En el 2015, 21.626 personas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual en Colombia, casi el doble de las que se reportaron en el 2013 (11.293). En el 2014 se registraron 12.563 denuncias.
Estas cifras de la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper) son alarmantes, pero también lo es el hecho de que, en promedio, el 70 por ciento de las víctimas que denuncian cada año son menores de edad y el 97 por ciento de los casos quedan en la total impunidad.
Estos datos hacen parte del informe que, en el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, que se conmemora el 25 de mayo, presentará Fenalper para llamar la atención sobre el crecimiento exponencial de víctimas de este delito y las barreras de acceso a la justicia. (Lea también: El silencio, cómplice del acoso sexual en las universidades del país)
El documento resalta que el 86 por ciento de las víctimas son mujeres: esto significa que, en promedio, cada media hora se presenta un acto sexual violento contra una mujer.
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca son los departamentos con más denuncias en el 2015. Y Páez (Cauca), con 500 casos; Piedecuesta (Santander), con 270, y Apartadó (Antioquia), con 100, son, a su vez, los municipios con los niveles más altos de violencia sexual.
Algunos de los testimonios recopilados por Fenalper hacen énfasis en las barreras administrativas, físicas y procedimentales que enfrentan quienes deciden denunciar a sus victimarios. “La justicia para nosotras las mujeres víctimas es nula, los fiscales no están en sus despachos y los procesos no prosperan”, se lee en el documento.
Los personeros que participaron en la construcción del informe coincidieron en que la gran mayoría de los procesos no superan la fase de la indagación, debido a que “al carecer de pruebas y evidencia física que les permita formular una imputación, los fiscales se abstienen de hacerlo”.
Las investigaciones penales también afrontan barreras administrativas, logísticas y de infraestructura que terminan casi siempre con el archivo de los procesos y la absolución de los presuntos responsables por falta de pruebas.
Falta de capacitación
Fenalper también pone en evidencia la falta de sensibilización de los funcionarios que atienden y orientan a las víctimas, y la desarticulación de las instituciones que deben garantizar la ruta de atención.
Y señala que las mismas autoridades, por ejemplo, las comisarías de familia, revictimizan a las mujeres, al encargarles que entreguen la citación a la audiencia de conciliación a sus agresores de manera personal y obligándolas a conciliar con ellos. “En este tipo de situaciones se está desconociendo, por parte de los funcionarios de las comisarías, el derecho de la mujer víctima de violencia a decidir voluntariamente si puede ser confrontada con su agresor”, dice el informe.
Las barreras económicas, sociales y culturales son otro impedimento, pues muchas veces no tienen recursos para los gastos administrativos de las demandas. Fenalper concluye invitando a fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y a una justicia más asequible.