Al rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, le vienen haciendo llamadas amenazantes hace meses. Esa institución es parte civil en el proceso que se adelanta contra la polémica exrectora Silvia Gette por el desvío de más de 30.000 millones de pesos de la institución, y la Fiscalía dice que las amenazas tienen relación directa con el caso.
No es el único hecho de intimidación en ese proceso. Orieta Martínez Osuna, quien fue por años la asistente personal de Gette Ponce en la rectoría y manejaba algunas de sus cuentas, recibió hace unos meses en su casa de Barranquilla la inesperada visita de un exempleado de la universidad, quien además es el representante legal de una de las sociedades de Gette. (Vea: La lujosa casa por cárcel de Silvia Gette)
El hombre, dijo Martínez en un testimonio juramentado, le preguntó si tenía algún tipo de documento que comprometiera a su jefe y antes de irse le dijo que tuviera en cuenta la seguridad de su padre y que “debía ponerse de acuerdo con ella”.
Por hechos como esos la Fiscalía sostuvo la pelea, y la perdió, en dos instancias judiciales, de que existía riesgo de que Silvia Gette –que paga seis años de condena en su lujoso apartamento de Barranquilla, avaluado en más de 5.000 millones de pesos– interfiriera en su investigación. Gette paga condena por intentar sobornar al jefe paramilitar ‘don Antonio’ en el caso en su contra por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Y ahora dos jueces de Bogotá consideraron que los argumentos de la Fiscalía y la Uniautónoma no eran suficientes para enviarla a prisión preventiva.
“Representa un peligro para la sociedad, y existen pruebas de que podría obstruir a la justicia”, dijo el fiscal en audiencia. (Además: Niegan petición de Fiscalía y Silvia Gette seguirá en casa por cárcel)
Gette no estuvo presente en la última audiencia, pero a otras ha llegado sin ningún tipo de acompañamiento del Inpec y, además, escoltada por hombres de su antiguo equipo de seguridad. Entre algunos de los testigos de cargo, dicen fuentes del proceso, hay temor porque la polémica exdirectiva conserva el poder que la rodeaba cuando estaba al frente de la universidad y cuando, según la investigación, habría cometido los delitos que se le atribuyen.
El lunes, el juez 74 con funciones de control de garantías negó la apelación de revocatoria de casa por cárcel que otorgó la juez 34 de Bogotá. “No nota este funcionario una amenaza por parte de Gette hacia testigos, por lo menos en los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía”, dijo el juez.
Así, es casi un hecho que Silvia Gette afrontará el nuevo juicio en su contra en medio de las privilegiadas condiciones que actualmente la rodean, pese a su condena.
Daniel Largacha Torres, el abogado de la Autónoma, dijo que ante la decisión de la actual administración de impulsar los procesos contra Gette, la presión sobre el rector y contra su padre, que fue uno de los fundadores del centro educativo y aún trabaja allí, han sido intensas. “Le tienen vigilados sus movimientos, la hora a la que llega y la hora a la que sale de la universidad”, aseguró.
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