Mientras hace trámite en el Congreso un proyecto de ley que busca regular la instalación de dispositivos de fotomultas, el número de comparendos que les han impuesto a los dueños de vehículos sorprendidos por las cámaras aumentó un 25 por ciento este año.
Entre enero y abril del 2015, los dispositivos de detección electrónica de infracciones impusieron 420.260 comparendos. Este año, la cifra va en 527.485. En promedio se están imponiendo 4.359 por día. (Vea los pasos del proyecto de ley para regular las fotomultas).
Las estadísticas del Sistema de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (Simit) indican además que la deuda que acumularon los dueños de los vehículos sancionados por fotomultas alcanzó los 164.556 millones de pesos: un 15 por ciento más de la cartera que se acumuló en los primeros cuatro meses del 2015.
También vienen en aumento en algunas ciudades las faltas que detectan los dispositivos. Barranquilla acaba de estrenar nueve cámaras (ya son 37). Cinco de detectarán a quienes se detengan sobre una cebra, y otras cuatro supervisarán a quienes violen el pico y placa. En Medellín, por otro lado, las cámaras ya habían empezado a sancionar a quienes tuvieran con el Soat vencido, o sin la revisión técnico-mecánica al día, desde diciembre.
Los incrementos de los comparendos se dan en medio de los cuestionamientos que han rodeado a estos dispositivos, pues si bien han sido instalados, en parte, para incentivar el respeto a las normas de tránsito, también han crecido las quejas por las llamadas ‘fotomultas tramposas’, ubicadas principalmente en vías nacionales.
(Lea: La fotomulta insólita: de día el límite es 30 km/h y, de noche, 60 km)
Se han denunciado casos donde las cámaras detectan a quien sobrepase límites de velocidad impuestos muy por debajo de los topes máximos permitidos en importantes carreteras, y otras veces hay dispositivos sin señalización suficiente que advierta de ellos, entre otros casos polémicos.
A estas denuncias, que se han realizado desde el Congreso y por conductores en distintos puntos del país, se suman los reclamos de un grupo de nuevos alcaldes que encontraron las cámaras instaladas en sus municipios al empezar sus mandatos, y cuestionaron que las empresas que tienen las concesiones para administrarlas se quedan con la mayoría de los porcentajes del recaudo de los comparendos.
Un informe especial de este diario sobre el tema publicado a inicios de marzo detalla que al municipio de Floridablanca (Santander), por ejemplo, solo llega el 17,7 por ciento de cada multa pagada.
Les quitan espacio
Aunque las infracciones detectadas con fotomultas aumentan, también, en los últimos meses, los mandatarios que se oponen a los sistemas han tomado medidas para intentar recortar el alcance de los acuerdos que hicieron sus predecesores.
(Además: Así se mueve el millonario negocio de las fotomultas en el país)
En Floridablanca, tras el informe de EL TIEMPO, la Alcaldía expidió una resolución en la que restringe la movilización de los carros ‘cazainfractores’, que, con cámaras, recorren el municipio en búsqueda de los conductores que parquean en sitios prohibidos o violan alguna normativa de tránsito.
El alcalde del municipio, Héctor Mantilla, precisó que los vehículos pertenecientes a la firma Infracciones Electrónicas de Floridablanca S.A.S. no podrán transitar por el casco antiguo del pueblo, donde su presencia había ocasionado disminución de hasta el 60 por ciento en las ventas del sector comercial.
En Cali, el alcalde Maurice Armitage fue un paso más allá y mantiene la suspensión a la circulación de seis vehículos de fotomultas móviles que tomaban el registro de los carros mal parqueados. Varios sectores comerciales de la ciudad, como pasó en Floridablanca, venían quejándose de que sus ventas estaban bajando por los operativos de los cazainfractores.
(Lea: Las trampas que hacen con las fotomultas para cazar conductores)
Armitage también aumentó los límites de velocidad, de 60 km/ a 80 km/h, en dos autopistas vigiladas por fotomultas: la Circunvalar y Suroriental.
En Chinchiná (Caldas), un juez ordenó suspender provisionalmente las infracciones que se tomaban desde una camioneta que se parqueaba en la autopista del Café, mientras se evalúa una decisión de fondo sobre la continuidad o no de la concesión que el municipio le entregó a la empresa Construseñales. La compañía apeló la decisión. En la práctica, esto implicaría que no se puede suspender la fotomulta hasta que el Tribunal Administrativo de Caldas se pronuncie. Sin embargo, el alcalde Sergio López expidió una resolución para apoyar la decisión del juez.
También hay quienes se han ido contra el recaudo. En Ciénaga (Magdalena), el Instituto de Tránsito modificó a través de un otrosí el contrato con la Unión Temporal Gestión del Tránsito Seguro, que además del 45 por ciento del recaudo de las fotomultas recibía otro 45 por ciento por el cobro de los comparendos que imponía la Policía. Este último porcentaje, tras la negociación, lo dejó de recibir. (Lea: 'Contraloría podría investigar contratos de fotomultas': Lizcano)
Además, según la Alcaldía, se estudia aumentar el límite de velocidad impuesto (30 km/h en una vía nacional) y hay una negociación para bajarle el monto al porcentaje que recibe el interventor, que se queda con el 7 por ciento de los ingresos que le corresponden al municipio.
Se calienta debate por ‘concepto técnico’
Los senadores autores del proyecto de ley que busca regular la instalación de dispositivos de fotomultas esperan que la iniciativa sea respaldada, en sus dos primeros debates, en la Comisión Sexta –donde ya empezó la discusión–, y ante la plenaria del Senado, antes de acabarse el actual periodo legislativo del Congreso, el próximo 20 de junio.
El senador Mauricio Aguilar, ponente de la iniciativa, explicó que se busca que, antes de la instalación de una cámara de fotomulta, los alcaldes y gobernadores que quieran implementarla tengan un “concepto técnico” favorable que otorgarían autoridades nacionales.
Además, los dispositivos que ya funcionan quedarían suspendidos hasta que gestionen la misma autorización.
La Federación Colombiana de Municipios (FCM), por otro lado, ha calificado el proyecto de “inconveniente” y señala que “vulnera” la autonomía de las entidades territoriales. “No puede el legislador emitir una disposición en contravía de la Constitución estableciendo la manera como los municipios deben manejar los asuntos que se encuentran bajo su jurisdicción, en particular el tema del tránsito”, le dijo la FCM a este diario.
La FCM también argumenta que, entre 2012 y 2015, los comparendos electrónicos impuestos “han evitado cerca de 33.296 accidentes”.
Aguilar respondió que no están violando la autonomía de los municipios “porque no se restringe la implementación de fotomultas o de estos fotodispositivos. Lo que se busca es que su implementación debe tener estudios y criterios técnicos y así acabar con el negocio de los particulares”.
El senador añadió que “la proliferación de cámaras sin estudios técnicos no es sinónimo de la reducción de la accidentalidad, como ha querido argumentarlo la FCM”.
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