Colombia y el derecho internacional

Colombia y el derecho internacional

El país quedó excluido de todos los instrumentos de jurisdicción obligatoria de controversias.

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15 de mayo 2016 , 09:55 p.m.

De unos años para acá, Colombia viene apartándose de la vocación que tenía por el derecho internacional. Empezando por la práctica de nombrar para la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores a internacionalistas reconocidos o personas familiarizadas con nuestra política exterior. Hoy pasa lo contrario. Su nombramiento obedece a cuotas políticas o compromisos de amistad, sin cumplir ninguno de los dos requisitos mencionados.

Por otro lado, a Colombia se la consideraba uno de los pioneros del derecho internacional americano y el particular del asilo diplomático, el arbitraje y el sistema de solución pacífica de controversias. Entre otras razones, porque fue Alberto Lleras Camargo quien, como delegado de Colombia en la Conferencia de Chapultepec de 1945, no solo contribuyó a estructurar la división tripartita de los tratados del Sistema Americano (OEA, Tiar y Tasp), sino que propuso el concepto de la legítima defensa colectiva; y en la Conferencia de San Francisco, del mismo año, sugirió la norma ‘Pacta sunt servanda’ o cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales, consagrada hoy en la Carta de las Naciones Unidas.

Ahora en Colombia sucede todo lo contrario. Hay un desprecio sistemático de las normas, doctrinas y tratados internacionales que pueden ser útiles en la defensa del país. Ejemplo reciente es el de la ‘doctrina Gaviria’ de declarar a San Andrés y Providencia como archipiélago de Estado, rechazado reiteradamente por la Cancillería; y por otro lado, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Tasp) de 1948, en cuya formulación nuestro país tuvo un papel definitivo.

Entre otros asuntos, haber sugerido la llamada ‘cláusula facultativa’ en el sentido de que todos los Estados americanos que lo hubieren ratificado y que hubieran fracasado con los otros medios de solución pacífica quedaban en la obligación de someter sus controversias a la Corte Internacional de Justicia. Esa es la tendencia universal de todos los instrumentos de solución pacífica. No obstante, de la noche a la mañana, el Pacto de Bogotá se convirtió en la causa de todos nuestros males en el ámbito internacional y se desató un ataque despiadado contra este instrumento. Al punto de que los expresidentes se endilgaban mutuamente la responsabilidad de no haberlo denunciado durante su gobierno. “Ese monstruo” había que denunciarlo, y así se hizo. El 27 de noviembre del 2012, la canciller Holguín notificó la denuncia que hacía del Pacto de Bogotá de manera inmediata, y el presidente Santos presentaba personalmente una demanda de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de este instrumento ante la Corte Constitucional. Pero aún más, el Gobierno resolvió presentar como excepción preliminar a la competencia de la Corte la misma denuncia inmediata del Pacto de Bogotá. Sobra decir que este alto tribunal, en su fallo del 17 de marzo pasado, lo rechazó, como las demás excepciones, ya que el mismo instrumento establece claramente que la denuncia solo produce efectos después de un año de ser notificado.

En resumidas cuentas, Colombia retiró en el 2001 la aceptación de la jurisdicción de la Corte hecha en 1938, y ahora también quedó por fuera del Pacto de Bogotá. El país quedó excluido de todos los instrumentos de jurisdicción obligatoria de controversias y totalmente desprotegido frente a cualquier conflicto internacional.

Quedaría por analizar la inexplicable resistencia que hay en el país de ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como ya lo han hecho 167 Estados, sin haber estudiado sus beneficios, y que por lo demás ya se le aplicó a Colombia como derecho consuetudinario en el fallo con Nicaragua del 2012.

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO

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