Uno de los mayores retos para la puesta en marcha del posconflicto es la transformación en la forma como el Gobierno debe enfrentar la lucha contra las drogas ilícitas.
En ese punto coincidieron algunos panelistas que hicieron parte del foro ‘Drogas, seguridad y posconflicto: visión de Gobierno, academia y organismos internacionales’, organizado por EL TIEMPO Casa Editorial, la Universidad del Rosario, la Fundación Konrad Adenauer y la Unodc.
En el marco del evento los expertos invitados analizaron los avances obtenidos en las políticas actuales en materia de drogas, los llamados “nuevos enfoques” y los avances obtenidos en la a Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas-Ungass, que se realizó el mes pasado.
Para el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos a Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, uno de los mayores retos para el posconflicto es que los espacios en los que hacía presencia la guerrilla sean ocupados por “las estructuras criminales, cuyo principal combustible es el narcotráfico”.
“Hemos venido planteado una política con enfoques diferentes, que incluyen la transformación del territorio, el desarrollo agrario integral y proteger los derechos humanos”, aseguró Fernández de Soto.
En ese mismo sentido se pronunció Eduardo Díaz Uribe, director de la Oficina para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, quien advirtió que “el crecimiento de cultivos ilícitos en varios territorios, en especial donde tienen influencia las Farc, puede poner en riesgo la implementación del posconflicto”.
En este foro también participó el exministro de Justicia Yesid Reyes, quien dejó claro que, más allá de los avances alcanzados, el problema de las drogas sigue igual que hace cuatro décadas y que se debe replantear esa lucha.
Por su parte, José Leonardo Gallego, exdirector de Antinarcóticos de la Policía, propuso que se retome la fumigación de cultivos de coca a través de helicópteros, ya que la suspensión de este proceso, a su juicio, facilitó el crecimiento de sembrados ilegales.
EL TIEMPO