Electricaribe, gobiernos y usuarios, en la raíz de crisis del servicio

Electricaribe, gobiernos y usuarios, en la raíz de crisis del servicio

Algunos habitantes impiden obras que acabarían el fraude porque tendrían que pagar por el servicio.

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24 de mayo 2016 , 07:00 p.m.

En medio del ambiente hostil que se respira entre la empresa Electricaribe y los usuarios del servicio en los siete departamentos de la Costa Atlántica por los problemas en el suministro de energía eléctrica, buena parte de los recursos destinados para normalizar las redes en barrios subnormales y para expandir la infraestructura están quietos, sin generar beneficio a las comunidades.

En diciembre, en un informe de actuación especial, la Contraloría General de la República advirtió que de un total de 404.453 millones de pesos destinados por el Ministerio de Minas y Energía a esta empresa para estos propósitos, en el 2008 y entre el 2011 y el 2014, se habían dejado de ejecutar 93.043 millones de pesos.

Hoy, al sumarle los recursos por 56.984 millones de pesos que fueron asignados el año pasado a empresas de otras regiones del país (hubo enfrentamiento entre Electricaribe y dicho ministerio), algunas con mercados más pequeños y sin la experiencia requerida, la cifra de la plata que la Costa tiene sin ejecutar para mejorar la calidad del servicio asciende a los 150.027 millones de pesos. (Lea también: Electricaribe no termina de cumplir compromisos en la Costa)

Esta situación llevó, según conoció EL TIEMPO, a que el organismo de control y vigilancia trasladara la investigación al propio Ministerio de Minas y Energía, con el fin de determinar las causas de la falta de seguimiento a los proyectos aprobados a través del llamado Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas.

Monitoreo en duda

Una fuente enterada de este proceso señaló que, así como ocurrió con el proyecto de la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), se busca establecer si la labor de la entidad se limitó simplemente al giro de los recursos, en lugar de hacer un proceso integral que incluyera un monitoreo permanente a la ejecución de los mismos.

La decisión de involucrar a quienes en ese ministerio son los responsables de estos proyectos se tomó también porque, tras el informe de la Contraloría a estos dos fondos, muchos procesos están en fase precontractual o contractual y, un año y medio después o dos años y medio después, hasta ahora se están levantando los pliegos para la licitación y/o se están haciendo replanteamientos en los planos de ingeniería, entre otros.

Se trata de velar porque estos fondos, cuyos recursos son aportados por todos los usuarios del país cada mes en sus facturas, cumplan su función, toda vez que el Prone fue creado, principalmente, para normalizar las redes de la región caribe.

Durante el año pasado, según el documento del organismo de control, se evidenció que la totalidad de los 17.835 millones de pesos girados del Prone en el 2014 a Electricaribe (de un total aprobado por 35.671 millones de pesos) no se había ejecutado. (Además: Barranquilla, la ciudad con líos de agua y luz)

Lo mismo ocurrió con los 12.233 millones de pesos que la empresa recibió de los recursos del Faer de ese año, de un monto aprobado por 12.233 millones de pesos. “No se encuentran motivos para que no hayan sido ejecutados”, dijo una fuente.

Según Electricaribe, en este caso la adjudicación fue en diciembre de ese año y, tras hacer los trámites administrativos y la contratación de las firmas a cargo, ya se avanza en las obras.

Pero la empresa reconoce que para los proyectos del Faer del 2014 se está dialogando con las firmas que recibieron las adjudicaciones, las cuales manifestaron que los presupuestos asignados se afectaron por el alza del dólar.

Incluso, el Ministerio de Minas y Energía confirmó que tiene en su poder recursos de proyectos correspondientes a las vigencias 2012 y 2013 por la suma de 25.611 millones de pesos, que le ha entregado a Electricaribe por el incumplimiento de las condiciones que fueron pactadas para efectuar los pagos en cada uno de los contratos.

Polémico cambio

Adicionalmente, la Contraloría General de la República decidió seguirle la pista a la adjudicación de los recursos de los proyectos del año 2015, cuyo monto alcanza a llegar a los 56.984 millones de pesos, de acuerdo con las actas de aprobación de los comités, a contratistas diferentes a Electricaribe, que operan en regiones más pequeñas y no conocen este mercado ni sus grandes complejidades sociales (pobreza, corrupción y conexiones fraudulentas, principalmente).

Otras fuentes del Gobierno, enteradas del caso, señalaron que la compañía, controlada por la firma española Gas Natural Fenosa (cuyos directivos tuvieron reuniones la semana pasada sobre el tema con el ministro Germán Arce), ha argumentado que fue presionada para ceder esos proyectos. (Lea también: Llega comisión de Superservicios a revisar apagones en Barranquilla)

No obstante, en una comunicación enviada en diciembre del año pasado a Rogerio Ramírez Reyes, director de Energía Eléctrica del Ministerio y a José García Sanleandro, gerente general de Electricaribe, manifestó que la empresa renunciaba a los nuevos contratos, pero con el compromiso del Ministerio de Minas y Energía de que los administrara y los ejecutara respetando los diseños presentados por la empresa y aprobados por el mismo ministerio.

Lo anterior, de acuerdo con la misiva, porque la empresa mantenía sus reservas frente a las minutas de los contratos, especialmente en relación con el tratamiento de las obligaciones en materia predial que está a cargo de las entidades territoriales, toda vez que el esquema de ejecución planteado no le permitiría asumir, de manera cierta, obligaciones con los terceros ejecutores o con los interventores.

Pero a la Contraloría General sí le llama la atención en algunos casos la capacidad técnica y operativa que puedan tener empresas como Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) y la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), para llevar a cabo estas obras en la Costa Atlántica.

En estos proyectos, los cuales deben ser necesariamente de redes blindadas contra el fraude, la preocupación no es el tema constructivo, sino la experiencia para intervenir una zona socialmente difícil. “En Dispac no hay capacidad técnica, ni capacidad de ingeniería, ni capacidad de integración social”, dijo un experto consultado.

Rechazo a tener que pagar

En el trasfondo de la ejecución de los proyectos para mejorar las redes eléctricas en la región caribe está la renuencia, cada vez mayor, de las comunidades de barrios subnormales a que las obras entren en operación, porque al tener sistemas blindados antifraude, deben comenzar a pagar por el servicio, para lo cual reciben subsidios del Gobierno.

La Contraloría determinó que, por ejemplo, en los proyectos Prone GSC-97-2008, que costaron 19.359 millones de pesos para beneficiar a 10.704 usuarios, las obras estaban finalizadas pero la comunidad no permitió la energización de la infraestructura eléctrica, por lo cual los recursos no están cumpliendo su objetivo, debido a “deficiencias en la estructuración de las políticas relacionadas con esta clase de proyectos y se corre el riesgo de que estas infraestructuras sean objeto de vandalismo, como consecuencia de la falta de uso”. (Además: Los fraudes y otros lastres que golpean a Electricaribe)

Por su parte, el Ministerio de Minas dijo que no solo Electricaribe, sino demás operadores, pueden enfrentar problemas de orden público o la oposición de la comunidad a la medición electrónica y centralizada, pero aun así deben continuar y cumplir la ejecución de los proyectos.

Las cifras más recientes muestran que los usuarios de las zonas especiales y complejas de tratar le deben a Electricaribe 697.000 millones de pesos, de los cuales las zonas subnormales representan 401.599 millones de pesos.
Y en los departamentos, hoy la cartera total está en 75.413 millones de pesos, donde Atlántico debe el 43 por ciento,

La Guajira el 16 por ciento, Cesar el 11 por ciento, Córdoba el 10 por ciento, Bolívar el 8 por ciento, Magdalena el 8 por ciento y Sucre el 4 por ciento. Se trata de consumos en establecimientos públicos, en los que no se puede cortar el servicio, porque hay bienes y servicios protegidos por la Constitución.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
En Twitter: @omarahu

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