De Bogotá se dice que no tiene dueño porque a los bogotanos nos falta sentido de pertenencia y amor por la ciudad y nos sobra indiferencia ante la suerte y el futuro de la gran metrópoli, por lo cual no participamos en su vida pública. Esa falta de ‘bogotanía’ también es evidente en las instancias que deberían mostrar mayor grado de compromiso con la capital: Gobierno Nacional, partidos, gremios y sociedad civil organizada.
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Con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) ocurre algo parecido, a pesar de que la empresa es producto del trabajo y el aporte, a través de tarifas, de varias generaciones de bogotanos, razón por la que hace parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y, obviamente, del patrimonio fiscal del Distrito. Cumple actividades industriales y comerciales, a veces exitosas, a veces equivocadas, como sucede en todo el sector privado, pero en el caso de la ETB llama la atención que la gestión que adelanta y que pone en juego un valioso bien público tiene lugar sin que la opinión se entere y haga conocer sus puntos de vista. Tampoco los organismos de control verifican si respeta principios fundamentales –moralidad, eficacia y economía– obligatorios cuando se ejercen funciones administrativas.
Como han propuesto que se venda, vale la pena recordar hechos que han marcado últimamente su actividad empresarial, porque ilustran sobre la conveniencia de esa posible enajenación y la necesidad de estudiar otras alternativas. En 1994, la ETB compró el 31,8 por ciento de Comcel, hoy Claro.
Aunque no vivía su mejor momento económico-financiero, invirtió US$ 300 millones (aprox.), porque si no ingresaba al mundo de la telefonía celular corría el riesgo de desaparecer. En 1999, la Contraloría Distrital valoró ese paquete accionario en US$ 375 millones. Para asegurar la creciente demanda del mercado y hacer parte de las ligas mayores del servicio de telecomunicaciones, Comcel emitió bonos con derechos preferenciales sobre acciones y decretó varias capitalizaciones, pero la ETB no participó de esas operaciones. Se dejó diluir. Redujo su 31,8 por ciento del 94 al 13,7 por ciento en el 2002, que vendió por US$ 51,8 millones. Lo que le había costado 300 lo realizó por 52. ¿Cómo estarían hoy la ETB y el Distrito si el 31,8 por ciento de Claro hiciera parte del patrimonio de la ciudad?
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Con el producto de esta venta, más otros recursos suyos, se asoció con Une para crear Colombia Móvil que operó la marca OLA. La nueva sociedad produjo cuantiosas pérdidas. De esta situación prácticamente de quiebra salió gracias a que Millicom, operador de Tigo, hizo aporte de capital a cambio de recibir el 50 por ciento de Colombia Móvil, en la que ETB y Une castigaron su participación del 50 por ciento al 25 por ciento, cada una.
En el 2014, Une compró por US$ 240 millones a ETB su parte en Colombia Móvil y como dueña del 50 por ciento se fusionó con Millicom mediante operación de muy buenos resultados para quienes la celebraron. Por los US$ 1.000 millones que aportó, en parte como pago de una prima de control, Millicom quedó con el 50 por ciento más una acción y la dirección de la empresa fusionada. Con cargo a dichos recursos y a título de dividendos anticipados, Une percibió ingresos que le permitieron pagarle a ETB el 25 por ciento de Colombia Móvil y EPM recibió $ 1,4 billones que fueron girados al municipio de Medellín, propietario de esta última. La alianza Une-Tigo, entre otras razones por las sinergias de la fusión, es el segundo operador de telecomunicaciones en el país, y de sus cuantiosas utilidades participa la capital de Antioquia. La operación aquí resumida sacó de taquito a ETB de la alianza estratégica que tenía con EPM-Une y Millicom para operar Tigo y de la que sin ninguna necesidad se retiró por los US$ 240 millones que recibió e invirtió en 4G.
Lo que hizo Medellín sirve de ejemplo para lo que puede y debería hacer Bogotá. No es un ejemplo único, porque son varias las formas de alianza estratégica que se han celebrado en otras partes y se pueden concebir para que las empresas locales perciban apreciables recursos, apoyo tecnológico y logren mejor desempeño. El alcalde Peñalosa seguramente las tuvo en cuenta cuando pidió que la ciudad analizara una fórmula que le permitiera al Distrito conservar las acciones que posee en la ETB y le otorgara el manejo de la empresa a un calificado agente privado, y agregó que si ello no era posible debería pensar en su privatización.
No se conocen los estudios ni las gestiones que hayan adelantado la Alcaldía, la misma ETB u otra entidad distrital con el propósito de evaluar la primera de las opciones antes citadas. Tampoco, las razones por las cuales fue descartada o abandonada como alternativa para proponer la venta de las acciones (88,4 por ciento) de que es titular la ciudad.
Vender la empresa no es idea nueva. Durante su primera alcaldía, Peñalosa consiguió la debida autorización para enajenarla (Acuerdo 007 de 1998), pero el Tribunal de Cundinamarca suspendió preventivamente varias de las decisiones tomadas por la Administración y la Procuraduría, porque encontró serias irregularidades: “posible detrimento patrimonial del Distrito” y “violación de los principios de legalidad, publicidad y transparencia”.
En el 2003, la ETB emitió acciones privilegiadas que hoy representan el 10,8 por ciento (aprox.) de su capital y que fueron tomadas por el sector privado (particularmente por los fondos de pensiones y de cesantías), al que se concedieron exorbitantes ventajas: elige dos de los siete miembros de la junta directiva y tiene voto calificado en la elección de gerente y vicepresidente financiero y en la adopción de otras importantes decisiones. Hasta ahora esa presencia del sector privado en el capital y el gobierno de la empresa no han tenido ninguna importancia en la vida de la ETB.
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No sobra agregar que las ciudades no pueden financiarse exclusivamente con los impuestos locales que recauden y las participaciones y regalías que reciban del poder central. Necesitan rentas adicionales como las que les produzcan las empresas de servicios de las que sean propietarias o socios. El caso de Medellín es bien ilustrativo: EPM, a título de utilidades, transfiere a la ciudad tanto como lo que esta recibe por los impuestos que cobra. Bogotá debería lograr algo parecido, pues el alcalde y los gerentes de las empresas públicas que tiene el Distrito deben garantizar que, además de la eficiente prestación de los servicios a su cargo, constituyan importante arbitrio rentístico de la ciudad. Si así no ocurre, un alcalde vende la ETB, el siguiente la Empresa de Acueducto y el tercero la de Energía. Cuando no haya más para vender, ¿cómo y con qué gobernarán los demás?
Téngase presente, igualmente, que los estados, por razones de soberanía, conservan una presencia que va más allá de sus funciones normativas y regulatorias en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones.
No conviene, por las razones anotadas, vender la ETB. Lo que hay que hacer es buscar el socio estratégico que aporte recursos, tanto a la empresa como a la ciudad, y brinde un serio manejo gerencial. Además, la propuesta en cuestión no puede hacer parte del plan general de desarrollo económico y social de obras públicas. Por su naturaleza y alcances debe tramitarse en un proyecto independiente y separado.
(Voté por Peñalosa e invité a votar por él, sigo considerando que el balance final de su alcaldía será positivo, lo cual no quiere decir que deba estar de acuerdo con todas y cada una de sus propuestas).
JAIME CASTRO*
Especial para EL TIEMPO
*Exalcalde de Bogotá (1992-1994)