Durante 12 años, entre 1994 y el 2006, los paramilitares del bloque Mineros de las Autodefensas ejercieron en el bajo Cauca antioqueño y el sur del departamento de Córdoba una política de acciones criminales contra las mujeres, que fueron sometidas a torturas, asesinatos, esclavitud sexual y prostitución.
Ese ataque sistemático contra las mujeres que estaban en la zona de influencia del grupo paramilitar es solo un capítulo de las graves acciones contra la población civil que documentó el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín en la condena contra cuatro comandantes y dos patrulleros desmovilizados de ese grupo, liderado por Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, a los que se responsabiliza de 1.988 delitos.
Vanoy Murillo, extraditado a Estados Unidos, ya cumple allí una pena de 24 años de cárcel por narcotráfico.
Los paramilitares, dice el fallo, reclutaban a las niñas desde los 12 años. Las sometían a tener relaciones sexuales con comandantes y patrulleros, y si llegaban a quedar embarazadas, debían abortar.
Las niñas vírgenes le eran entregadas al comandante Ramiro Vanoy. “La virginidad de las mujeres era un bien con el que se trataron de hacer manifestaciones de lealtad, esperando protección y manutención”, dijo un paramilitar.
Las mujeres eran obligadas a trabajar en bares, a prostituirse y entregar el dinero producido a los paramilitares. Les enviaban notas tipo panfleto, con tratos soeces, amenazas y torturas. En algunos casos, los ‘paras’ asesinaron a los novios o esposos para quedarse con las mujeres. También debían realizar bailes, desnudos forzados, consumir droga e ingerir alcohol.
Uno de los casos documentados es el de una joven a quien sacó de una discoteca Alexánder Bustos, alias W, comandante del frente Barro Blanco. El paramilitar la invitó a salir con él y como ella se negó, envió a dos de sus hombres para que la intimidaran y la llevaran ante él. Desde ese día ella fue sometida a esclavitud sexual.
Alias Puma afirmó que pagaban entre 2 y 3 millones de pesos por una niña virgen, y en muchas ocasiones las amigas las llevaban o en otras eran tomadas a la fuerza.
En el expediente judicial aparecen los asesinatos de 2.336 personas, entre ellas 849 mujeres, y consta que en el bloque Mineros había orden de asesinar a las mujeres promotoras de salud, las señaladas de infidelidad, a quienes padecían una discapacidad mental o portaban VIH.
Las mujeres debían acudir, cada tres meses, a controles y exámenes de VIH en una farmacia conocida como La Chiqui. Quienes estaban infectadas eran víctimas de estigmatización y luego asesinadas. Otras eran castigadas recluyéndolas en calabozos, y luego desplazadas forzadamente.
La violencia sexual ha quedado en la impunidad y ha sido poco denunciada. A la Fiscalía General de la Nación se documentaron cerca de 7.000 víctimas de hechos de violencia y solo 26 casos de abuso sexual. Aunque supuestamente la orden era no violar a ninguna mujer o se enfrentaban a pena de muerte, los ‘paras’ no se arriesgaban a perder a un hombre ‘importante’ en el Bloque y la norma solo aplicaba si era alguien que no significaba mayores resultados.
En el 2001, con la toma de la Caucana, corregimiento de Tarazá, municipio del departamento de Antioquia, varias mujeres dedicadas al trabajo sexual desaparecieron por desconfianza a que brindaran información sobre los comandantes y los campamentos paramilitares.
Tortura con electricidad
Luis Adrián Palacios Londoño, alias Diomedes, confesó que siempre utilizaban, como forma de tortura, los cables eléctricos puestos en los dedos o en las manos de las víctimas. En una ocasión le fueron puestos a una mujer en los senos, hasta que murió.
A otra mujer, de 20 años, asesinada en Tarazá, le mutilaron los senos, le arrancaron el cabello y luego la arrojaron desde un segundo piso.
“Fui retenida por esta gente armada. En horas de la noche llegó un sujeto paramilitar conocido con el alias de Cobra. Me sacó de la casa; yo estaba en pijama, porque estaba acostada durmiendo; este sujeto me llevó hasta el parque. Cuatro hombres me tiraron al piso y me violaron”, contó una de las víctimas de violencia sexual, a quien además le asesinaron a su mamá.
También se acondicionaron espacios a manera de calabozos, a los cuales se llevaban a las mujeres castigo. Eran golpeadas, manoseadas y torturadas con agua fría. Hasta asesinarlas y desaparecerlas.
Un testigo narró que entre el 7 y 10 de agosto de 2002, en la vereda El Socorro, en el municipio de Ituango, violaron a varias mujeres. “Le echaron en la piel un polvo blanco que sacaron de unas caletas para ver si quemaba. Sacaron una crema de una caja, untaban una aguja y con eso le chuzaban en las uñas a la muchacha, a la mamá y al hermanito”, dijo.
Los paramilitares también llegaron a la casa de otra joven de 16 años, con seis meses de embarazo, amarraron a su papá y a ella la violaron entre varios hombres. A otra mujer con seis meses de embarazo le abrieron el abdomen, le sacaron el bebé y la dejaron en una vía pública.
En la sentencia de 1.733 páginas contra el Bloque Mineros, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le pide a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba, la Policía y el Ejército Nacional deberán adelantar actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados a los hombres y a las mujeres con ocasión del accionar y el despliegue paramilitar en sus territorios.
JUSTICIA
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