Nicolás Maduro blinda el control de la economía y el orden público

Nicolás Maduro blinda el control de la economía y el orden público

Con nuevo decreto, presidente venezolano da a chavistas poderes inéditos y pone límites a protestas.

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16 de mayo 2016 , 10:59 p.m.

Con el nuevo decreto de “estado de excepción y emergencia económica” el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no solo busca disponer y mover partidas presupuestarias y recursos sin aprobación de la Asamblea Nacional (AN), sino permitir a agrupaciones chavistas –además de la Policía o la Fuerza Armada Nacional– actuar en caso de alteraciones del orden público. Esta última medida es inédita en la historia reciente del país.

Aunque acaba de vencerse el decreto de “emergencia económica” promulgado por el Gobierno y que duró 120 días, el mandatario decidió renovarlo esta vez bajo la modalidad de “estado de excepción”, asegurando que Venezuela se encuentra bajo asedio de “agentes económicos que hacen vida en el país auspiciados por intereses extranjeros” que, además de “obstaculizar el acceso oportuno de los venezolanos a bienes y servicios indispensables”, estarían “estableciendo vinculación a actores con intereses políticos de desestabilización de la economía nacional y la institucionalidad del Poder Público”.

A estos elementos el mandatario venezolano añade el gobierno del presidente de EE. UU., Barack Obama, y los embates causados por el fenómeno climático del Niño, además de la estrepitosa caída en los precios del petróleo.

Entre los actores que señala en abierta conspiración contra su gobierno se encuentra la AN, por lo que el decreto enfatiza en la necesidad del Poder Ejecutivo de disponer de los recursos del país y poder hacer contrataciones “sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”.

También libera a la administración pública de hacer licitaciones y le permite contrataciones exprés para “garantizar la salud y la alimentación”.

Además, establece que sus ministros relacionados con la actividad económica no podrán ser objeto de sanciones, lo que contradice expresamente la decisión del parlamento venezolano de aprobar el voto de censura contra el actual ministro de Alimentación y exministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres. Esta decisión implicaba, según la Constitución venezolana, su remoción del cargo.

Apretar la rienda

Pero en el decreto sobresalen dos artículos que poco o nada tienen que ver con reactivar la productividad del país y en cambio abordan las consecuencias del descontento por falta de alimentos y medicinas, cada vez más palpable en saqueos de comercios (en el primer trimestre del 2016 hubo al menos 170 saqueos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) y protestas.

A los recién creados “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (Clap), el presidente Maduro les otorga la potestad de “vigilar y organizar” tanto la cadena de distribución de alimentos y bienes primarios como de –junto a policías, militares y los consejos comunales– “mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país.

El decreto termina dando al mandatario un ‘paraguas’ legal para tomar decisiones más delicadas, pues establece que este podrá “dictar medidas y ejecutar planes de seguridad pública que garanticen el orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país”.

Este apartado complica el panorama político del país por cuanto la oposición ha prometido defender en las calles su iniciativa de exigir un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro.

La molestia con la situación económica del país ha alcanzado este año cotas históricas, según refleja en el último estudio de la empresa Datanálisis, realizado entre los meses de marzo y abril y que señala que el 92,5 por ciento de los venezolanos consideran que la situación del país “mala” o “muy mala”.

De la encuesta nacional, 71 por ciento de los venezolanos señalan al gobierno como el responsable del desabastecimiento y 90,5 por ciento de la población evalúa como “negativo” el desempeño de las fábricas de alimentos tomadas por el gobierno.

“El impacto de estas percepciones sobre la política es directo”, comentó a varios periodistas el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.

“Es evidente que las decisiones en el gobierno –como el decreto de estado de excepción– no se están tomando en términos de popularidad, sino de que le permita la gobernabilidad”.

Teóricamente, el decreto debe ser aprobado dentro de los ocho días que siguen por la Asamblea Nacional, y el Tribunal Supremo debe opinar si lo considera “constitucional” o no. Se espera que, a pesar de la previsible negativa del parlamento, el decreto entre en vigencia con la anuencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @valentinalares

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