Los verdaderos dueños de las mansiones selladas en cerros de Bogotá

Los verdaderos dueños de las mansiones selladas en cerros de Bogotá

Figuran empresaria mencionada en Papeles de Panamá, socios de Trilogía Bar y el 'zar' de las telas.

21 de mayo 2016 , 07:00 p.m.

Piscinas climatizadas, canchas de tenis y microfútbol, chalets para la servidumbre y gigantescas edificaciones y jardines. Eso es lo que se está construyendo en varios lotes, de entre 6.000 y 14.000 metros cuadrados, ubicados en los cerros orientales de Bogotá, en plena zona de reserva forestal.

Arquitectos y hasta jardineros no dejaban entrar a las autoridades a esa zona, alegando que se trata de propiedad privada. Pero, hace 8 días, por petición de la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Tribunal de Cundinamarca autorizó el ingreso. (Además: Estos son los dueños de las casas de lujo que arrasan los cerros)

Tras una inspección, la CAR asegura haber confirmado lo que venía indagando desde hace un año: la existencia de construcciones sin licencia que están ocasionando daño ambiental y que deben ser derrumbadas. De hecho, ya tiene abiertos procesos sancionatorios contra empresas dueñas de algunas mansiones de cuyos propietarios poco se sabe (Lea: Director de la CAR habla sobre las mansiones en los cerros orientales)

Los Papeles de Panamá

EL TIEMPO investigó y encontró entre los dueños de los lotes indagados desde una vieja empresa panameña, amparada con el velo corporativo, hasta los socios de un bar. Además, a una familia de educadores y al excongresista del César Alfonso Mattos.

A ese hallazgo se une el ya revelado por este diario en el que se estableció que la edificación más ostentosa está a nombre de la Comercializadora Kaysser, del polémico ‘zar’ de las telas Jean Feghali Waked.

El colombolibanés, investigado en Panamá por presunto lavado de activos dentro de una causa que ya se archivó, es dueño de El Bambú, lote de 14.000 metros cuadrados, negociado en 6.970 millones de pesos. Sobre Kaysser pesa una controversia legal entorno a las acciones de Feghali, que también es señalado de levantar construcciones sin permiso en Barrancabermeja (Santander). (Lea: Polémico 'zar' de las telas tiene casa ilegal en los cerros)

Otra de las obras indagadas queda en el lote El Arrayán, de 6.970 metros cuadrados. Este pertenece a la filial en Colombia del Grupo de Inversiones Imaco, de Panamá, dedicado a actividades financieras, entre ellas a abrir cuentas bancarias en cualquier parte del mundo. Los socios de la firma, que compró el predio por 2.000 millones de pesos, en febrero de 2015, no figuran en registros.

Pero EL TIEMPO accedió a la escritura de constitución, de 1998, y aparecen los panameños Pablo Javier Espino y Adelina Mercedes Chavarria de Estribi. Dentro del escándalo de los Papeles de Panamá –la filtración de datos de cientos de empresas, algunas de las cuales ocultan capitales en el istmo–, Adelina Chavarria figura como directora de 27.250 compañías. De hecho, la ONG investigativa Connectas la califica como la campeona de las ‘empresas de papel’ vinculadas a la polémica firma Mossack Fonseca.

Para su defensa ante la CAR, la firma contrató al abogado Sebastián Lombana, quien asegura que la construcción de sus clientes data de 1984, antes de que la zona fuera declarada reserva. Y añade que lo que han hecho no son obras nuevas sino mejoras locativas de las que fue enterada la Alcaldía de Chapinero, que en febrero los absolvió de un procedimiento administrativo. Por eso está pidiendo que cese todo procedimiento contra Imaco. (Lea también: Las lujosas casas que a las malas construyen en los cerros orientales)

En similar sentido se han pronunciado ante la CAR Juan Carlos Vélez Panqueva, abogado de Kaysser –que prefirió no dar declaraciones– y Hernando Cediel, abogado de Team Sol S.A.S. Esta última empresa es dueña del predio Monterodro, de 6.934 metros cuadrados, negociado en julio de 2014 por 4.690 millones de pesos.

La firma está ligada a la familia de Luz Lastenia López de Soler, directiva de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI). (Además: El expediente que tiene en jaque al imperio Waked)

Su defensa dice que el lote se compró de buena fe, en el 2014, y que no tenía restricciones. Además, que la estructura que hay data de 20 años y que solo han finalizado acabados y sembrado 500 especies nativas.

Por eso, alegando infracciones al debido proceso y falta de motivación, entre otros argumentos, pidieron el archivo del caso.

La trilogía

Pero todos siguen en firme, porque para expertos de la CAR es claro que sobre las ruinas de las viejas estructuras se levantaron las edificaciones nuevas. Además, que algunas están afectando el curso de la quebrada Los Rosales.

Y dentro de la polémica hay tres casos más que apenas están arrancando. Uno de ellos recae en el predio El Sauce, de 14.000 metros cuadrados. La CAR le dijo a EL TIEMPO que averiguan quién es su dueño. Pero por la matrícula inmobiliaria que suministraron, se estableció que fue comprado en 1987 por el político Alfonso Mattos Barrero.

Mattos le dijo a este diario que lo único que hay en su lote es una casa de un mayordomo que data de hace 20 años, que está esperando qué se resuelve legalmente qué uso se le puede dar al predio y que procederá penalmente contra quienes insisten en vincularlo con obras ilegales.

El otro predio indagado es El Pauche, de 7.680 metros cuadrados, que figura a nombre de Cristóbal Pedraza Pineda. Este, al igual que el de Mattos, tiene restricciones de construcción. Y la lista la cierra El Tuno, del que aparece como dueño Inversiones Nube Blanca S.A.S., cuyo nombre comercial es Trilogía Bar. De hecho, su actividad principal es la de servicio de restaurante, bar y discoteca.

EL TIEMPO intentó, sin suerte, ubicar a sus socios y a Cristóbal Pedraza, dueño de El Pauche. La Fiscalía ya indaga sobre algunos de estos casos para establecer si hay delitos ambientales y la CAR avanza en las indagaciones. Mientras tanto, algunos de los palacetes estarán sellados.

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