Después de que un médico con un título 'exprés' -validado por el Ministerio de Educación- le realizara una mamoplastia que le dejó daños irreversibles en su cuerpo, la periodista Lorena Beltrán promueve una campaña con la que busca que las instituciones involucradas tomen medidas contra cirujanos cuestionados. Imagen: @LoreBeltran |
¿En dónde queda el sentido de lo ético de aquellos médicos que incurren en fraude para pasar por especialistas, al amparo de la fragilidad de los procesos de convalidación de títulos que exhiben las autoridades educativas?
Las reiteradas denuncias, que arreciaron en los últimos días, del gremio oficial de cirujanos plásticos y algunos pacientes, que desenmascaran a falsos cirujanos o con entrenamientos insuficientes, han puesto el lente sobre una peligrosa situación.
Movidos por la elevada demanda de especialistas y la falta de oportunidades en el país para prepararlos, no pocos médicos optan por atender la oferta de formación que ofrecen universidades de las naciones vecinas. Muchos, valga decirlo, regresan con títulos que refrendan programas serios y coherentes, que son avalados por los ministerios de Educación y Salud.
Sin embargo, no todo parece ser tan riguroso porque a través de aquellos se han convalidado títulos de universidades inexistentes, especialidades sin los requisitos mínimos y elevado cursos de formación mediocre a categorías superiores. Lo grave, no obstante, es que los beneficiarios de estas irregularidades terminan atendiendo pacientes.
Si bien las alarmas se encendieron por el lado de los cirujanos plásticos, hay indicios de que el fenómeno compromete otras áreas. En ese contexto, los hallazgos son preocupantes y ameritan medidas correctivas urgentes, además de las sanciones respectivas, desde lo jurídico y lo ético.
Aquí las disculpas no caben. El Ministerio de Educación debe revisar exhaustivamente, hacia atrás, las convalidaciones otorgadas y, de paso, blindar sus protocolos con herramientas eficaces de verificación. El Minsalud, por su parte, debe hacer lo propio con los certificados de habilitación institucional que han sido soportados con los currículos de estos médicos ilegítimos, y anularlos de inmediato.
Estas denuncias no se pueden proyectar como el resultado de enfrentamientos gremiales entre especialidades que parecen más interesadas en el mercado que en la calidad de los servicios. Los buenos estándares de la medicina colombiana han sido reconocidos desde siempre en el ámbito regional, y son estos profesionales los llamados a mantenerlos, fundamentados en principios éticos que aquí, al ser médicos los protagonistas de estas irregularidades, parecen flaquear.
La Ley Estatutaria de Salud, impulsada por el cuerpo médico, les devolvió la autonomía profesional que reclamaban por más de dos décadas, y dejó en sus manos la definición y consolidación de preceptos de autorregulación, que el país aún espera. No se compadece que sean las autoridades y este tipo de escándalos los que pongan en evidencia que en esta tarea han sido laxos. Y es que la capacidad e idoneidad de todos los médicos deben ser garantizadas por ellos mismos, a través de procesos periódicos de recertificación que, con honrosas excepciones, hoy no existen y a los que parecen rehuir.
En momentos difíciles como los que enfrenta la salud, la gente espera de sus médicos el liderazgo natural que tradicionalmente los invistió, y que debería alcanzar para prevenir actos ilegítimos de unos pocos que acaban por desdibujarlos a todos.
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