'Quiero entregarle la paz al pueblo para que él decida': Santos

'Quiero entregarle la paz al pueblo para que él decida': Santos

Este jueves, la Corte Constitucional realiza la audiencia sobre el plebiscito por la paz.

26 de mayo 2016 , 07:02 a.m.

Este jueves, en la Corte Constitucional avanza la audiencia en la que se escucharán 24 intervenciones en medio del proceso de revisión que ese alto tribunal hace del proyecto de ley estatutaria que aprobó el Congreso para convocar a un plebiscito por la paz.

El primero en intervenir fue el presidente Juan Manuel Santos, quien señaló que con el plebiscito se busca "entregarle la paz al pueblo para que decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido". El mandatario pidió explícitamente a la Corte que declare exequible la ley estatutaria que regula el plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz con las Farc.

El presidente dijo ante los nueve magistrados que es respetuoso de la Ley y del Estado social de Derecho y que se dirige ante el alto tribunal como un "colombiano que anhela vivir en una nación sin guerra".

"Hoy el ciudadano, colombiano, y Presidente se hacen uno para pedirle a la Corte que declare exequible el plebiscito". Santos añadió que su deseo es "hacer realidad" el artículo 22 de la Constitución que indica que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

El Presidente explicó: "El plebiscito no es nada diferente que regresar al pueblo que me eligió para preguntarle si cumplí mis compromisos para lograr la paz. Ya la secretaría jurídica entregó un escrito sobre las razones legales".

Santos le explicó a la Corte por qué insiste en el plebisito como un mecanismo de refrendación, pese a que como presidente tiene las facultades para firmar el acuerdo y aprobarlo. "Mi talante democrático me obliga a poner la paz por encima de la voluntad de un mandatario o de un gobierno. La paz no es de Juan Manuel Santos, sino que les pertenece a todos los colombianos.

A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que la ley que aprobó el Congreso para convocar a un plebiscito fue una ley excepcional cuyas reglas solo se aplicarán para esta ocasión y que no tuvo ni un solo vicio de trámite o equivocación. (Además: Mayoría académica a favor del plebiscito)

También se refirió a la disminución de los umbrales de aprobación del plebiscito:  "Se tomó la decisión de modificar el concepto de umbral de participación, para pasar al concepto de umbral de decisión. Es decir, la exigencia no de un número de ciudadanos participando, sino de un número ciudadano participando y votando a favor o en contra para que se configure una decisión".

Por eso, umbrales como el 25 por ciento del referendo: "Se avanzó en la decisión de definir un umbral no del 25 por ciento de participación, sino del 13 por ciento de decisión, de voto a favor del sí. Si al final por decisión de la Corte se le da vía libre al plebiscito, tendrá que ser más del 13 por ciento de colombianos, un poco más de 4 millones y medio de ciudadanos inscritos en el censo, no los que participen en el plebiscito, sino los que digan que sí".

Cristo también dijo que el plebiscito es vinculante porque será "la implementación de los acuerdos de La Habana pasan necesariamente por la refrendación ciudadana. La votación de colombianos y su efecto vinculante reforzará el efecto jurídico de los acuerdos de La Habana".

A su turno, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, también defendió el plebiscito como un mecanismo para garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones que nos afectan. Por esto, Jaramillo les dijo a los magistrados que "requerimos de toda su sabiduría e inteligencia constitucional".

El alto comisionado explicó que la refrendación es clave para lograr la transición de la fase de los acuerdos a su implementación efectiva: "El punto a la transición es la refrendación, la voz colectiva de los colombianos que viven en Bogotá, Medellín, Catatumbo, en el Putumayo, en los Montes de María. Es la cara del engranaje entre un acuerdo político y su introducción al ordenamiento jurídico", dijo.

Dijo, además, que los acuerdos no son un pacto militar ni acuerdos entre élites. "No pretendemos imponerle a nadie desde La Habana nuestra visión. Bienvenidas las críticas. Serán los colombianos los que decidan sobre los acuerdos", afirmó.

Jaramillo afirmó que la construcción de la paz será una empresa larga, difícil, y colectiva en la que los campesinos serán sujetos activos. "En la medida en la que las comunidades participan y encuentran una respuesta eficaz a su participación, crece la confianza en las instituciones".

Dijo que a esa lógica de participación territorial contribuye la refrendación. "El proyecto propone un umbral de aprobación para promover la participación de todos en la decisión trascendental como la paz, y promover una cultura política que siente las bases de convivencia y respeto mutuo".

Agregó que la refrendación es la base de la implementación. "Requerimos con urgencia de un instrumento idóneo que convoque a los colombianos, y construyan, si así lo deciden, una voluntad colectiva de llevar a la realidad los acuerdos". Afirmó que será un ejercicio de deliberación colectiva en el que participarán promotores y opositores, lo que "contribuirá a la democracia".

La viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda, dijo que la Procuraduría no está en contra de la paz ni de la refrendación, sino de los métodos para llegar a ella.

Aseguró que el plebiscito, tal y como fue regulado por el Congreso en el proyecto del año pasado, "no resulta idóneo toda vez que consagra unos efectos normativos que no son propios de este mecanismo de participación ciudadana".

Dijo que implica una grave reducción de medidas para proteger la libertad del elector, pues las que ofrece "no son suficientes para resguardar la democracia deliberativa".

Castañeda afirmó que para la Procuraduría el plebiscito aprobado por el Congreso tiene "diversas falencias", pues reduce la participación del Congreso en la medida en que "su silencio es una manifestación tácita a favor de la realización del plebiscito".

También rechazó que el plebiscito fue diseñado con reglas especiales como el cambio del umbral, lo que, a su juicio, "representa una medida regresiva en garantías democráticas que deben darse en el desarrollo de un mecanismo de participación de esta envergadura".

Agregó que la finalidad del plebiscito es legitimar lo acordado en La Habana, pretensión que "no solo es deseable sino necesaria". Pero señaló que ese objetivo no se cumple cuando se permite "que una porción muy pequeña del pueblo tenga la capacidad de dar esa legitimación".

Para Castañeda, por ejemplo, la abstención frente al umbral permitido, "no tiene cabida como decisión política". Para la Procuraduría también se desconoce la igualdad entre sufragistas y abstencionistas. "Es posible que una reforma tenga la mayoría de votos afirmativos, pero no sea aprobada por cuanto la totalidad de votos no aprobó la totalidad del umbral de aprobación requerido".

También criticó el carácter vinculante que se le da al plebiscito, que consiste en la obligación de autoridades del Estado de dictar dentro de sus competencias las disposiciones para acatar la decisión popular. "La figura utilizada para la paz desborda los efectos constitucionales", aseguró.

Expuso que el plebiscito para la paz tendría efectos normativos, lo que resulta "sumamente problemático porque al elector no se le ofrecen más alternativas que un sí, o un no". Aseguró que en la mayoría de referendos existe la prohibición de votación en bloque en una unidad temática.

También dijo que a pesar de que el acuerdo final es la suma de varios acuerdos que tienen contenidos disímiles y complejos que demandan un análisis juicioso, el electorado no tendrá el tiempo suficiente para estudiarlo.

Por eso rechazó el término de 30 días que se da desde la publicación del acuerdo final hasta la realización del plebiscito. "Se requiere un espacio de deliberación real en el que la ciudadanía pueda conocer a profundidad los puntos contenidos en el acuerdo final y también tengan la oportunidad de expresar sus opiniones".

Castañeda dijo que se está violando la libertad del elector si no se divulga con suficiente antelación el contenido de los acuerdos finales.

En cada bloque de intervenciones los magistrados pueden hacer las preguntas que consideren necesarias a los invitados.

En el evento también participarán académicos, expertos juristas, la Fundación para la Libertad de Prensa, representantes de víctimas y se espera la intervención de Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Tras las intervenciones en los próximos días, el magistrado Vargas elaborará una ponencia que sería presentada a mitad de junio ante sus colegas en la Sala Plena para su votación.

Los dos ejes sobre los que se podría centrar la discusión en esa Corte son: si el plebiscito es un medio legítimo para refrendar los acuerdos de paz con las Farc, y el segundo tiene que ver con el umbral, que quedó en el 13 por ciento y sobre el que ese tribunal tendrá que decidir si es o no contrario a la Constitución.

El Defensor del Pueblo (e), Alfonso Cajiao, dijo que el plebiscito está ajustado a la Constitución, pues ese mecanismo de participación busca un pronunciamiento frente a políticas del Ejecutivo que no requieren aprobación del Congreso.

Asegura que lo que pretende el plebiscito no es preguntarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo con una salida negociada del conflicto sino con el medio que se dispone para hacerlo.

Para el Defensor, esta no es una política pública como cualquier otra, y por esta razón el plebiscito guarda coherencia suficiente con los mecanismos de participación ciudadana.

Afirmó que el hecho de que la pregunta sea para que el pueblo de una respuesta de sí o no, no resta legitimidad ni participación para los colombianos.

Sobre el umbral del 13 por ciento aprobado para el plebiscito, Cajiao recordó que más de la mitad de ciudadanos habilitados para votar en Colombia no acuden ante las urnas, lo que se confirma en elecciones presidenciales y del Congreso. Así, dijo que la abstención es "un problema estructural del Estado Colombiano".

Así, dijo que tiene sentido que el legislador haya bajado el umbral para "evitar que el mismo sea rebatido por una abstención pasiva que obedece a un problema estructural que no refleja ninguna postura".

El Defensor también dijo que la campaña por el sí, y por el no, tendrán que dar argumentos suficientes con el fin de que los ciudadanos se expresen en las urnas a favor o en contra del plebiscito, o en caso de que se abstenga, lo hagan de manera legítima.

Sobre si el plebiscito será o no vinculante, Cajiao dice que este será el mecanismo para lograr "una legitimidad política". También dijo que, aunque el pueblo colombiano vote por el no, esto no significa que el Gobierno tendrá que volver a la vía armada.

"Una decisión negativa afectaría la viabilidad jurídica de la propuesta que se discute, sin que esto impida una reformulación del mismo acuerdo, que eventualmente resulte en una exitosa refrendación popular", dijo.

El Defensor encargado dijo que está ajustado a la carta política la permisión de que servidores públicos den sus opiniones frente al plebiscito. Sin embargo, le pidió a la Corte que deje claro que esa participación no podrá hacerse a través de campañas.

"Resulta constitucional que los funcionarios públicos puedan debatir y deliberar sus opiniones públicas". No obstante recordó que la Corte Constitucional ha limitado la posibilidad de los servidores públicos de hacer campaña. "Hacer campañas activas a favor del sí o no es una permisión que va más allá de manifestar una posición, y que podría catalogarse como actividad proselitista".

El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, se refirió a tres aspectos de la ley estatutaria para el plebiscito: la naturaleza de ese mecanismo, el umbral y si es o no vinculante.

Rojas defendió la constitucionalidad del umbral del 13 por ciento. Aseguró que la Corte le ha reconocido al Congreso en diferentes sentencias la libertad de configuración de sus leyes. Además, afirmó que este es el plebiscito más importante que tendría el país, por lo que "el margen de configuración del legislador debe ser particularmente amplio, extenso, y en consecuencia el examen de la Corte en relación con esto debe ser mucho más modesto". Así, el Congreso podía modificar el umbral de los plebiscitos y, para este caso, bajarlo.

Afirmó que la Corte también debe examinar ese umbral de aprobación desde el marco de la justicia transicional.

Rojas dijo que, por ejemplo, que en sentencias anteriores la validación requiere más del 50 por ciento del censo, y aprobación se necesita el 25 por ciento de los votos. “Supongamos que el censo electoral es 100 y se aplican las reglas establecidas por la Corte, se encontraría que para la validación se necesitan 51 votos, y para la aprobación se necesitan 12.5 (el 25 por ciento de 51 votos). En este proyecto se está hablando del 13 por ciento, no de los votos sino del censo electoral, lo que equivale exactamente a lo mismo", dijo.

Sobre el derecho a la abstención dijo que este mecanismo restringido por el Congreso, "busca una participación cualitativa".

Sobre la naturaleza del plebiscito y el carácter vinculante, dijo que la herramienta que aprobó el Congreso está bien formulada como aparece en el proyecto. "Se ha hecho la reflexión sobre si es referendo, consulta popular o plebiscito. Tengo la hipótesis de que efectivamente se trata de un plebiscito, no en la línea de legitimar a un gobernante, sino en aquella perspectiva de legitimar una política pública". Esa política sobre la que el pueblo tendrá que decidir, para Rojas, es una política mayor de paz.

Sobre si es o no vinculante, Rojas dijo que se podría encontrar una diferencia entre el carácter vinculante y la obligatoriedad. "Uno podría decir que el carácter vinculante al que se refiere el proyecto, hace parte de los parámetros de constitucionalidad que tendrá que tener en cuenta el constituyente y legislador cuando deba desarrollar el acuerdo final".

Claves para entender el plebiscito por la paz

¿Qué es?

Es un mecanismo de participación ciudadana con el cual, en el marco del proceso de paz, el Gobierno busca que los colombianos aprueben o rechacen los acuerdos que se firmen con la guerrilla de las Farc en La Habana.

¿Cómo se realizaría?

Sería una sola pregunta en la que se les indagaría a los colombianos si están de acuerdo o no con lo pactado en Cuba con las Farc. Las respuestas serán ‘sí’ o ‘no’.

¿Qué falta para que sea aprobado este mecanismo para refrendar acuerdos?

Tras la aprobación del plebiscito este jueves en la plenaria de la Cámara de Representantes, el texto deberá ser conciliado con el que autorizó el Senado el pasado miércoles, para luego pasar a examen en la Corte Constitucional. Si el proyecto es respaldado por ese alto tribunal, el plebiscito será firmado por el Presidente de la República.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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