El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa anunció que se incorporarán nuevos elementos al proyecto de ley que inicia su trámite este lunes en las Comisiones primeras de Senado y Cámara para ampliar la vigencia de una ley que tramitó el Gobierno, en la que se dispuso de un plazo de un año, que vence a finales de junio, para que los jueces determinen la suerte jurídica de cerca de 25.000 presos que se encuentran en detención preventiva.
Si la Ley 1760, que tiene mensaje de urgencia en el Congreso, no se tramita en esta legislatura, casi 11.000 detenidos podrían obtener su libertad en menos de tres meses, sin importar la gravedad de sus delitos. (Además: Ausentismo pone en jaque tres proyectos claves para la justicia)
Entre los nuevos elementos que se incorporarán se encuentra una normatividad para frenar la excarcelación de los autores de delitos sexuales. Se busca que este tipo de delitos tengan un plazo de medida de aseguramiento o detención preventiva de un año y que sea prorrogado por otro más, pero que su vigencia inicie a partir de 2017.
Según expresó Motoa se busca aplicar esto con los delitos sexuales “por la complejidad del asunto, porque involucra diferentes temas de investigación, porque cuando la víctima es una niña o niño, la etapa de investigación y juzgamiento requiere de un mayor análisis por parte de los operadores judiciales”.
De aprobarse esta normatividad, las personas acusadas de sexuales no tendrán ninguna posibilidad de quedar en libertad “en aproximadamente en tres años si así lo considera el juez de garantías”, explicó el senador.
Motoa aseguró, además, que en el proyecto de ley que inicia su trámite este lunes se establece que las prácticas dilatorias también las puede evaluar el juez de control de garantías en la etapa de investigación, lo que significa que si el abogado de los acusados incurre en estas prácticas para dilatar el proceso de manera inapropiada, el juez podrá sumar ese tiempo para contabilizarlo dentro del máximo de la medida de aseguramiento. (También: Miles de sindicados de graves delitos podrían quedar libres)
“Sería tenido en cuenta el número de días, semanas o meses que ese procesado intentó de manera injustificada dilatar el proceso, eso se permite en la etapa de juzgamiento, pero nosotros queremos incluirlo en la etapa de investigación”, puntualizó el congresista.
¿Quiénes podrían obtener la libertad?
Hoy hay al menos 25.000 detenidos que cumplen la condición de un año o más sin sentencia, la mayoría de ellos por delitos como hurto y temas de drogas. Y de ese grupo hay 4.837 que llevan más de tres años, y 6.137, más de dos.
Entre los que alistan maletas para lograr el beneficio está el cuestionado empresario Víctor Maldonado, quien fue capturado en España hace un año y extraditado en noviembre. Está acusado por el millonario desfalco del Fondo Premium en el caso Interbolsa. (Lea además: Estos son algunos de los que quedarían libres por ley de excarcelación)
También podrían salir el excontralor Miguel Ángel Moralesrrussi y el abogado Álvaro Dávila, procesados por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá; los exjefes de la DNE Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, señalados como ‘cerebros’ del saqueo de bienes decomisados a la mafia; y hasta el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, preso por homicidio y nexos con ‘paras’.
También podrían aplicar muchos de los procesados por los ‘falsos positivos’ y jefes de organizaciones de microtráfico. También, varios policías del caso del grafitero Diego Felipe Becerra.
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