Una solicitud de la embajada de Estados Unidos, que el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, calificó de excepcional, llegó a este tribunal hace pocos días pidiendo intervención en el caso de un empresario colombiano que fue capturado en Estados Unidos gracias a una circular de Interpol, por el abuso sexual de un menor en Colombia, en el 2005.
El hombre que fue condenado a 75 meses (6 años) de prisión solicitó en noviembre pasado, a través de su abogado, la prescripción del caso que se dio en marzo pasado por orden de un juez.
Se trata de Leopoldo Hernández Andrade quien en el año 2008 fue condenado por el abuso sexual del hijo de su pareja. Sin embargo, el hombre nunca fue capturado y se radicó desde entonces en Estados Unidos.
Ahora, las autoridades de ese país no saben qué hacer, pues luego de la captura y cuando darían inicio al proceso de extradición a Colombia encontraron que el caso de Hernández había prescrito un mes antes de la captura. Por eso la embajada norteamericana solicitó a la Judicatura revisar por qué se tomó esa decisión cuando se trataba de un delito grave.
Por eso, el magistrado Ovidio Claros le ordenó a la Judicatura que realice una investigación en tiempo récord para evaluar el comportamiento del juez.
“No tenemos certeza de las actuaciones del funcionario judicial. Lo que nos corresponde es ordenar a la jurisdicción nuestra que investigue para enviar una respuesta a Estados Unidos”, indicó Claros.
Abogados consultados por EL TIEMPO señalaron que la prescripción del caso pudo darse porque, según la jurisprudencia colombiana, una persona condenada puede sustentar ese recurso cuando ya ha pasado el tiempo de la condena; siempre y cuando no sea inferior a cinco años.
En la misiva, la embajada de los Estados Unidos pidió garantizar justicia y que no haya impunidad en este proceso.
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