Al menos 50.000 firmas válidas es lo que espera recolectar el Comité promotor de la consulta popular contra la minería en Quindío que fue inscrito la semana pasada en la Registraduría de Armenia.
“Vimos con preocupación que ninguno de los mandatarios se comprometió a convocar a la consulta”, afirmó Jhon Jairo Salinas, coordinador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) en Quindío, organización que lidera esta iniciativa.
Salinas le envió una carta hace más de un mes al gobernador del Quindío, Carlos Osorio, pidiéndole que convocara a una consulta popular. Sin embargo, el mandatario en reiteradas ocasiones ha manifestado que “para qué vamos a consultar una cosa que ya sabemos”.
El viernes pese a que varios alcaldes del departamento, el gobernador y los tres representantes a la Cámara por el Quindío participaron en la firma del pacto en contra de la minería en el III Encuentro de responsabilidad social con el territorio que se realizó en el valle de Cocora, los mandatarios nuevamente dijeron que no convocarían a la consulta popular.
El alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, dijo que debe ser la comunidad la que haga esta convocatoria. “Consultando con los jurídicos debe liderarla es la comunidad, la Mesa Ciudadana ha sido pionera con esto pero obviamente trabajaremos con ellos”.
Aunque el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia, manifestó inicialmente que convocaría a una consulta popular, ahora analiza si la convoca él o lo hace la comunidad “para no vernos inmersos en sanciones”, dijo.
Por esto, varios integrantes de Redepaz tomaron la iniciativa. César Alonso Arias, vocero del comité promotor, dijo que hace unos años tenían que esperar a que el mandatario convocara, ahora con la ley 1757 de 2015 “decidimos constituir este comité para que podamos llamar a la comunidad y que ella decida si en el departamento se hace o no la explotación mineroenergética”.
En las próximas semanas, la Registraduría entregará los formatos para comenzar con la recolección de firmas y, luego, las validará para saber si convoca o no a las urnas.
Sin embargo, para el abogado Felipe Robledo, quien está apoyando el proceso de la consulta popular en Córdoba, “si la convocatoria se deja en manos de la ciudadanía, lo más seguro es que no prospere porque ¿de dónde se van a sacar (recursos) para movilizar a las personas el día de las votaciones?”.
Según Néstor Daniel García, excandidato a la gobernación del Quindío y docente, quien también hace parte del comité, explicó que trabajarán con base en la experiencia de la exsenadora y exconcejal de Bogotá Gilma Jimenez en la recolección de firmas para el referendo de prisión perpetua para violadores de menores.
“Vamos a permitir que la gente entre a una página web, descargue el formulario, recoja las firmas y nos las envíe. Así funciona, no hay que tener mucho dinero, solo una mínima de logística”.
ARMENIA