Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc, afirmó que el reciente acuerdo para brindar seguridad jurídica a lo pactado en la Habana no le conviene solamente a la guerrilla, sino a todos los actores del conflicto.
“La discusión sobre el acuerdo nació con un sesgo porque apareció como una especie de concesión enorme a las Farc. Lo que se busca con esta fórmula jurídica acordada es brindar garantía de seguridad a lo que se acuerde. La garantía de seguridad es útil para todos, incluso para el Gobierno”, dijo De la Calle.
De esta manera resaltó la importancia de esta ruta, acordada el jueves pasado, frente a un eventual incumplimiento por parte de la guerrilla. Pero también destacó: “No podemos terminar el conflicto si uno no es capaz de decirle a las Farc y a los demás que tienen garantías”. (Lea también: Reconocimiento de Farc a leyes y al Estado 'es un paso trascendental')
Asimismo, reiteró que la tesis sobre ‘el golpe de Estado’ es un mito infundado. El jefe negociador aclaró que lo pactado para brindar seguridad jurídica al acuerdo que se llegue en La Habana de ninguna manera va a entrar directamente a la Constitución, con lo cual desmiente ese argumento.
"No hay incorporación automática… el argumento de ‘golpe de Estado’ es inapropiado, falso y no tiene un milímetro de verdad. Esta medida pasa por el Congreso, es sometida a un control de la Corte Constitucional y además, hay una refrendación popular que no está en duda”, dijo el jefe de la delegación del Gobierno.
“Es muy difícil discutir así”, dijo De la Calle refiriéndose a la tesis del ‘golpe de Estado’ que sostienen críticos del anuncio para asegurar el cumplimiento del Acuerdo Final, como el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez. “Hay mucho odio en la sociedad, discutamos con más calma, con fundamento en la verdad y dejando a un lado los mitos”, añadió. (También: 'El pueblo, el Congreso y la Corte son los que validarán los acuerdos')
En estos momentos, la Corte Constitucional estudia el plebiscito a través del cual los colombianos se pronunciarían sobre el acuerdo definitivo, y que el Gobierno tiene previsto dé luz verde para darle vigencia a las reformas que aseguren lo pactado. El alto tribunal convocó a audiencia pública para el 26 de mayo con el fin de escuchar los argumentos para avalar o no su constitucionalidad.
Y aunque el mecanismo de refrendación ciudadana no está acordado aún en la mesa de conversaciones, De la Calle reiteró también que el pronunciamiento popular sobre lo negociado no está en duda. Además, dijo que las Farc sí creen que debe haber una consulta. “La mayor fuente de legitimidad es que un grueso de colombianos le dé solidez jurídica y política hacía el futuro”, agregó.
Debate sobre el Acuerdo Especial
En su intervención en el “Primer debate sobre los alcances del blindaje a los acuerdos de La Habana”, realizado en la Universidad Externado de Colombia, el jefe de la delegación oficial también explicó el porqué de la importancia de elevar el Acuerdo Final con las Farc a un Acuerdo Especial. (También: La línea de tiempo del proyecto)
“¿Si los acuerdos especiales buscan humanizar la guerra y por lo tanto lograr que cese el sufrimiento de la población, no es el fin del conflicto y un acuerdo de paz el mejor modo de lograr este objetivo?”, De la Calle resaltó así que esa figura del Derecho Internacional es apropiada para legitimar el acuerdo que termine la guerra de más de 50 años en el país.
Ante la presencia del panel de expertos conformado por Martha Lucía Ramírez, excandidata presidencial conservadora; Roy Barreras, senador del partido de 'la U'; Carlos Holmes Trujillo, excomisionado de paz y miembro del Partido Centro Democrático, y Francisco Barbosa, académico, el jefe negociador insistió en que el Acuerdo Final –que se incorporará a la Constitución respetando las instituciones bajo la figura del bloque de constitucionalidad– es una decisión de carácter temporal para que sirva únicamente como parámetro del desarrollo de los acuerdos. (También: Así será la salida de menores de las filas de las Farc)
Para Carlos Holmes no es cierto que todos los acuerdos que se alcancen con la guerrilla puedan llamarse Acuerdo Especial, pues lo negociado con la guerrilla, según él, va más allá de un tema sobre derechos humanos. Además, afirmó que la refrendación popular se debe hacer a través de un referendo y no un plebiscito, como tiene previsto el Gobierno, en el que se apruebe o no cada fragmento de lo acordado.
El senador Barreras, parte de la delegación de paz que ayudó a confeccionar este acuerdo sobre el blindaje jurídico, respondió a esas críticas diciendo: “Si los acuerdos especiales son para humanizar la guerra, la mejor manera de hacerlo es acabarla”. Finalmente, el profesor Barbosa destacó que con este Acuerdo Especial “las Farc también se responsabilizan de su cumplimiento y no solo el Gobierno”.
Por su parte, Martha Lucía Ramírez dijo que sus objeciones no radican en aceptar la tesis del Acuerdo Especial, sino en la legitimidad de la negociación misma. Para ella no se ven reflejados allí los intereses de la sociedad, por ejemplo, en el tema de justicia sobre la restricción de la libertad para los delitos de lesa humanidad.
REDACCIÓN PAZ