A pesar de que hace cuatro años la Corte Constitucional le ordenó al Distrito incluir a la población recicladora en un nuevo modelo de aseo, la Procuraduría encontró que en ese proceso, pese a pequeños avances, persisten graves inconsistencias.
En el informe de seguimiento número 16 que esta delegada le envió a la Corte Constitucional, el Ministerio Público advierte un riesgo especial para el sistema de reciclaje de la capital.
El documento, que corresponde al primero emitido bajo la nueva Administración de Bogotá, llama la atención sobre irregularidades persistentes en tres aspectos fundamentales: la afiliación de personas en el Registro Único de Recicladores de Oficio (Ruro), el pesaje del material reciclado y la remuneración que se paga por dicho material.
El documento describe que el Ruro cuenta hoy con 21.460 personas inscritas, de las cuales 14.049 permanecen activas, 7.248 están suspendidas y 1.294 inscripciones no han sido respondidas.
El Ministerio Público señala que aunque se estimó que desde el primer trimestre del 2015 debían cerrarse las inscripciones al Ruro, ya ha tenido 3 prórrogas.
Además, hoy sigue sin depurarse la lista de recicladores en la que aparecen guardias de seguridad, mensajeros, personas vinculadas al magisterio y hasta aspirantes que encabezaron listas de Juntas Administradoras Locales que aparecen afiliados al régimen contributivo de salud.
Por eso, el órgano de control establece que el censo elaborado tanto por esta administración como por la anterior “no es confiable” y que las irregularidades en la identificación de estos trabajadores ponen en evidencia fallas sustanciales en la inscripción, que debería considerar únicamente a recicladores de oficio que ostenten condiciones de vulnerabilidad.
“A la fecha no se ha identificado plenamente al grupo destinatario de las acciones afirmativas, generando un fuerte impacto sobre los recursos a los que acceden dichos recicladores”, advierte la procuradora delegada para la Función Pública, Fanny González.
Sobre el pesaje y la remuneración económica, la Procuraduría señala que en el informe presentado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) se encuentran inconsistencias, como que más de 100 personas registraron un pesaje superior a las 33 toneladas permitidas por bimestre.
También existen registros duplicados, varios recicladores multipesaron su material en más de ocho bodegas para recibir un mayor beneficio, y se encontraron pagos dobles y pagos a personas homónimas, como lo denunció EL TIEMPO en septiembre del 2015.
En una detallada revisión para la que se tomaron como ejemplo un trimestre del año 2014 y otro del 2015, el Ministerio Público encontró que un total de 101.270 toneladas de reciclaje que no estaban debidamente soportadas fueron pagadas.
La Procuraduría indica que pese a que han transcurrido cuatro años, siguen existiendo innumerables barreras para hacer efectiva la orden de la Corte Constitucional. Y pone énfasis en los parques de reciclaje, los cuales por falta de terrenos adecuados o de recursos para su adaptación, siguen sin construirse.
“Esta meta tendrá que ser replanteada o eliminada, con la idea de hacer los ajustes propios exigidos por el Decreto 596 de 2016”, sugiere el Ministerio Público, en razón de que de los seis parques planeados, ninguno ha sido construido.
Piden plazo de seis meses para definir esquema de aseo
Aunque la Corte había determinado que a partir del primero de enero de este año y en el curso de los primeros seis meses del 2016, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía de Bogotá (Uaesp) debía “regularizar el servicio de aseo conforme a los esquemas permitidos (régimen de libre competencia pura o simple, o el modelo de áreas de servicio exclusivo)”, dicha unidad pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio la ampliación del plazo por seis meses más.
La Procuraduría señaló que el informe entregado por la Uaesp dice que la administración distrital anterior “no realizó los estudios de soporte que permitieran cumplir con la obligación de adecuar el sistema de recolección de basuras, razón por la cual, en aras de cumplir con lo anterior, la actual Administración suscribió el contrato 32 de 2016 con el fin de tener una asesoría en la elaboración de dichos estudios, que permitan determinar la opción de prestación que se adapte a las necesidades de la ciudad”.
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