Los pescadores del Parque Tayrona, afiliados a la Asociación Distrital de Pescadores Artesanales de Santa Marta Nueva Fuerza, afirman que la sentencia de la Corte Constitucional, que tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, la vida, a la seguridad alimentaria, a la participación, al trabajo y a la dignidad humana de este gremio, no garantiza que ellos puedan ejercer la pesca de subsistencia dentro del área protegida.
“Al prohibirse la pesca artesanal en cumplimiento del Código Nacional de los Recursos Naturales, a pesar de que se fundamenta en una norma legal vigente, sin tenerse en cuenta que existe la pesca de producción de subsistencia en el Parque Nacional Natural Tayrona, es una providencia que deja sin futuro económico y social a aproximadamente 600 pescadores que generan 1.200 trabajos adicionales y de los cuales dependen para su sustento diario 9.000 samarios”, dijo Alcides Bolaño Pérez, representante legal de Nueva Fuerza, a través de un comunicado.
La propuesta de los pescadores, quienes se reunieron el pasado 13 de mayo en Neguanje, para socializar la sentencia T606 de 2015, es realizar un manejo colaborativo con base en la pesca responsable en las ensenadas que no estén consideradas hábitat críticos.
La Corte ordenó la construcción de mesas de trabajo para lograr la compensación de los pescadores, en las cuales debían participar entes del Estado y diversas asociaciones de pescadores.
Estas entidades, bajo la coordinación de la Gobernación, debían diseñar en el término 60 días contados a partir de la notificación de la providencia un plan de compensación que garantice a los pescadores la satisfacción de sus derechos fundamentales al trabajo. Mientras se diseñaba y ejecutaba el plan, la Gobernación debía brindarles apoyo alimenticio y económico.
En febrero pasado se realizó la segunda mesa de trabajo y se dio plazo hasta el 26 de ese mes para entregar los listados y documentos de los pescadores o asociaciones, pero hasta la fecha el Estado no ha cumplido.
Santa Marta.