“Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”, dice la Constitución venezolana de 1999.
Allí quedó instaurado el referendo revocatorio, instrumento afín a la democracia participativa propiciada entonces por el presidente Hugo Chávez. Desde marzo de este año, la oposición comenzó a dar pasos para acudir a esta herramienta ‘chavista’ con el fin de buscar la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro.
En una reciente intervención televisiva, Maduro reconoció el origen chavista del mecanismo que, paradójicamente, lo tiene contra las cuerdas. Pero advirtió que los referendos son “una opción, no una obligación”. Para que ocurran, añadió, se requiere cumplir con requisitos legales. Obvio.
Su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, fue más allá, en términos definitivos: “Aquí no va a haber referéndum (...) porque, primero, lo hicieron tarde; segundo, lo hicieron mal, y tercero, cometieron fraude”.
¡El Ejecutivo dictando sentencia anticipada! Aunque en teoría la palabra final la tienen las autoridades electorales, todo parece indicar que estas, controladas por el Ejecutivo, no le darán luz verde al referendo, o lo harán cuando los tiempos legales para unas nuevas elecciones se extingan y le permitan al partido gubernamental quedarse en la presidencia.
El régimen aprendió del líder. El mismo Chávez, enfrentado a la posibilidad de su revocatoria, hizo todo lo posible por obstruir la ocurrencia del referendo en el 2004. Gracias a las mejoras de los precios del petróleo, retomó las riendas de su popularidad y evitó ser víctima de su propio invento.
Cumplir con los requisitos legales, condición para el referendo, ha dicho Maduro. Pero quien parece estar burlando la Constitución es el Gobierno, con el apoyo de sus aliados en el Consejo Electoral, que han dilatado el proceso una y otra vez. La falta de independencia de las autoridades electorales es tan evidente como la del Tribunal Supremo de Justicia.
En efecto, la “violación del principio de separación de poderes y de la independencia judicial” motivó esta semana la misiva de Human Rights Watch a la OEA en la que se pide aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Sobrevive la Asamblea Nacional como “poder” independiente. Pero seriamente amenazado. “Es cuestión de tiempo para que desaparezca”, señaló Maduro hace pocos días.
Si el referendo fuese mañana, la derrota de Maduro sería aplastante, como lo fue la derrota que recibió su administración en las elecciones legislativas de diciembre del año pasado. Venezuela sufre de una crisis prolongada, causada por pésimas políticas cuyos resultados están a la vista: inflación galopante, escasez de productos, racionamientos eléctricos, extraordinarias tasas de homicidio e inseguridad.
La respuesta reciente de Maduro ha sido decretar una emergencia económica. Y repetir hasta el cansancio que las culpas vienen de afuera, de una especie de conspiración internacional coordinada por el imperio y la burguesía. Un nacionalismo trasnochado, acompañado de denuncias sobre una supuesta campaña mediática contra su gobierno desde España.
“Si yo me lanzo a las elecciones del 26 de junio en España, barro”, dijo Maduro al criticar la “brutal avalancha de ataques” que ha recibido de la prensa española. Donde no parece estar en capacidad de “barrer” electoralmente es hoy en su propio patio.
Si tuviera confianza en sus políticas, no tendría por qué temerle al referendo revocatorio. Y si fuese consecuente con las premisas de la democracia participativa, ya estaría en campaña. La obstrucción del referendo, su criatura constitucional, es el reconocimiento más abierto del fracaso y falsedades del proyecto chavista.
Eduardo Posada Carbó