Tras la investigación a cinco empresas por acuerdo de precios en el sector de pañales desechables para bebé, la empresa colombiana Tecnoquímicas se perfila como la mayor sancionada y responsable por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la conducta irregular.
La investigación de la Delegatura para la Protección de la Competencia determinó que monitoreaba que los demás cumplieran el acuerdo de precios y sobre una factura de venta ponía un rótulo: ‘No cumplen acuerdo’ o Sí cumplen acuerdo’.
También tiene 700 correos y 30 testimonios que confirman que, desde el 2001, y por lo menos hasta el 2011, Tecnoquímicas, Tecnosur, Productos Familia, Kimberly Colpapel y Drypers Andina pactaron incrementos en precios, descuentos y promociones, y hasta la calidad del producto. (Lea también: 'Necesitamos sanear nuestra economía de carteles empresariales')
Uno de los correos se encontró en las oficinas de Kimberly y, además de probar la existencia del acuerdo, muestra términos desobligantes y lo remite María Ximena Galvis Rincón, para entonces gerente de Mercadeo de Kimberly, a su superior, el gerente general de la compañía (Felipe José Alvira Escovar): “Mira los mails que envía TS (Tecnosur)... yo no escribo nada por mail , ni hablo por teléfono de CKC (Colombiana Kimberly Colpapel), todo lo hago por celular personal, y les digo a ellos que no me escriban, que yo no puedo leer mails de determinadas direcciones, que no me copien..., dicen OK... y mira. ¿Cómo estos mensos pueden vender más que nosotros?”
Lo anterior, debido a que la funcionaria de Kimberly no se explicaba cómo siendo tan ingenuos en Tecnoquímicas para dejar huellas escritas del acuerdo de precios podían facturar más que ellos por la venta de pañales. (También: El negocio de Kimberly al delatar carteles: se salvaría de multas)
La Superintendencia no pide sancionar a Tecnosur porque en los 90, cuando Kimberly entró de socio de Tecnoquímicas en dicha compañía, pedían permiso para la integración, pero señalaban que debía ser aprobada sin restricciones a la competencia porque el nuevo socio no iba a controlar dicha firma y no había cambios en el negocio ni se restringía la competencia.
Luego reconocía que Kimberly no tenía la sartén por el mango. Sin embargo, la investigación determinó que Tecnoquímicas era el que fijaba la política de mercadeo de Tecnosur, y no Kimberly.
Recriminación mutua
Las declaraciones de Tecnoquímicas también muestran que esta le echó la culpa de la operación a Kimberly, y se comprobó que era solo socio pasivo, y en estos casos se castiga al ejecutante del plan de mercadeo.
Drypers Andina es controlada hoy por el grupo chileno CMPC, pero no era el dueño en el momento de las conductas irregulares del acuerdo de precios.
Además, los funcionarios supuestamente responsables ya no estaban en la compañía o las pruebas o indicios eran superiores a cinco años, y los términos habían caducado. (Lea: Los alegatos que son claves contra firmas papeleras)
Sin embargo, el Superintendente delegado para la Competencia recomienda que Kimberly sea exonerada de pagar la multa, pues fue el primer colaborador en la investigación, y que Familia solo responda por el 50 por ciento, pues lo hizo después.
Además, sugiere multar a 16 funcionarios de Kimberly, Familia y Tecnoquímicas por su participación; en el caso en que el superintendente Pablo Felipe Robledo y el consejo asesor de competencia acepten la recomendación, podrían ser multadas cada una con 1.379 millones de pesos, es decir, 22.064 millones de pesos en total.
Así las cosas, como se pide exonerar a Kimberly (dueña de la marca Huggies) de la multa y a Familia (Pequeñín) en el 50 por ciento, esta pagaría 34.472 millones de pesos, que, sumados a los 68.945 millones de pesos que recaerían sobre Tecnoquímicas, darían un total de 125.481 millones. Esta firma es dueña de la marca Winny. (También: Pruebas contra Kimberly, Carvajal y Scribe por 'cartel de cuadernos')
Un mes para rebatir el informe
El documento del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la SIC agrega que, basada en las pruebas recolectadas, “correrá traslado por 20 días hábiles a todos los investigados a fin de que presenten sus observaciones en ejercicio del derecho de defensa”. (Además: La verdad acerca del precio de los pañales en Colombia)
Por su lado, Productos Familia “aportó documentos que corroboraron los aspectos acreditados con las pruebas suministradas por Kimberly y que gestionó la comparecencia de funcionarios de la compañía que reconocieron su participación en el acuerdo”. Sin embargo, agrega, la colaboración no fue plena porque “afirmó que su participación en el convenio terminó a principios del 2011 y que nunca se ejecutó”; aseveraciones que resultaron desmentidas con el material probatorio recaudado.
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