No en pocas oportunidades ha sido la propia Policía la que ha iniciado procesos de depuración interna por problemas de corrupción, indisciplina y abuso policial, problemas que afectan de manera grave su imagen y la confianza ciudadana en esta institución.
En este campo, son bienvenidas las acciones que la Dirección de la Policía Nacional ha emprendido. Sin embargo, son necesarias otras acciones para no dejar a la institución sola en esta importante tarea.
En esta línea se requieren el fortalecimiento y el trabajo activo de los organismos de control, como la Procuraduría y las personerías municipales, y la participación de los alcaldes, los gobernadores, las comunidades y los ciudadanos en general.
En el primer caso, los ciudadanos deben saber que si no pueden o no quieren por temor hacer la denuncia directa a la Policía sobre casos de corrupción, indisciplina o violación de los DD. HH., lo pueden hacer en la Procuraduría y las personerías municipales y, en tal sentido, estas instituciones deben abrir líneas de atención directa para recibir este tipo de denuncias y para iniciar los procesos de investigación correspondiente, en algunos casos garantizando el anonimato de los ciudadanos. En este aspecto, debe haber un trabajo permanente entre los organismos de control y la Policía para dar respuesta a las denuncias ciudadanas.
En lo que tiene que ver con la participación de los alcaldes y gobernadores, estos funcionarios que tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad deben velar por que el servicio de policía en sus jurisdicciones se cumpla en el marco de la ley, de manera transparente y cercana a las necesidades de la gente.
Estos funcionarios no pueden confundir sus responsabilidades en esta materia con funciones de veeduría y denuncia ciudadanas. Para eso están otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil. A los alcaldes y gobernadores les corresponde, en coordinación con la Policía y el Gobierno Nacional, solucionar los problemas de indisciplina, corrupción y violación de los derechos humanos que cometen los funcionarios de seguridad.
Finalmente, además de la promoción y atención estatal de las denuncias de las personas, en este campo se requiere incrementar los controles ciudadanos y comunitarios para que la seguridad y el servicio de policía se presten de acuerdo con sus requerimientos y con total transparencia.
Aquí es importante dinamizar las organizaciones sociales y comunitarias en un esfuerzo de creación de capital social que controle y haga veeduría de las acciones de los policías y que ayude a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Se requiere retomar los esfuerzos institucionales y de las administraciones municipales con la reactivación de los Frentes Locales de Seguridad para que no solo haya policía cercana a los ciudadanos con el Plan de Vigilancia por Cuadrantes, sino comunidades organizadas cercanas a la labor que desempeñan los policías. Esto ayudaría a que existan mayores controles y menos posibilidades de corrupción y acciones ilegítimas.
Seguramente, algunos pensarán que todo esto ya se ha hecho en el pasado o que pertenece a otras administraciones, pero sin controles internos estrictos, sin la vigilancia y trabajo en equipo con gobernadores y alcaldes, y sin la participación de los ciudadanos y de las comunidades, la corrupción e ineficiencia terminarán con la credibilidad que se tiene hacia la Policía.
Todo esto también contribuirá a mejorar la seguridad y la percepción de esta, que se ha deteriorado en los últimos años en la gran mayoría de las ciudades colombianas.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ