La jurisdicción especial de paz

La jurisdicción especial de paz

El desafío de poner a funcionar esta jurisdicción es de enormes proporciones.

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14 de mayo 2016 , 08:56 p. m.

El primer reto de la jurisdicción especial de paz es jurídico-político: incorporar los acuerdos de La Habana al derecho interno colombiano en condiciones que garanticen su legitimidad y aceptación por parte de la sociedad colombiana.

El segundo reto es su financiación: según estudios preliminares, la jurisdicción especial de paz costaría entre 120 y 150 millones de dólares al año, durante sus primeros años, y un poco menos en los subsiguientes, sin contar el costo de la reparación a las víctimas ni la financiación de la nueva política de desarrollo rural integral. Hay buscarle los recursos a ese gasto.

El tercer reto es la puesta en operación: habrá que nombrar a los magistrados de la jurisdicción especial de paz, proporcionales una sede, administrar su operación y proveer los elementos de informática y logística.

El cuarto reto es el manejo de la información: es preciso buscar, reunir, digitalizar y sistematizar la información relacionada con los hechos delictivos del conflicto armado interno colombiano de los últimos cincuenta años, utilizando criterios de contexto y priorización de casos.

El quinto reto es territorial: hay que desconcentrar la jurisdicción especial de paz para ir a las regiones a escuchar a los miles de víctimas y victimarios allá donde están, en las zonas apartadas del país, mediante salas itinerantes que garanticen in situ la escenificación del perdón y la reconciliación.

El sexto reto es la seguridad: es necesario asegurar la protección de los funcionarios, testigos, defensores de derechos, víctimas y guerrilleros procesados.

El séptimo reto es la coordinación con la actual oferta de justicia: la justicia ordinaria, así como la jurisdicción especial indígena, se verá impactada por la jurisdicción especial de paz. Las altas cortes no han sido tenidas en cuenta hasta ahora, y se sienten marginadas. Las dos justicias transicionales hoy existentes, a saber, Justicia y Paz en materia penal y la restitución de tierras en materia civil, necesariamente se verán interpeladas cuando entre en funcionamiento la jurisdicción especial de paz (el ideal sería que la jurisdicción especial de paz absorbiese estas dos especialidades de la Rama Judicial). Muchos conflictos de competencia podrían surgir. Habrá que articular todo eso. Y aprovechar la coyuntura para fortalecer y relegitimar la justicia nacional y disminuir las tasas de impunidad.

La coordinación con la jurisdicción especial indígena no es asunto menor: los indígenas administran justicia en sus comunidades, que están asentadas en el 28 por ciento del territorio nacional, que en buena parte corresponde a zonas donde se desarrolló el conflicto: ¿cuál justicia primará allí?

El octavo reto es que funcione bien: la jurisdicción especial de paz debe buscar el equilibrio –frágil, como todo equilibrio– entre la paz y la justicia, para que garantice los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los procesados; el equilibrio entre la ausencia de impunidad y la no cacería de brujas. Es lo más difícil.

Como se aprecia, el desafío de poner a funcionar esta jurisdicción especial de paz es de enormes proporciones. Pero este país tiene una gran capacidad humana y una relativa fortaleza institucional, así como una larga tradición para salir de fosos muy profundos y un coraje impresionante para hacerles frente a retos muy bravos. Tenemos que ser capaces.

NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO
Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

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