Por condenas, 6.459 'exparas' reintegrados no pueden trabajar

Por condenas, 6.459 'exparas' reintegrados no pueden trabajar

Aunque ley del 2010 les concedió la libertad, mantuvo inhabilidades para contratar con el Estado.

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19 de mayo 2016 , 09:33 p. m.

En el 2006, Juan Chaves se desmovilizó del Bloque Central Bolívar. Dos años después, con ayuda del Estado, consiguió un trabajo en el sector público. Con su salario, y con mucho esfuerzo, logró convertirse en abogado y consiguió una especialización en proceso penal.

Chaves, quien trabaja en la alcaldía de Medellín, recibió hace un par de semanas una llamada de la Fiscalía en la que le informaban que por haber pertenecido a las Auc tiene un proceso vigente por concierto para delinquir por el que será condenado e inhabilitado, lo que implica que se quedará sin trabajo.

Como Chaves, hay otros 29.747 exparamilitares rasos que, a pesar de que dejaron las armas hace más de una década, y participaron del proceso que lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), podrían recibir sentencias.

Aunque las condenas no implican cárcel, sí traen inhabilidades que van desde los 3 hasta los 8 años y, en algunos casos, los jueces han decidido ordenarles el pago de multas de hasta 1.500 millones de pesos. (Lea también: 'Gobierno está buscando reformas legales' en caso de exparamilitares)

Del total de exparamilitares en reintegración, ya hay 16.446 con procesos vigentes, de los cuales 6.459 ya tienen condenas. Esto, a pesar de que muchos se hicieron abogados, ingenieros y administradores, y de que cumplieron con sus compromisos de contribución a la verdad y la resocialización ante el Gobierno.

Esas sentencias impiden que puedan ser contratados en el sector público y les están generando antecedentes judiciales por los que, en el sector privado, les cierran las puertas para darles un empleo o renovarles los contratos. Por eso, aunque la ACR ha conseguido convenios con 650 reconocidas empresas privadas que hoy tienen vinculados a 8.000 excombatientes, muchos de ellos podrían perder sus trabajos cuando salgan los fallos.

Estos excombatientes se acogieron a la ley 1424 del 2010 que se tramitó en el Congreso en tiempo récord para evitar que todos los ex-Auc desmovilizados se fueran presos. Esto, porque la Corte Suprema había establecido que no podían ser juzgados por sedición (delito político), y la Corte Constitucional dijo que no se les podía reconocer un principio de oportunidad.

Así, la ley 1424 buscó darles beneficios jurídicos a quienes tenían cargos rasos y eran responsables de delitos como concierto para delinquir, uso ilegal de uniformes militares, uso ilícito de equipos transmisores o receptores, o porte ilegal de armas de fuego. Aunque la norma estableció que quienes cumplieran con el proceso de reintegración y no volvieran a delinquir tendrían el beneficio de la libertad, no tuvo en cuenta que cuando salieran las condenas estas vendrían con inhabilidades y antecedentes penales.

El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, aseguró que esta situación es un verdadero “obstáculo para la paz”, por lo que el Gobierno está tramitando reformas legales y constitucionales que permitan aclarar que las inhabilidades no se aplican para estos desmovilizados reintegrados.

Otras fuentes del Gobierno dicen que aunque ningún caso ha llegado a la Corte Suprema, también podría ser ese tribunal el que establezca una jurisprudencia en la que resuelva el limbo jurídico.

¿Y la reintegración?

Expertos aseguran que esta situación no afecta a los guerrilleros de las Farc ni del Eln, pues la ley por la que dejan las armas les permite que en su contra no haya ninguna condena y les concede amnistías e indultos.

Por el contrario, según funcionarios que han trabajado con desmovilizados, las inhabilidades de los exparamilitares podrían ser una bomba de tiempo que terminaría afectando el esfuerzo y el dinero que el Estado ha invertido en la reintegración de los ex-Auc, proceso por el que, según la Fundación Ideas para la Paz, el 76 % de excombatientes se ha mantenido en la legalidad.

Nancy Shirley Avella, líder de desmovilizados en Casanare, afirma que ante esta problemática los representantes de los desmovilizados de las autodefensas en su departamento, y en el Eje Cafetero, Santander, Puerto Boyacá, Arauca y Bogotá se están organizando para hacerle peticiones formales al Gobierno. Incluso, le entregaron un oficio de 43 páginas al Senado para que los ayude a buscar soluciones.

Uno de los afectados es Carlos Alberto Cano, quien se desmovilizó en el 2005 del Bloque Héroes de Granada y hoy tiene una discapacidad por la que debe desplazarse en una silla de ruedas. Fue reclutado desde muy niño en una comuna de Medellín y, 13 años después de estar en la delincuencia, decidió dejar las armas para vivir de nuevo en la legalidad. Ingresó a la universidad, estudió ingeniería en instrumentación y control, y se especializó en automatización industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Llevaba 8 años como docente del Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación, con un contrato por prestación de servicios, hasta que le contaron que tenía una condena en su contra por la que, además, le salió una multa de 1.000 millones de pesos. “Me siento abandonado. Me capacité, la ACR ha buscado sacarme adelante y ahora ya no tengo ninguna proyección. Estoy seguro de que delinquir no paga y lo entendí después de todo lo que pasé, pero es muy triste que ya no pueda aportarle más a mi país”, asegura Cano.

Las inhabilidades han afectado hasta a los excombatientes que venían trabajando como promotores de paz en la ACR, que ya ha tenido que despedir a 60. “Me desmovilicé del Bloque Norte. Después de reintegrarme terminé el bachillerato, entré a la universidad y en 15 días sustento mi trabajo de grado en administración de empresas. Llevaba dos años trabajando como promotor en la ACR, pero en enero me informaron que no podían renovar mi contrato porque un juez me inhabilitó por tres años”, cuenta Ángel Arévalo Rodríguez, uno de los afectados, quien ahora trabaja como mototaxista, en la informalidad.

Sin noticias de 10.000 desmovilizados

¿Qué pasó con los integrantes de las Farc, el Eln y de las Autodefensas que se desmovilizaron pero que nunca entraron al proceso de reintegración?

Ese es uno de los mayores interrogantes que quedan, después de más de una década de atención a excombatientes.

En 13 años, 59.000 personas de todos los grupos armados han dejado las armas ante el Ministerio de Defensa, pero de ese total hubo 10.000 que no entraron al proceso de reintegración que lidera la ACR. Al menos 5.570 hacían parte de las Autodefensas.

Por no tener registros oficiales de esas personas, las autoridades no saben si están aún vivas, o si se fueron a engrosar las filas de la guerrilla, las bandas criminales o la delincuencia común.

Milena Sarralde Duque.

Periodista de Justicia

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