No hay mejor defensa que un buen ataque. Esta parece la premisa de los abogados de Colombia. El Gobierno se apresta a señalar a Nicaragua de amenazar la vida de los colombianos del Caribe. La acusación no hará más que agravar el diferendo limítrofe en detrimento de los intereses nacionales.
“¿De qué forma se debe interpretar el Pacto de San José cuando existe el riesgo de que la construcción y el uso de nuevas grandes obras de infraestructura afecten de forma grave el medioambiente en la región del Gran Caribe y, en consecuencia, el hábitat humano esencial para el pleno goce de los derechos de los habitantes de las costas y/o islas de un Estado del Pacto?”, le preguntó el Gobierno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una solicitud de opinión consultiva. La pregunta está dirigida a obtener artillería contra el proyecto de construcción del canal nicaragüense.
Sorprende esta maniobra jurídica en el ámbito regional cuando proviene de un Gobierno que se ha declarado en rebeldía ante el derecho internacional. Colombia insistió, primero, en una fórmula sin fundamento legal –“se acata pero no se aplica”–. Luego, en rechazo a la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), anunció su ausencia de los estrados de La Haya.
El país enfrenta hoy dos demandas de Nicaragua en La Haya. El vecino pretende el reconocimiento de la plataforma continental extendida, así como la declaración de desacato del fallo de noviembre del 2012, que obliga a la entrega de una porción sustancial de mar. El equipo nicaragüense, sobra decirlo, se siente cómodo en La Haya.
Uno podría pensar que el Gobierno está reconsiderando su posición y alista motores para presentar el alegato en La Haya. Se equivocaría. El Gobierno se sostiene.
Al fin y al cabo, acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene lógica desde Colombia. Una opinión favorable desde Costa Rica, aun de carácter no vinculante, serviría para fortalecer la argumentación en La Haya y hasta podría suministrar el contenido de una contrademanda. Están aquí presentes los elementos de una estrategia jurídica bien pensada que entró en colisión con una decisión política equivocada.
Una Colombia ausente en La Haya no podrá exponer una defensa, ni tampoco interponer una contra-demanda. Solo lograremos que el agente nicaragüense ante la CIJ se regocije al anotar cómo Bogotá reconoce la autoridad de un tribunal mientras desconoce la de otro.
Es más, el equipo colombiano preparó una demanda ante la CIDH contra Nicaragua, con los mismos argumentos que se esgrimieron en la solicitud de la opinión consultiva.
¿Por qué no? La vía jurídica en la resolución de controversias constituye una alternativa tan legítima para Colombia como para Nicaragua. No estaría de más abrir un frente contra Nicaragua en un foro que Colombia conoce más. Pero este camino solo resulta legítimo para un Estado que le apuesta al derecho internacional. El Gobierno, consciente de sus contradicciones, lo descartó. Por no presentarnos ante una Corte, se perdió la oportunidad de defender los intereses de los colombianos con contundencia en otra.
Así las cosas, la opinión de la CIDH no servirá para la defensa en La Haya. Nos dejará con los costos de la pregunta y sin los beneficios de la respuesta. No es de poca monta el intento de detener la iniciativa más ambiciosa de un país vecino.
Si Colombia se opone a resolver la controversia limítrofe en un tribunal, deberá obrar en consecuencia, abandonar los recursos jurídicos y avanzar mediante el diálogo político. El capítulo CIDH no ayuda.
Laura Gil
