Abecé de la ley para curarle los 'dolores de cabeza' al aguardiente

Abecé de la ley para curarle los 'dolores de cabeza' al aguardiente

Proyecto de ley avanza en el Congreso y busca salvaguardar este licor y a sus productoras.

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18 de mayo 2016 , 05:37 p.m.

Las fábricas de licores del país están a punto de recibir una medicina para un 'dolor de cabeza' que padecen hace varios años: la desigualdad a la hora de pagar impuestos frente a tragos importados.

Este martes en la noche la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley de régimen propio que busca reglamentar el monopolio rentístico de esa industria y, entre otras, salvaguardar el aguardiente como bebida nacional.

Voceros del Ministerio de Hacienda dicen que esta ley estaba en mora de expedirse, incluso desde la Constitución de 1991. De acuerdo con lo planteado y de aprobarse en los debates que comienzan en el Senado, se establecerán nuevas reglas para el monopolio de los licores destilados y se modificarán las tarifas del impuesto al consumo.

En el primer aspecto, se fijarán condiciones de introducción y producción de licores que rijan, por igual, en los departamentos. Actualmente, cada uno las establece independientemente.

El segundo aspecto toca directamente los tributos. Hoy por hoy, las bebidas con más de 35 grados de alcohol pagan $ 502 por grado, y las de menos, $ 306 por grado. En últimas, el impuesto es el mismo para todas las bebidas independiente del precio y, en esa medida, los licores más caros resultan pagando menos.

Bajo ese sistema, por ejemplo, una botella de champaña de $ 600.000 resulta tributando menos del 1 por ciento de su precio final; mientras un aguardiente de $ 28.000 debe entregar el 30 por ciento en impuestos.

Lo aprobado en la Cámara divide el régimen en dos componentes: uno por grados de alcohol ($ 220 por grado para todos los tipos) y otro ‘ad valorem’, equivalente al 25 por ciento de venta del producto. La diferencia será que los licores nacionales podrán descontar de ese porcentaje cinco puntos por gastos de elaboración. Con el proyecto que cursa en el Congreso, entre más caro el trago, más pagará en impuesto al consumo.

La importancia de esta ley radica en que el recaudo de los impuestos al consumo de licores constituye gran parte de los ingresos tributarios de los departamentos y, por ende, el financiamiento de sectores como la salud y la educación.

En el 2014, el recaudo por concepto de impuesto al consumo de aguardiente fue de $ 742.011 millones. Ese año el total de ese tributo representó el 16,2 por ciento de los ingresos totales de los departamentos. Esto según datos de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Justamente, el director de esta entidad, el exministro Amilkar Acosta, destacó que el proyecto de ley no solo aumentará el recaudo de los tributos en 20 por ciento, sino que aliviará otros padecimientos que sufre la industria que produce, entre otros, el colombianísimo aguardiente, que será salvaguardado y se buscará la denominación de origen de bebida nacional.

¿Cómo lo harán? El proyecto contiene un artículo que fija que cualquier departamento que sea productor de aguardiente y tenga licorera oficial puede establecer una salvaguarda por seis años para impedir la entrada de otras marcas a su región cuando haya una situación que ponga en riesgo la producción local (Lea también:Más nudos del proyecto que grava los licores).

Adicionalmente, según explicó el Ministerio de Hacienda a EL TIEMPO, se conceden facultades al Gobierno Nacional para que a través de disposiciones se busque en la Superintendencia de Industria y Comercio una denominación de origen para el aguardiente colombiano, un sello que distingue la calidad y procedencia de ciertos productos.

Otros dolores de cabeza

El proyecto impulsado por el Gobierno busca atacar de raíz varias de las causas que han atentado contra la industria licorera nacional.

De acuerdo con Amilkar Acosta, la mayor amenaza de la industria licorera es el contrabando, pues, explica, “un altísimo porcentaje del licor que se consume en el país llega de manera ilegal”.

En el caso del aguardiente, “se sabe que en Venezuela están fabricando uno de marca Antioqueño con la misma apariencia y envase del producido original”, afirma.

Acosta expone también que otros ´dolores de cabeza´ del mercado del aguardiente y otros licores nacionales son la adulteración y la fabricación clandestina del producto en las grandes ciudades.

En ese sentido, asegura que el proyecto de ley que cursa en el Congreso ofrece “una herramienta importante a los departamentos y es el control no solo del licor, sino del alcohol potable, que es el que termina en la producción de bebidas irregulares”.

Iván Correa Calderón, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, coincide en señalar a la falsificación y el contrabando como los dos problemas más graves de ese sector en la actualidad.

Y si bien ambos delitos le costaron a las regiones del país pérdidas fiscales por 423 millones de dólares en el 2014, un reporte de la firma Fitch Ratings señala que la propia normatividad actual del país favorece estas actividades, pues “el mercado de licores está altamente restringido, afecta la competencia libre e incentiva prácticas ilegales”.

“La reglamentación no está estandarizada para todos los departamentos y no plantea criterios unificados sobre las condiciones de obtención de contratos de producción e introducción ni de distribución. Asimismo, acentúa los intereses particulares sobre los colectivos bajo el establecimiento de barreras de entrada fuertes” a cada región, indica el informe.

En ese círculo vicioso, por supuesto, las empresas licoreras se han reducidio financieramente, al punto de desaparecer. Si en 1990 había 19, hoy solo sobreviven ocho: Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Industria de Licores de Cundinamarca, Industria de Licores de Caldas, Industria de Licores de Cauca, Industria de Licores del Valle e Industria de Licores de Boyacá, así como dos pequeñas, Industria de Licores del Meta e Industria de Licores de Tolima, según recuerda Fich Ratings.

Al proyecto de ley le hacen falta dos votaciones en el Senado. El Gobierno espera que tras superar ese requisito, el nuevo régimen se ponga en marcha el 1 de enero de 2017.

RONNY SUÁREZ
Subeditor ELTIEMPO.COM

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