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Fallo ataja demandas contra retiros de oficiales en Fuerza Pública

Consejo de Estado determinó que llamar a calificar servicios no es una sanción o trato degradante.

JUSTICIA
Un nuevo fallo del Consejo de Estado sobre el llamado a calificar servicios para integrantes de la Fuerza Pública ‘blinda’ esa facultad del Gobierno, que en los últimos años ha sido objeto de controversias judiciales.
La sentencia va en la misma vía de un reciente fallo de la Corte Constitucional sobre esa medida. El alto tribunal señaló que la decisión de retirar a alguien de las instituciones castrenses no tiene que ampararse en una motivación en particular, toda vez que la motivación está expresa en ley y es la renovación de la planta de personal.
Con ponencia del magistrado Gerardo Arenas, el Consejo de Estado resolvió una demanda interpuesta por el oficial de la Policía Néstor Humberto Romero negándole la pretensión de reintegro y el reconocimiento de los salarios que habría dejado de devengar en el tiempo que, desde el llamado a calificar servicios, lleva por fuera de la institución.
“Esta Corte ha indicado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción o trato degradante, pues es un instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía disfruten de la asignación de retiro sin necesidad de que continúen en el ejercicio de las actividades castrenses”, se lee en el documento.
La determinación del Consejo de Estado y la reciente de la Corte Constitucional cortan, de tajo, las posibilidades de centenares de demandas con las que oficiales de la Policía y las Fuerzas Militares pretendían echar para atrás el llamado a calificar servicios que los sacó de las filas. De hecho, algunos de esos procesos han terminado con órdenes de reintegros y millonarias indemnizaciones.
En promedio, cada año se registran cerca de 200 demandas que buscan reintegros en la Fuerza Pública tras el llamamiento a calificar servicios. La mayoría de casos, señalan fuentes del sector Defensa, se dan contra la Policía.
Las mismas fuentes señalan que en casi 8 de cada diez demandas se obtienen los reintegros, y que las indemnizaciones pagadas por ese concepto cada año están entre los 8.000 millones y los 10.000 millones de pesos.
Con la jurisprudencia sentada, muchos de esos procesos deberían revertirse.
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