El director de la CAR, Néstor Franco, le explicó a EL TIEMPO los hallazgos y las posibles sanciones, que van hasta la demolición de las obras.
¿Cuántos procesos hay en curso?
Cuatro sancionatorios, que datan del 2015, y otros nuevos. En los primeros, los dueños no han acreditado plenamente el licenciamiento urbanístico de rigor ni los permisos para intervenir en la zona de reserva.
¿A qué sanciones se exponen?
Una por infracción a la norma urbanística, que evalúa el Distrito, y otra por daño ambiental, que evalúa la CAR. La sanción depende del impacto ambiental. Según la Ley 373 de 2009, van desde multas hasta la demolición y restauración de la zona. Si hay delitos ambientales, entra la Fiscalía.
¿Por qué dejaron avanzar tanto las obras?
Hubo oposición de los dueños a que ingresáramos. Pero durante un año hemos recaudado evidencia y ahora con la visita hay más certeza.
Algunos dueños dicen que no son obras nuevas, sino mejoras a edificios que datan de hace 20 años, cuando no había reserva...
Somos respetuosos de sus argumentos. Las llamadas preexistencias son edificaciones anteriores a la declaratoria. Pero algunas se destruyeron y construyeron palacetes sobre esas ruinas y en plena reserva forestal.
¿Los dueños pueden apelar ante los tribunales?
Sí, ante el contencioso. Por eso hemos sido tan rigurosos a la hora de sustentar los procesos. Tenemos suficiente material probatorio.
¿A quiénes indaga?
A El Bambú, de Kaysser; El Pauche, de Cristóbal Pedraza; El Arrayán, de Imaco; El Tuno, de Nube Blanca S.A.S.; Montelodro, de Team Sol S.A.S. y El Sauce, cuyo dueño está por establecerse.
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