La ley que busca evitar que 6.000 detenidos queden libres

La ley que busca evitar que 6.000 detenidos queden libres

Senador Motoa dice que Fiscalía y justicia no estaban listas para entrada en vigencia de Ley 617.

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24 de mayo 2016 , 08:35 p. m.

El próximo 6 de julio unos 11.000 detenidos podrán solicitar su libertad de acuerdo con la Ley 1760 de 2015, la cual racionaliza la detención preventiva en el país.

Así lo señaló el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, ponente en Senado del proyecto de ley que busca extender el plazo de la entrada en vigencia de esa norma para otros 6.000 sindicados, los cuales se quedarían en prisión por cuenta de esta prórroga. Esto ya había sido advertido por EL TIEMPO en varias ocasiones.

La iniciativa ya fue aprobada por las comisiones primeras de Senado y Cámara y solamente le falta el debate y la votación en las plenarias de esas corporaciones, los cuales deben darse antes del 20 de junio para evitar esa excarcelación masiva.

¿Cuáles son las cifras de los que saldrían en libertad y los que no, con la prórroga de la Ley 1760 de 2015?

La última cifra que dio la Fiscalía el lunes fue de entre 14.000 y 17.000 sindicados por diferentes delitos. Hay un grupo de unos 6.000 detenidos que se evitaría su salida de las cárceles si se aprueba este proyecto de ley.

¿Estos 6.000 detenidos son sindicados de qué delitos?

Hay un grupo de cerca de 30 delitos entre los que están terrorismo, homicidio agravado, apoderamiento de aeronaves y secuestro extorsivo, entre otros. Otro grupo es el de los casos de corrupción como peculado o prevaricato. Hay un tercero que tiene que ver con delitos sexuales, y uno más con las investigaciones contra miembros de las bandas criminales. Los sindicados por estos delitos no podrían salir de prisión si se termina de aprobar este proyecto de ley antes del 20 de junio.

¿Y qué pasaría con los otros 11.000 sindicados?

Estas personas están sindicadas por otros delitos y si a partir del 6 de julio están detenidos, con medida de aseguramiento de detención preventiva, y cumplen un año en esa situación, su defensa puede pedir la libertad inmediata.

¿Este otorgamiento de la libertad cobijaría a personas sindicadas por cuáles delitos?

Secuestro simple, homicidio simple, hurtos y lesiones personales, entre otros.

¿Se podría evitar la salida de ellos?

Si se quisiera se podría aplazar la vigencia de la norma en todos los casos, pero también hay un tema de garantías procesales y plazos razonables que establece la Corte Constitucional y acuerdos internacionales que ha suscrito Colombia.

¿De quién es la culpa de que no se haya podido cumplir con este plazo para las excarcelaciones?

El proyecto que se presentó el año pasado y cuya entrada en vigencia estamos aplazando se presentó con el criterio del deber ser y cumpliendo la sentencia 390 de la Corte Constitucional, en la que se establecieron unas ciertas pautas para que el Congreso asumiera cuáles son los límites a la detención preventiva. La Fiscalía y la justicia no estaban preparadas para resolver en un año de vigencia de la norma estos casos que se podrían presentar y ahí se generó la situación.

¿Por qué hay tanto desorden con las cifras sobre quiénes podrían obtener su libertad, como lo denunciaron varios congresistas?

Creo que falta una autoridad o un órgano que concentre todas las cifras porque de verdad existen diferentes datos. El Inpec habla de quienes están privados de la libertad, y la Fiscalía de quienes han solicitado la medida de aseguramiento, pero no coinciden porque hay también detenciones domiciliarias que han otorgado los jueces de control de garantías que también son privativas de la libertad.

'No hubo articulación en la ley'

La senadora liberal y exfiscal Viviane Morales criticó que se tenga que acudir al Congreso para ampliar el plazo de la entrada en vigencia de la racionalización de la detención preventiva, y culpó a la Fiscalía General, al Gobierno y a la Judicatura de esta situación.

¿Cuál es la crítica que usted ha hecho a este proyecto de ley?

Que no hemos resuelto el hacinamiento carcelario, ni se les están dando las garantías de libertad ni de presunción de inocencia a esos sindicados que no han sido declarados culpables.

¿Por qué usted dice que la culpa de que el Congreso tenga que aplazar la entrada en vigencia de la Ley 1760 es de la Fiscalía General y del Gobierno?

Del Gobierno, de la Fiscalía y del Consejo Superior de la Judicatura. No hubo articulación entre ellos, todos son responsables.

¿Cómo se subsanaría esto para que no tenga que haber más prórrogas?

Les advertimos que dentro de un año no vayan a venir de nuevo al Congreso a que se prorrogue este plazo.
Pedimos los datos de los detenidos que están en esa situación, de las audiencias que tienen pendientes y de cómo se coordinan Fiscalía y jueces para llevar a cabo esas audiencias. En el proyecto de ley presenté un artículo exigiendo que cada tres meses se dé ese informe al Congreso.

EL TIEMPO

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