Los sucesos de los últimos días en Venezuela hacen pensar que la presencia de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores tiene los meses contados. Las nutridas manifestaciones de la oposición son la demostración clara del descontento de los venezolanos con un régimen que tiene al país al borde del abismo. La gente protesta no solo contra la incapacidad de Maduro para gobernar, sino contra los exabruptos del mandatario para aferrarse al poder. Un Tribunal Supremo de Justicia gobiernista que aprueba un estado de excepción de tinte dictatorial para detener el referendo revocatorio, es una vergüenza nacional. Los magistrados que lo integran no interpretan la constitución. Son un soporte del sistema político, nada más. No defienden los derechos de los ciudadanos.
Desconocer a la Asamblea Nacional, apoyado por el Tribunal Supremo de Justicia, como lo viene haciendo Nicolás Maduro desde que el órgano legislativo quedó con mayoría opositora, es un paso en falso que le va a costar caro al sucesor de Hugo Chávez. Intentar una ruptura constitucional a fin de acabar con el modelo republicano es abrir las puertas para que el descontento ciudadano se exprese en las calles. Lo grave de esto es la posibilidad de que, ante la represión de las fuerzas gubernamentales, las manifestaciones degeneren en problemas de orden público. Los venezolanos están saliendo a las calles a protestar porque están cansados de aguantar el desabastecimiento, los continuos cortes de energía, la falta de medicamentos y la inseguridad.
Un país con una inflación del 180 por ciento, donde el salario no alcanza ni siquiera para adquirir los productos de la canasta familiar, agobiado por la caída de los precios del petróleo, es un país inviable. Si a esto se suma el desespero de un mandatario por sostenerse en el poder, sin atender las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional; el descontento de un pueblo con un grupo de dirigentes que llegaron al poder buscando solo el enriquecimiento; la debilidad del aparato productivo ante la falta de materias primas y la escasa inversión extranjera como consecuencia del miedo a la expropiación, se tiene a una Venezuela que puede estallar cuando menos se piense. Los venezolanos están perdiendo la paciencia y, por ende, el miedo a salir a la calle a protestar.
El choque de poderes que se está dando desde que se instaló la Asamblea Nacional no conduce a la mejora de la situación interna del país. Mientras el Presidente de la República cuente con un Tribunal Supremo de Justicia arrodillado, que aprueba cualquier medida tomada así viole la constitución, no es posible el entendimiento para enderezar el rumbo que ha tomado la patria de Bolívar. El decreto de estado de excepción divulgado por Nicolás Maduro, donde prácticamente llama a la ciudadanía a armarse para defender el régimen, contradice el estado de derecho al otorgarle al mandatario poderes para gobernar de manera totalitaria, sin el menor respeto hacia los derechos humanos. Además, quitarle a la Asamblea Nacional el control político es un exabrupto.
El ambiente de tensión social que se está viviendo en Venezuela es expresión del inconformismo con un régimen que, utilizando su poder, acalla cualquier manifestación en su contra. No contento con limitar la libertad de expresión al asfixiar económicamente a los medios de comunicación que no le son afectos, el gobierno de Maduro saca a las calles a la fuerza pública para impedir la protesta ciudadana. Pero es más grande la voluntad del pueblo, que con la elección de la nueva Asamblea Nacional manifestó la necesidad de buscar un cambio en el manejo del Estado. Lo que logra el régimen con sus medidas represivas es que el descontento se haga más fuerte cada día. En el mundo, ningún gobierno ha sido capaz de sostenerse contra la voluntad del pueblo. Recuérdese a Sarajevo.
Maduro ha dicho que la nueva Asamblea Nacional tiene sus días contados. Que un mandatario se atreva a asegurar este tipo de cosas es sintomático del poco respeto que le inspiran las instituciones democráticas. Si bien cuenta con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia para no acatar sus decisiones, existen otras instancias para hacerle respetar los actos que allí surgen. La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. A ese tratado deben recurrir los países democráticos de América Latina para frenar los excesos dictatoriales de Nicolás Maduro. Propiciar la renuncia del dictador debe ser un propósito de los gobiernos latinoamericanos. Solo así podría evitarse que, al desatarse una crisis humanitaria, Venezuela caiga en el abismo.
José Miguel Alzate