Los franceses, campeones de la dialéctica y de la semántica impresionista, han hecho aportes singulares al lenguaje del desarrollo económico y social, en especial en lo que atañe a ciertas expresiones que, al hacer carrera, han terminado por ser aceptadas como definiciones de carácter general.
Por ejemplo, cuando se inicia la famosa Guerra Fría, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que consiste en el enfrentamiento entre el capitalismo estadounidense y el socialismo soviético, los franceses aportan el concepto ‘tiers monde’ para hacer notar que hay una gran cantidad de países que tienen economías en alto grado de subdesarrollo y cuyo funcionamiento no califica dentro de las anteriores categorías, con lo cual no solo nace el concepto ‘tercer mundo’ como tipología socioeconómica, sino también una especie de nuevo orden económico para cuya atención surgen organismos internacionales especializados.
En el campo demográfico también aparecieron las tipologías de primera, segunda y tercera edad que han sido asimiladas a cohortes generacionales. En tal sentido, cuando se habla de tercera edad la concepción más común es que se trata de la frontera del trabajo útil a la sociedad que puede aportar el ser humano, a partir de la cual procede el retiro de la actividad productiva y sobre la que se han basado las distintas legislaciones laborales.
Sin embargo, en la medida en que las condiciones de vida y niveles de bienestar de los pueblos se han elevado, las distintas sociedades se han encontrado con el problema práctico de miles de personas que a pesar de estar en plena capacidad de seguir haciendo un aporte productivo a la respectiva economía, deben retirarse porque hay normas que lo obligan a ello o porque identifican oportunidades complementarias y alternativas.
Hace unos veinte años, los franceses hicieron un nuevo avance en la materia al definir, en su plan de desarrollo, la categoría ‘quatrième âge’, entre 65 y 85 años, en el que plantearon un nuevo escenario para esas generaciones altamente competentes en sus campos de acción que quisieran, pese a cumplir las formalidades legales de tiempo de servicio y edad de jubilación, seguir en el servicio público, bien sea por encontrarse a gusto con lo que están haciendo o por eventuales expectativas de mejoramiento. Esto parece haberse extendido como criterio de política al resto de países de la Unión Europea e incluso en los Estados Unidos.
De esas personas activas de la cuarta edad tenemos muchos ejemplos actuales, como el papa Francisco, que a sus 79 años ostenta un liderazgo efectivo y clarividente de la Iglesia católica; los famosos Rolling Stones, todos por encima de los setenta y quienes recientemente nos mostraron su vitalidad y vigencia en su gira por Latinoamérica; los hermanos Castro, que a los 87 y 85 años, respectivamente, siguen al frente de los destinos de Cuba. En Estados Unidos, el nuevo presidente tendrá una edad superior a los 65 años, bien sea Hillary Clinton, con 69; Donald Trump, con 70, o eventualmente Bernie Sanders, con 75. Y al sur del continente está Brasil, que a pesar de su crisis tiene a Dilma y Lula en la frontera de los 70 años y al actual presidente interino, Michel Temer, con 75.
La administración pública colombiana no se caracteriza precisamente por una normatividad que promueva la eficiencia y el profesionalismo, sino por un ambiente de restricciones y prohibiciones orientadas supuestamente a garantizar que unas personas salgan del servicio cuando llegan a un determinado límite de edad.
Existen disfuncionalidades, como el caso que hemos visto, a partir de la reforma constitucional de 1991, en que a los cargos de las altas cortes, Fiscalía y Contraloría, entre otros, se accede en virtud de nominación, bien sea del Presidente de la República o de las cortes, y el Congreso Nacional hace la respectiva elección.
Hemos visto el caso de magistrados muy jóvenes elegidos por ese sistema que nunca han sido jueces ni magistrados de carrera, contrario a lo que se ve en la carrera eclesiástica, en donde un obispo debió comenzar como párroco, o en la militar, en donde un general se inicia como cadete.
Por ejemplo, la edad de retiro forzoso de 65 años se estableció en el artículo 31 del decreto ley 2400 de 1968, es decir, hace casi medio siglo, y se ha mantenido igual en numerosas leyes y reglamentaciones posteriores como si la situación del país fuera la misma.
Cosa diferente vemos en el sector privado, donde el dinamismo se mantiene gracias a la gran experiencia acumulada de sus ejecutivos insignias, cuyo retiro es voluntario. Y a veces se da el caso de algunos, como Maurice Armitage y Rodolfo Hernández, que a los setenta años decidieron cambiar de frente y hacer su aporte gerencial al desarrollo de sus respectivas ciudades, Cali y Bucaramanga.
Amadeo Rodríguez