La Hacienda Cañasgordas, donde vivió el último Alferez Real en época de la Colonia española y que inspiró la novela de Eustaquio Palacios, ha estado ligada a la historia de Cali.
Esa casona del siglo XVIII, declarada Monumento Nacional y Patrimonio Histórico el 31 de enero de 1980, afronta hoy un litigio de tierra, lo que le ha pasado a no pocos de los 272 bienes de interés cultural o urbano, como a cientos de predios del municipio de Cali.
Es un proceso ante la justicia por una franja de 20.023 metros cuadrados, pegado a la entrada a Cañasgordas, donde solía pastar el ganado de la Hacienda. Desde hace dos años se conoce que, con escritura en mano, aparecieron unos dueños distintos a la familia Velasco Reinales, declarada heredera de Cañasgordas, cuyos abogados reclaman la posesión de esas tierras.
De la vigilancia de este lote se encargaba un guarda de seguridad privada y el mayordomo de la Hacienda. Una versión en conocimiento de las autoridades dice que el 21 de mayo del 2014 ambos fueron sorprendidos, hacia la 5:00 de la mañana, por la presencia de unos 10 hombres que llegaron acompañados de algunos policías para reclamar la posesión de este lote conocido como ‘La vitrina’.
Los tres gigantescos avisos, de dos metros por uno, donde se leía ‘Propiedad privada’, fueron arrancados y ese mismo día fue instalada una polisombra verde para demarcar la propiedad.
A cargo de la vigilancia del lote dejaron a dos hombres, pero siete meses después de este hecho se marcharon. Hoy, solo se ven algunas gallinas, un gato y un ayudante de construcción que levantó un cambuche al final de la franja en disputa.
Quienes reclaman la posesión de ‘La Vitrina’ presentaron la escritura No. 4073 del 22 de septiembre de 1992. Según se lee, ante la Notaría 22 del Círculo de Santa Fe de Bogotá compareció Jaime Juan Bendeck Olivella, en calidad de ministro de Obras, quien ‘en nombre y representación de la Nación’, procedió a transferir, a título de venta, este lote en el sector de Cañasgordas, a Rodrigo Pinzón Sánchez, con cédula de Tunja. En la escritura queda constancia de que hay sellos y firmas ilegibles. Y al final aparecen las firmas de ambos, solo que el nombre corrector del ministro es Jorge Bendeck Olivella.
Pero hay otra escritura que figura con ese número, el 4073, pero del 9 de diciembre de 1992, corresponde a la compraventa de una casa en Bosa (Bogotá). La diligencia se cumplió ante la misma Notaría, bogotana. En este caso comparecieron Saúl de los Reyes Guerrero Zambrano y José Isidro Guerrero Mojica.
El 30 de mayo del 2014, a raíz de la situación presentada en Cañasgordas, la Notaria constató que la escritura pública No. 4073 del 9 de diciembre de 1992 corresponde al contrato de compraventa entre los señores Guerrero Zambrano y Guerrero Mojica.
“Se buscó en el archivo sistematizado que lleva esta Notaría y desde 1990, hasta la fecha, no se encontró ninguna escritura pública otorgada entre la Nación y Rodrigo Pinzón Sánchez”, dice la Notaría 22.
El 13 de junio del 2014, por perturbación a la posesión, este caso llegó a la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Primera de Cali, en Siloé, que decretó el statuo quo a favor de los Velasco Reinales de Cañasgordas, pero los reclamantes de estas tierras apelaron la decisión, en segunda instancia, ante el Departamento Jurídico de la gobernación del Valle que, el 24 de junio del 2015, revocó la decisión del inspector.
“Los procesos de tipo policivo son los más controversiales, independientemente de que sea Cañasgordas. La Gobernación no se pronuncia sobre escrituras, ni sobre propiedad, sino sobre si se está o no perturbando la posesión. Yo soy partidario de que se cree una jurisdicción especial y que no sea la Gobernación la que tenga que decidir en estos casos”, dijo el abogado Javier Fernández Botero, quien en la pasada administración de Ubéimar Delgado ejercía como director Jurídico de la Gobernación y quien firmó esa Resolución.
Con ese falló de la Gobernación se dejó en libertad a las partes involucradas de acudir a la justicia ordinaria. Los abogados de los Velasco Reinales entablaron el 18 de julio del 2014 una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público y privado, por lo de la escritura donde compareció, al parecer, el entonces ministro de Obras, pero aún no hay resultados. La secretaria de Gobierno de Cali, Laura Lugo, dijo que era preciso esperar el fallo de la Fiscalía.
Si se logra probar que hubo fraude en la escritura donde la Nación le vende a Pinzón, cualquier acto administrativo que se haya dado con posterioridad, quedará anulado.
La Hacienda que está en manos de la Fundación Cañasgordas, de cuya junta hacen parte la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la familia Velasco, está lista para iniciar el proceso civil para la reivindicación del dominio, el lío es que no tiene el título de propiedad de ‘La Vitrina’. “Flagrantemente se desconocen derechos de la Nación, de los propietarios colidantes, de sus tradicionales poseedores legítimos; se irrespeta indolentemente la memoria colectiva y se afecta agresivamente un bien de especialísimo interés regional”, señala el pool de abogados.
La entrada a la Hacienda, a partir de la Panamericana, permanece con candado porque ya han visto personas que preguntan si ese pedazo está en venta.
‘La Vitrina’, un terreno que no tiene agua
El terreno en disputa está ubicado en la calle 25 con carrera 118, en la vía Cali-Jamundí. Limita con la carretera Panamericana, con la zona verde a las paralelas de la línea férrea y se extiende hasta la estación de combustible Mobil.
Este predio hacía parte del gran globo de terreno conocido como la Hacienda Cañasgordas, de 241.903 metros cuadrados, según la matrícula inmobiliaria No. 370-104944 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
La familia Velasco Reinales, a través del tiempo, ha vendido parte de estas tierras donde hoy se levantan conjuntos habitacionales. En 1997 le vendió al municipio de Cali 2.869 metros cuadrados para la ampliación de la avenida Cañasgordas.
Pero, según explica el pool de abogados de la familia, en la escritura pública no se tuvo en cuenta el área real del predio antes de la venta (241.903 metros cuadrados) y, por el contrario, se indicó que era de 222.685 metros cuadrados, quedó por fuera el área de ‘La Vitrina’.
Sin embargo, la familia continuó con el dominio sobre este lote, que no tiene agua. Se utilizó para el pastoreo y según cuenta el mayordomo de la Hacienda, durante un mes solían parar las actividades para las podas y las fumigaciones del lote.
También se le alquiló a un vivero.
Por estar incluido dentro del área de protección de la Hacienda Cañasgordas, en ‘La Vitrina’ no se puede desarrollar ningún proyecto urbanístico, ni habitacional, ni comercial o industrial.
“Se perdió el título, pero la posesión se mantiene. No se tienen ninguna intención comercial con él”, dijeron los apoderados de la familia.
Una esperanza que ven es la corrección de la escritura de 1997, cuando se le vendió parte de las tierras a la secretaría de Infraestructura del municipio de Cali. Pero el folio de la matrícula 370104944 ya está cerrado.
“Ese es un Patrimonio Nacional, patrimonio invaluable de la historia del Valle, era la residencia de Joaquín de Cayzedo y Cuero. Conociendo la trayectoria de la Hacienda, no hay duda que quienes llegan con escrituras falsas son unos facinerosos. Mire las cuencas hidrográficas, invadidas, y Parques Nacionales no ha podido hacer nada para sacarlos, esa es la triste realidad”, dijo el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, Nicolás Ramos.
Los folios que siguen abiertos son los de la contraparte. Rodrigo Pinzón, el primer reclamante de ‘La Vitrina’, les vendió después estas tierras a cuatro personas que figuran con cédulas de Cali, Yumbo y Caicedonia, quienes procedieron a parcelar el terreno en cuatro predios y quienes terminan por venderles a otras cuatro personas.
CALI