Cuando escuchamos al expresidente Álvaro Uribe llamar a la resistencia civil contra los acuerdos de La Habana, nos lo imaginamos con su bancada del Congreso, con el procurador Ordóñez y con muchos de sus radicales líderes acompañando a los indígenas y campesinos a levantar barricadas, enfrentar a la fuerza pública, tomarse calles y plazas en el marco de un decisivo paro nacional. Lo vislumbrábamos acompañando a los estudiantes en enfrentamientos con los uniformados y hasta liderando la creación de algún grupo armado (tal vez involucrando a lo que queda del paramilitarismo), para fortalecer la confrontación social y política contra el régimen.
Creíamos también que de pronto se trataba de acoger los postulados de la no violencia de Gandhi, las enseñanzas de Martin Luther King o de aplicar para Colombia el legado de Mandela.
Pero parece que no hay tal, pues pocas horas después el honorable senador aclaró que la resistencia civil contra la paz consistía en organizar marchas por todo el país, recoger firmas, hacer convocatorias públicas de diverso orden y concretar la ausencia de su bancada en las principales discusiones y votaciones del Congreso de la República. Es decir, seguir haciendo lo de siempre, con la diferencia de que su bancada parlamentaria seguirá cobrando honorarios sin trabajar, y todo indicaría que en vez de “convivir” estarían en primera línea de “batalla” todos aquellos seguidores que no se preocupan por entender lo que quiso decir el Jefe, pues él piensa por todos ellos.
Todo este embeleco solo podría obedecer a varias razones: la primera, que el uribismo conocía previamente los recientes avances en las negociaciones y quería tomarles la delantera al Gobierno y a las Farc para de nuevo airear una apreciación tergiversada de los acuerdos; la segunda razón es que, en la medida en que avancen dichas negociones y la comunidad internacional las apoye, este sector de extrema derecha perderá terreno político con su fijación de mantener la guerra, y se tendrá que preparar para ver a una parte de sus líderes desfilando ante el tribunal especial de justicia transicional para rendir cuentas de su responsabilidad en los hechos inherentes a la guerra cometidos con su apoyo, amén de la financiación de grupos ilegales.
La tercera razón es que la firma del inminente acuerdo empezará a cambiar el péndulo de la opinión pública nacional y aumentará la confianza ciudadana en el proceso de paz, perspectiva que les molesta.
Llama la atención su pretensión de que la opinión pública les crea que la ausencia de la bancada en las discusiones fundamentales de proyectos de ley es parte de la resistencia civil. Es decir, en términos de esa forma de lucha, es en el Congreso de la República donde mayor experiencia se acumula, porque suelen retirarse de las plenarias y comisiones.
Conocido el acuerdo que permite blindar con seguridad jurídica el proceso de paz, se logra entender el verdadero sentido de esa resistencia civil, que a fin de cuentas parece una guerra que se libra con escopetas de palo y gatillo de cabuya. Pobres tigres de papel.
Jaime Fajardo Landaeta
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@JaimeFajardoLan
