Resistencia civil: ¿qué, cómo y cuándo?

Resistencia civil: ¿qué, cómo y cuándo?

En Colombia la resistencia es legítima, pero debe ser racional y cuidadosa del Estado.

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21 de mayo 2016 , 06:39 p.m.

El anuncio del Centro Democrático en el sentido de hacer resistencia civil ha merecido diversas opiniones sobre su viabilidad, legitimidad e implementación.

Políticamente, el término ‘resistencia’ hace alusión a una acción o inacción que se produce para desafiar a otra fuerza política o el poder de un régimen o una decisión particular que este quiera implementar.

Para Santo Tomás, la resistencia se justifica cuando se presentan gobernantes que son o devienen ilegítimos. En su criterio, ese hecho autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza para derrocarlos e instaurar en su lugar un gobierno legítimo. Similar tesis formuló Platón cuando abogó por el derecho del pueblo a defenderse contra la injusticia del tirano. A su turno, Hugo Grocio habló del derecho a la resistencia contra el monarca que violara el pacto social.

La resistencia se incluyó en la declaración de derechos francesa de 1789, que en su artículo 2 señala como derecho natural e imprescriptible del hombre el de la resistencia a la opresión, constituyéndose en parte esencial de los presupuestos de la organización política contemporánea, que es democrática y que incorpora por definición la defensa y garantía de los derechos humanos.

En el caso colombiano, el motivo que origina esta postura es, en principio, pero no se limita a ello, los acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Esa resistencia puede tener diversas formas y manifestaciones. Dependiendo de los métodos utilizados, será violenta o pacífica. La primera recurre a la violencia armada y normalmente a una lógica militar para lograr sus propósitos en poco tiempo, y puede conducir a una revolución. Por su parte, la pacífica, no violenta, o pasiva, de acuerdo con la categorización de Gene Sharp, presenta diferentes formas de acción: la primera es la persuasión o protesta, en la que caben los discursos, los entierros simbólicos o vigilias; la segunda se da a través de formas de no cooperación política económica y social, como podría ser no entrar a los debates en el Congreso para no contribuir al quorum, las huelgas, boicots, la desobediencia civil , la presión sobre funcionarios o el hostigamiento a políticos; y la tercera está cobijada por formas de intervención directas no violentas, entre las que caben la huelga de hambre, la obstrucción a las autoridades, juicios públicos a estas y también la desobediencia civil, entre otras.

Son varios los ejemplos que pueden ilustrar el uso de esta resistencia pacífica en alguna de sus formas: Gandhi en 1913, contra las fuerzas colonialistas inglesas; M. Luther King en 1960, luchando por los derechos civiles; Irlanda del Norte (1967-1972), Filipinas (1980), el apartheid en Sudáfrica, las movilizaciones contra Pinochet en Chile, las protestas de Tiananmén en China (1989), los movimientos pacíficos de Europa del Este (1989), o las campañas contra la dominación serbia en Kosovo.

En Colombia su uso es legítimo, pero debe ser racional y cuidadoso del Estado y sus instituciones. Así lo estableció la Corte Constitucional al señalar que la desobediencia civil como forma del derecho a la resistencia (sentencia T-571/08) no justifica el incumplimiento de las normas, “sino una forma excepcional de protesta que presupone aceptar los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr su adecuada implementación”. Apelando a Rawls, este tribunal indica que el ejercicio de la resistencia comporta la no violencia y la pretensión de exaltar principios constitucionales establecidos, es decir que si se acude a manifestaciones ilegales, debe, en todo caso, respetarse la regla democrática de las mayorías.

CLAUDIA DANGOND-GIBSONE
@cdangond

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