La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se ha convertido en una de las fuentes de corrupción más escandalosas del país vecino. Las modalidades de saqueo que ha sufrido abarcan desde la creación de un esquema Ponzi (‘pirámide’), con 500 millones de dólares de los jubilados, hasta jugosas cuentas bancarias en Andorra, a donde algunos de sus directivos trasladaron hasta 4.000 millones de dólares, pasando por sobornos para la firma de contratos.
La expoliación de esta joya de la corona aceleró la crisis económica venezolana, pues hizo que a la pronunciada caída de los precios del petróleo se sumara el retroceso de la producción de crudo, que pasó de 3,4 millones de barriles diarios en 1998 –antes de la llegada de Hugo Chávez al poder– a 2,3 millones hoy.
La opacidad con que la petrolera maneja sus balances es parte fundamental del problema. Por ejemplo, por dos de sus fondos, el de Desarrollo Nacional y el Chino Venezolano, han pasado, sin mayor escrutinio público, al menos 200.000 millones de dólares. Algunas investigaciones periodísticas han sacado a la luz construcciones y proyectos inconclusos financiados con esos fondos, así como las sonadas compras de alimentos con sobreprecios hechas por su filial PDVAL, que en algunos casos nunca llegaron al país o no fueron distribuidos y se pudrieron.
Sin revelar nombres ni detalles, la Contraloría General ha dicho que investiga “muchos casos” de corrupción en PDVSA. El embajador ante la ONU, Rafael Ramírez, está en el ojo del huracán tras haber presidido la petrolera durante 11 años, pero no ha pronunciado ni una palabra sobre los casos que enlodan a la empresa.
Hasta ahora han sido capturados tres funcionarios de rango medio de PDVSA –en manos de la justicia de Estados Unidos–, por recibir sobornos de empresarios, también detenidos, que aseguran haber desembolsado hasta mil millones de dólares para lograr contratos con la compañía estatal.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas