La entrega de raciones de comida a los niños de los colegios de Puerto Gaitán inferiores a las contratadas, el incumplimiento de los pagos a las manipuladoras, la falta de dotación de elementos de seguridad y salubridad al personal así como el transporte de alimentos en un vehículo no adecuado llevaron a la Procuraduría Provincial de Villavicencio a solicitar investigación penal y disciplinaria contra la Unión Temporal Nutrillano 2015.
Así quedó establecido en el fallo disciplinario en el cual la Procuraduría absolvió de los cargos a Henry Alberto Villamarín, exsecretario de Educación del municipio, quien cumplió el papel de supervisor del contrato con la UT Nutrillano, y a Mónica Julliet Morales Lozada, representante legal de la firma interventora.
Si bien en el proceso el Ministerio Público determinó que tanto Villamarín como Morales cumplieron con sus funciones de advertencia sobre las irregularidades que rodeaban la ejecución del contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) por parte de UT Nutrillano, la Procuraduría halló méritos para que la Fiscalía y la Contraloría investiguen al contratista.
Según el expediente, la representante legal de UT Nutrillanos es identificada como Gertrudis Cárdenas Cortés.
Tanto el supervisor como la interventoría hicieron más de 60 llamados de atención al contratista para que cumpliera lo pactado en el contrato, avaluado en más de 600 millones de pesos, destinado a la alimentación de los niños de los colegios del municipio, incluida la zona rural.
El campanazo de alerta lo hizo sonar la comunidad de la vereda Cristalina, ante las continuas falencias en el cumplimiento del contrato por parte del operador.
No solo las raciones eran pequeñas sino que además los alimentos en bodega no estaban bien almacenados. La UT tampoco cumplía con las citaciones ante rectores, profesores ni padres de familia.
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS