Para verificar el impacto ambiental de cinco predios ilegales situados en la zona de reserva de los cerros orientales de Bogotá, la Secretaría de Ambiente, la alcaldía de Chapinero y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizaron un operativo en el sector El Bagazal, en el norte de la ciudad.
Unos 180 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y al menos 80 funcionarios de las demás entidades del Distrito acudieron de manera simultánea a la zona, localizada detrás del Metropolitan Club, en la calle 76 n.° 2–68 este, sector de Rosales.
Este viernes, desde las 7 de la mañana y durante más de 12 horas, ingresaron a los predios Pauche, Bambú, Arrayán, Tuno y Monterodro –que tiene hasta piscina–. El operativo, según el secretario de Ambiente, Francisco Cruz, se realizó con el objetivo de “terminar de una vez por todas con los avances que se estaban desarrollando en estas construcciones ilegales”.
En la zona se encontró un minicargador, dos mezcladoras, una cortadora, un canguro y una motobomba, planos y diseños sin autorizar, además de varios materiales de construcción importados y de alto costo. En Monterodro se hallaron unos 30 obreros encargados de realizar arreglos con piezas de madera. Algunos de los trabajadores que se encontraban en los predios comentaron que llegaron a trabajar al lugar por recomendación de terceros y que, incluso, algunos de ellos no llevaban más de una semana en el lugar.
Según el alcalde local de Chapinero, Hernando José Quintero Maya, el avalúo de cada uno de los predios puede estar por encima de los 5.000 millones de pesos. Además, comentó que en predios como Monterodro es la tercera vez que se pone un sello.
Por otra parte, Néstor Franco, director de la CAR, señaló que desde el año pasado se ha venido indagando sobre posibles infracciones ambientales de estas estructuras y que nunca se había logrado contar con la colaboración de los dueños para esclarecer el tema. El miércoles pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la orden judicial para realizar el operativo.
“Se están adelantando tareas de verificación de los predios para establecer el impacto ambiental, partiendo de dos premisas: la primera es que ninguna de las construcciones cuenta con licencias de urbanismo; la segunda, que no tienen los permisos ambientales que debían haberse tramitado para efecto de impactar la zona”, dijo Franco.
Luego de la toma de evidencias y de medir el impacto del levantamiento de las edificaciones, los abogados y técnicos de la CAR serán los encargados de determinar el grado de la sanción, que puede implicar desde una multa para los propietarios hasta la demolición de las estructuras.
De acuerdo con Carlos Bernal, asesor de obras de la alcaldía local de Chapinero, el primer expediente por estas construcciones ilegales se presentó en el 2005.
“Este seguimiento se ha hecho de acuerdo con la Ley 810 del 2003 y según la Ley 388 de 1997, que permiten la vigilancia de las construcciones, que no tienen requisitos legales”, comentó Bernal.
Impacto ambiental
“Los cerros orientales de Bogotá son una reserva forestal protectora de 14 mil hectáreas que se deben cuidar y preservar por encima de todas las consideraciones”, dijo el Secretario de Ambiente.
Según el funcionario, para la construcción de tales predios se talaron distintas especies nativas de árboles, que son el pulmón de Bogotá y que convierten el CO2 en oxígeno.
Agregó que como resultado de las obras se cambió el curso de la quebrada Los Rosales, de tal modo que el agua de la misma se pierde por filtración en un cauce que no es el natural. Además, se ha removido el suelo, hecho por el cual diferentes especies animales y plantas se han visto afectadas.
“El impacto ambiental es a largo plazo. También podría afectar a las generaciones futuras”, dijo Cruz.
Recuento histórico
Según la CAR, en el Bambú existen dos expedientes, uno de ellos por la tala de entre 500 y 1.000 árboles en promedio. El segundo se abrió en el 2015 por la construcción sin licencia.
En Pauche, la obra que llevaba un 30 % de adelanto, fue cerrada por la CAR en febrero. El vocero de este terreno afirmó que tiene derechos adquiridos desde 1945. El expediente de Monterodro se abrió el año pasado por la tala de unos 2.000 árboles y por construir sin permiso. Al Arrayán se le abrió expediente porque la primera vez que la CAR lo visitó, encontró que en el terreno se niveló el suelo para desviar el cauce de la quebrada Los Rosales.
Al Tuno se le abrió expediente por desviar el cauce de la quebrada.
CARLOS ANDRÉS CUEVAS
Redacción EL TIEMPO ZONA