La Superintendencia de Sociedades acaba de entregarle a la Fiscalía un revelador informe sobre cómo varias de las empresas que tenían millonarios contratos con la Universidad Autónoma del Caribe eran empresas de papel creadas por la cuestionada exrectora Silvia Beatriz Gette Ponce.
El modelo es casi calcado del que usaron EPS como Saludcoop para desviar plata de la salud: contratar, a precios muy por encima del mercado, todo tipo de servicios con firmas que en realidad respondían a intereses de Gette. Por tratarse de una universidad, sus activos no podían ser usufructuados por ningún particular, sino que debían reinvertirse en el mismo centro educativo.
El informe, que está en poder de la Fiscalía y del Ministerio de Educación, advierte que a través de esos contratos se desviaron más de 30.000 millones de pesos de plata de la educación en operaciones no relacionadas con la actividad universitaria. De lejos, el negocio más cuestionado fue el que se firmó con el Instituto de Lenguas del Caribe E. U., que, según los expedientes, empezó a facturarle a la Autónoma sin siquiera tener una sede.
Los cursos de idiomas, cuyo valor era incluido en las matrículas de los estudiantes, se terminaron dictando en la misma sede de la universidad. Después de trece años de contrato, el instituto tiene ahora una sede de ocho pisos que vale más de 8.000 millones de pesos y cuya propietaria es la firma Gette Ponce S. A. S. (Además: Superintendencia de Sociedades investiga empresas de Silvia Gette)
En un solo año, el 2013, la universidad pagó por el suministro de libros de inglés 962 millones de pesos. Pero cuando los auditores de la universidad fueron a averiguar con la editorial, se encontraron con que el valor de los libros fue de 618 millones. Por la sola intermediación, Gette se quedó con 345 millones de pesos.
En total, los negocios entre la Autónoma y el Instituto de Lenguas valieron casi 20.000 millones de pesos, y la actual administración de la universidad y la Fiscalía consideran que el grueso de los recursos del contratista provenían en realidad del contratante.
Otra firma que contrató con la universidad fue la Academia de Formación Técnica y Artística del Caribe E. U. También era de la firma Gette Ponce, su representante legal era la misma del instituto, y además funcionaba en la misma sede. Le cobró a la universidad 2.500 millones de pesos, solo en el 2013, por concepto de servicios educativos.
La Superintendencia envió oficios al Ministerio de Educación “respecto de la utilización de la Universidad Autónoma del Caribe para la realización de operaciones no relacionadas con la actividad educativa y, así mismo, la celebración de un sinnúmero de contratos entre las empresas controladas por la señora Silvia Beatriz Gette Ponce y el centro educativo”. (Lea además: Acusan a Silvia Gette del delito de abuso de confianza calificado)
En el caso de los desvíos de la plata de la educación, que es uno de tres que enfrenta (uno ya tiene condena en primera instancia), Gette acaba de ser beneficiada con el beneficio de casa por cárcel.
Esto, a pesar de que Fiscalía y Uniautónoma sostienen que varios de los testigos en su contra, algunos de los cuales trabajaron para ella, están siendo objeto de presiones indebidas. La Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio contra la exrectora.
Pensión millonaria
Otro de los negocios que enredan a Gette es la polémica compra del equipo Uniautónoma Fútbol Club, que en principio se llamó Atlético de la Sabana y costó 1.400 millones de pesos, plata que, según los investigadores, salió de las matriculas pagadas por los estudiantes.
Aunque esto no tenía nada que ver con la actividad académica, Gette terminó como dueña del 51 por ciento de las acciones del equipo. La nueva administración de la Autónoma logró demostrar que la exrectora no tenía ningún derecho sobre el equipo ni podía esperar utilidades de ese negocio porque la plata provino de la universidad. El pasado 6 de mayo, el Tribunal Superior de Barranquilla puso fin a ese litigio y las acciones quedaron en manos del centro educativo, que ya las vendió para invertirlas en su negocio.
Gette también perdió la pelea por quedarse con una megapensión de 100 millones de pesos mensuales que reclamaba como beneficiaria de su esposo, el fallecido fundador de la universidad, Mario Ceballos Araújo.
El exdirectivo recibía un reconocimiento mensual (no pensión) de 16 millones de pesos, por su labor de más de 30 años en la universidad. Cuando él murió, la entonces rectora logró disparar esa plata y hacerla ver como una pensión que tenía derecho a heredar. La cobró durante cinco años, hasta que la nueva administración se opuso a seguir pagando. (Además: Las dudas sobre la casa por cárcel de Silvia Gette)
Los 100 millones eran adicionales a su sueldo mensual como rectora y presidenta del Consejo Directivo, que era de otros 45 millones de pesos. Sus cuatro hijos recibían mesadas de 10 millones cada uno. Todos esos recursos salían de la universidad.
Gette, según el estudio de un equipo de auditores externos contratados por la universidad, también se autorizó el pago de gastos personales, como el impuesto predial de sus propiedades. Incluso, de la Autónoma salían las cuotas de membresía de dos de los mejores clubes de Barranquilla.
JUSTICIA
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