamientos realizados por el juez Jaime Enrique Niño Ojeda, la fiscal Sonia Restrepo afirmó que desde el año 2012 se inició la investigación en la que se recopilaron pruebas que fueron debatidas y valoradas en un juicio por el Tribunal.

“Con esas pruebas, que el juez Jaime Enrique Niño Ojeda considera por fuera de la ley, los magistrados del Tribunal Superior lo condenaron. Lo hicieron con fundamento en unas decisiones del juez y unas pruebas, no con fundamento en favores que la Fiscalía le esté haciendo absolutamente a nadie porque no tengo ninguna relación con los denunciantes”, afirmó la fiscal delegada.

Las tres decisiones prevaricadoras del juez causaron un daño irreparable a Edith Garrido porque nunca aparecieron las cabezas de ganado que le habían hurtado”, agregó.

Restrepo afirmó que a la misma conclusión llegaron los magistrados del Tribunal, dos jueces penales del circuito, cuatro fiscales, los denunciantes y los apoderados de los denunciantes.

Sobre la investigación en su contra, la fiscal aseguró que existe desde hace cinco años y no la han llamado a interrogatorio. “Ningún funcionario público está exento de ser investigado”.

REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS

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