Editorial: Blindaje entre todos

Editorial: Blindaje entre todos

Debate que se genere en torno al plebiscito deberá robustecer la legitimidad y el blindaje de paz.

14 de mayo 2016 , 08:56 p. m.

El anuncio hecho el jueves por el Gobierno y las Farc respecto a que ambos pactaron una hoja de ruta para blindar jurídicamente el eventual –pero cada vez más cercano– acuerdo final tiene la virtud de sacar del camino que conduce al fin del conflicto un obstáculo que durante los casi cuatro años que lleva el proceso permaneció ahí, protuberante y amenazante.

En este sentido, conviene recordar que la exigencia de una asamblea constituyente que le diera dicho estatus a lo pactado fue un inamovible de la guerrilla desde el primer día.

Pero hoy, gracias a este avance, sin lugar a dudas fundamental, no solo se desata el nudo gordiano, sino que además se le da seguridad jurídica y estabilidad a un entendimiento cuya esencia es política.

Estamos, pues, ante un necesario y bienvenido refuerzo estructural del que gozará el anhelado acuerdo final. Tal revestimiento será consecuencia no solo de la incorporación de lo firmado a la Carta Política mediante un artículo transitorio y el trámite posterior de una ley ordinaria, sino de su depósito ante el Consejo Federal Suizo como acuerdo especial y su incorporación en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ello es suficiente garantía de que en el futuro los vaivenes de la política no pondrán en riesgo lo acordado en estos años de negociaciones. Y es que quienes conforman la delegación gubernamental ostentan la representación del Estado colombiano. En ese orden de ideas, lo que surja de la mesa no puede estar sujeto a los cambios de gobierno normales en una democracia. Es justo, es ético, que la contraparte, la guerrilla, tenga claro que lo acordado no quedará en la cuerda floja el 8 de agosto del 2018.

Lo cierto es que las fórmulas para darle solidez a la paz no solo benefician a los que están sentados en la mesa. También a los colombianos y, en particular, a las víctimas, que, de darse sin tropiezos los pasos mencionados, tendrán una inmejorable garantía de que se cumplirá lo pactado.

Y así como lo acordado permite no darles la espalda a las víctimas, logra algo similar con las ramas Judicial y Legislativa. Se evita así la cuestionable alternativa que dibujó la demanda que ante la Corte Constitucional radicó el exfiscal general Eduardo Montealegre. Con ella pretendía que el eventual acuerdo tuviera de una vez el estatus de tratado internacional, con fuerza vinculante para todas las instituciones.

Lo acordado deberá, pues, pasar por el tamiz del Congreso y de la Corte Constitucional, algo que era necesario. Lo hará, eso sí, en el caso del Legislativo, con unas reglas de juego particulares y que se salen de la ortodoxia: las que atañen a la figura conocida como ‘fast track’, a raíz de las cuales los legisladores se pronunciarán con un ‘sí’ o un ‘no’ frente a los proyectos que desarrollen los acuerdos. Se trata de una facultad especial próxima a ser aprobada por el mismo Congreso en el marco del acto legislativo para la paz, al que le restan dos debates y que obliga a la mesa de La Habana a no defraudar este voto de confianza que el pueblo le otorga a través de sus representantes en el parlamento.

Y no será este el único espacio que tendrán los colombianos para expresarse. Lo revelado esta semana, incluido el pronunciamiento del viernes de las Farc hecho por ‘Iván Márquez’, deja claro que todo lo anterior queda supeditado al resultado del plebiscito en el que la gente decidirá si avala o no esta manera de terminar el conflicto.

Es de esperarse, pues, que salvar este escollo obre como un impulso necesario para superar con éxito las pendientes que restan y que, valga la redundancia, atañen a los asuntos pendientes que han quedado en el aire correspondientes a puntos de la agenda ya firmados. La implementación del sistema general de información catastral, de los planes de lucha contra la corrupción, y la aplicación de un plan integral de sustitución de cultivos figuran en los primeros lugares en esta lista.

Por último, el constatar el trecho que se avanzó con el anuncio de esta semana debería llevar a un aumento del entusiasmo entre una opinión pública a la que las encuestas muestran todavía apática. No se trata de anhelar un tránsito a la euforia, pero sí a una mayor participación que permita un debate de altura, que se dé en términos distintos de los vistos hasta ahora. Aquí el llamado es a que líderes políticos y altos funcionarios den ejemplo, dejando de lado las declaraciones altisonantes, las posturas antagónicas y dándoles paso, más bien, a la deliberación, a la búsqueda de consensos; en suma, a actitudes más responsables, más al nivel del momento histórico, en mayor sintonía con la enorme trascendencia para las próximas generaciones del asunto que hoy los divide.

En resumen, el debate que se genere en torno al plebiscito deberá no solo conducir a refrendar los acuerdos, sino sobre todo a robustecer la legitimidad y, en consecuencia, el blindaje de la paz.

EDITORIAL
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