El reto de borrar las heridas a los niños después de la guerra

El reto de borrar las heridas a los niños después de la guerra

Unos 5.700 menores han sido atendidos por el Estado.Alistan nuevo protocolo tras anuncio en Cuba.

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16 de mayo 2016 , 02:41 p.m.

Este domingo en La Habana, las comisiones negociadoras del Gobierno y las Farc anunciaron un acuerdo para que los menores de edad salgan de las filas de la guerrilla antes de que se firme un acuerdo final del proceso de paz. Todo está sujeto a un protocolo que deberá ser establecido por una mesa técnica, y verificado, entre otras, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El anuncio, de entrada, cambia la forma en la que el Estado atiende a los niños que son víctimas del reclutamiento forzado, labor que actualmente está a cargos de tres entidades: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Víctimas y la Agencia Colombiana para la Reintegración.

En el programa integral que se planeará en La Habana entrarán “todos los menores de 18 años que han salido o que salgan de los campamentos de las Farc". Hoy por hoy es incierto el número de menores que serían favorecidos. Las Farc han manifestado que en sus filas solo hay 21 menores de 15 años; la Fiscalía General afirma que desde 1975 hasta el 2014 un total de 11.556 niños fueron reclutados por esa guerrilla; mientras cifras del ICBF apuntan a que unos 3.600 niños de las Farc se han desvinculado en los últimos 17 años.

Así es la ruta de atención actual

Los niños pertenecientes a grupos armados ilegales que se entregan voluntariamente o son capturados en medio de operaciones de la Fuerza Pública son considerados víctimas del conflicto y, por tanto, pueden acceder a una ruta de atención que les brinda tanto programas de resocialización como reparaciones económicas que reciben cuando cumplen la mayoría de edad.

En ese proceso, con el actual modelo, participan varias instituciones. En primer lugar están las autoridades civiles o militares que reciben a los menores y que, en las primeras 36 horas, deben garantizar que no sean sometidos a presiones y a presentar la respectiva denuncia por el delito de reclutamiento forzado ante la Fiscalía.

Luego de ese término, los menores son entregados al ICBF, entidad encargada de abrir un proceso administrativo para el restablecimiento de derechos y vincular a la víctima a un plan de acción integral, con atención psicosocial y acceso a salud, educación, formación para un plan de vida y reunificación familiar. Esa primera fase de acogida y estabilización puede durar unos 45 días.

A continuación se integra al proceso la Unidad de Víctimas, que presenta una fase de atención y reparación complementaria, denominada como intervención y proyección, y puede tomar entre uno y cinco años, dependiendo de la edad del joven involucrado.

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, explica que su entidad gestiona los encargos fiduciarios por concepto de reparación que los menores pueden reclamar una vez cumplan 18 años. Cada indemnización es de 30 salarios mínimos legales vigentes para quienes hayan sufrido este flagelo y según datos oficiales a abril pasado se habían pagado 41.319 millones a 2.503 víctimas.

A los jóvenes se les capacita también en planeación para un proyecto de vida dentro de la legalidad. “Si no se les ofrecen nuevas oportunidades vuelven a ser víctimas”, afirmó Gaviria en diálogo con EL TIEMPO.

En los registros de la Unidad de Víctimas aparecen cerca de 9.000 niños desmovilizados que fueron atendidos desde 1985.

En el modelo de atención actual, las víctimas del reclutamiento infantil forzado también están cobijadas después de cumplir la mayoría de edad. De esa fase se encarga la Agencia Colombiana para la Reintegración, que les complementa a las personas que llegan de manera voluntaria la labor de resocialización.

La agencia les ofrece a las víctimas, entre otras, terminar el proceso de alfabetización hasta sexto de bachillerato, estabilización emocional, acompañamiento de profesionales y formación vocacional con el Sena. Todo este apoyo es condicionado al cumplimiento de la ruta de atención, según explica Joshua Mitrotti, director general de la entidad.

En esa etapa los desvinculados de los grupos armados pueden llegar a recibir un apoyo económico mensual de 480.000 pesos en promedio.

Un vistazo al nuevo modelo

Si bien el nuevo modelo de atención para los menores que se desmovilicen de las Farc en el contexto del proceso de paz estará listo en cerca de un mes, este lunes la Defensoría del Pueblo, que encabezará la mesa técnica, recordó que hace ocho meses elaboró y presentó una iniciativa en este sentido con el fin de avanzar en la construcción de la hoja de rutapara propiciar el regreso de los niños, niñas y adolescentes inmersos en el conflicto a la sociedad.

La Defensoría en su momento propuso la elaboración de una base de datos de los menores que forman parte de las Farc, considerando características como la edad y el estado de salud. Así como priorizar en la entrega a quienes se encuentren heridos o en situación de discapacidad, a las niñas y mujeres en embarazo, a los menores de 15 años y luego a todos los y las adolescentes cuyas edades oscilen entre los 16 y los 18 años.

De lo que ha trascendido en La Habana sobre lo acordado en este punto es que se contempla que los menores de edad no serán declarados penalmente responsables y, además, serán objeto de un proceso de resocialización que incluirá programas para la reintegración a la comunidad, un plan de atención en salud, acceso a proyectos productivos y de vivienda digna del Estado y a becas y facilidades de acceso a universidades o instituciones tecnológicas.


RONNY SUÁREZ
Subeditor ELTIEMPO.COM

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