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'Mi tristeza es no haber hallado a los 43 de Ayotzinapa'

La colombiana Ángela María Buitrago, del Giei, explica las dificultades de la investigación.

Lo que comenzó como una relación de cooperación entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hallar a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014, terminó develando otra serie de atrocidades originadas en el negocio del narcotráfico. (Vea el especial Desaparecidos: duelo eterno)
Así fue como el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), tras la negativa del Ejecutivo de prorrogar su investigación, puso en duda no solo la versión oficial de la desaparición de los normalistas, sino la credibilidad del Estado mexicano, además de revelar uno de los más grandes dramas del país: la desaparición forzosa.
Esa noche, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se movilizaban en un bus para participar en un mitin político, desaparecieron misteriosamente en Iguala (Guerrero).
Muchas fueron las hipótesis, pero la del Giei es que quizá el bus llevaba un cargamento de narcóticos y por eso fueron, al parecer, asesinados por un cartel en complicidad con autoridades y policías locales.
Desde entonces no se sabe nada de ellos, aunque la versión oficial reza que fueron asesinados e incinerados en un basurero en Cocula, versión a la que los padres no dan crédito. Hasta el momento solo se han identificado los restos de un estudiante, que se encontraron en una bolsa, en un río, a kilómetros del basurero.
La abogada colombiana Ángela María Buitrago, conocida por sus investigaciones de casos como el del Palacio de Justicia o la parapolítica, y quien hizo parte de este grupo de cinco expertos internacionales, contó a EL TIEMPO por qué sus informes destaparon ollas que “fuerzas poderosas” querían mantener ocultas.
El gobierno de México decidió no prorrogar más el trabajo del Giei. ¿En qué momento se rompió esa relación?
Hay un momento de fractura muy fuerte y es el tema del manejo de la información en el tercer informe que presentó el Gobierno a las víctimas, en marzo pasado. Inicialmente, se habían concertado unas formas de entregar la información, precisamente por la protección a los familiares, pero eso no se cumplió. Ahí fue el estallido de todo.
Hubo versiones encontradas, pero ¿cuál fue la que más polémica generó entre el Gobierno y el grupo interdisciplinario?
La tesis del incendio es sin duda alguna uno de los principales puntos de fricción. El Gobierno afirma que en el basurero de Cocula fueron incinerados los muchachos. En cambio, nuestros informes científicos demuestran que en ese punto no pudieron ser quemados y que no existe certeza sobre su destino.
¿Cuál es la intención del Gobierno en mantenerse en la versión del incendio?
Tocaría preguntarles a los que tenían esa posición, pero yo creo que en parte era el afán de cerrar el caso y confirmar una versión institucional.
¿El trabajo del Giei despertó dudas sobre la capacidad de las autoridades en México o qué era lo que pasaba?
Ahí por ejemplo tienes dos opciones: o esas líneas de investigación iban a donde eran, que eran las que se estaban moviendo, o ellos querían quedarse con la versión del basurero de Cocula.
¿Qué tanto afectó esto la credibilidad de Enrique Peña Nieto y del Gobierno?
Ese es un tema que lo evalúan a nivel nacional e internacional también, pero nosotros no entramos en esa calificación. Lo cierto es que habría sido más sano tratar de indagar todo, para saber quiénes son los responsables de la desaparición de los normalistas.
¿Se sentía que el Presidente quería ayudar en el proceso?
Nosotros tuvimos dos reuniones con los familiares y con Peña Nieto. Allí el mandatario abrió las puertas, por lo menos de palabra; ordenó a los que comandaban en ese momento las diferentes instituciones la facilidad para el grupo (Giei). Pero en la práctica encontrábamos cosas diferentes que no sabemos si él estaba dando la orden o no de los cierres que había.
¿Qué tan oportuna fue la colaboración de las instituciones mexicanas?
Yo vi voluntad en la procuradora Arely Gómez González y otros funcionarios. Lo que pasa es que hay fuerzas mucho más poderosas que uno se da cuenta de que quieren el cierre (de la búsqueda de los estudiantes). Pero uno no puede calificar de generalidad porque eso sería injusto. Yo también pude percibir que hay personas de las instituciones que querían adelantar esas investigaciones, pero había una orden, no me preguntes de dónde, que bloqueaba todo. Lo que sí se siente es que los tenías a ellos entre la espada y la pared. “Yo quiero, pero no puedo”. Esa era la percepción.
Con la salida del Giei de México, ¿qué va a pasar con las familias?
El tema es muy complejo. Ellos se sienten muy mal y lo han manifestado de todas las maneras. Sentían imparcialidad desde el punto de vista de la investigación con nosotros. Se descubrieron muchas cosas que no se habían mirado desde el momento inicial. Ellos dicen que se sienten solos a partir de la ida del Giei y que les han quitado un punto de apoyo muy fuerte.
Yo pienso que la sociedad civil tiene que cerrar fuerzas en torno a ellos. Y es que no solamente es el caso de los 43, el tema de las desapariciones en México es un tema neurálgico que debería replantearse en aspectos de investigación y en términos de sociedad, porque a raíz de esto se descubrieron fosas inimaginables en la zona de Guerrero. Se han extraído 180 cuerpos, lo que muestra un nivel de preocupación que debería motivar a que las investigaciones se hagan correctamente. Una investigación bien hecha te da política pública para enfrentar las modalidades del crimen.
Una de las sugerencias del Giei a la Procuraduría es que cambien la narrativa de la investigación. ¿Cómo se espera ese cambio si durante un año nunca lo hicieron?
Eso es cierto. Hay elementos que se demostraron dentro de nuestra investigación que no están en la narrativa de ellos.
Es decir, cuando nosotros somos contestes de la investigación, la narrativa tendría que ser otra. Incluso las consignaciones (acusaciones) están, por ejemplo, con cuatro buses, y nuestra investigación habla hasta de seis buses donde incluyen otros actores.
Eso significa que la narrativa debe ser completa para hablar también de una investigación integral. La narrativa no es capricho, es una investigación integral que te lleva a estudiar otros sectores.
Ustedes fueron blanco de todo tipo de críticas, hasta se habló de una campaña de desprestigio…
Sí, es verdad. La campaña de desprestigio comienza días inmediatos al primer informe. Empieza una campaña muy fuerte en prensa, radio y televisión en la que efectivamente algunas personas mexicanas llevan gente de los países para que hablen mal de nosotros. Primero atacan a Claudia Paz, fiscal de Guatemala, acusándola de ser miembro de un grupo de guerrilla. En ese momento es absuelto (en Colombia) por duda Alfonso Plazas Vega (señalado por Buitrago, en su investigación, como uno de los supuestos responsables del holocausto del Palacio de Justicia).
Él llega a México y habla tres semanas enteras en contra de mí. Afirma que yo persigo al Ejército, que yo soy un enemigo del Ejército y que lo que él quiere es advertir a ese país porque yo soy parte del grupo terrorista más grande que hay, y que yo voy a implementar el comunismo en Latinoamérica. Incluso pide la expulsión inmediata de nosotros de México. Pura guerra sucia.
Pero el apoyo internacional estuvo siempre presente
Amnistía Internacional, ONG, grupos de derechos humanos, la ONU, Wash-ington. Fue tan evidente que se trataba de guerra sucia, que era una campaña de desprestigio por la labor de derechos humanos, que lo que querían era desacreditar el informe, y creo que no hubo ningún sector que no considerara necesario intervenir y pronunciarse al respecto.
Contaron también con el apoyo de los padres de los estudiantes...
El apoyo de los familiares fue también importante para nosotros. La salida del Giei fue un segundo golpe para ellos. No entendían por qué los que vienen a trabajar y hacer la investigación para dar con el paradero de sus hijos terminan siendo atacados de esa manera y sin justificación alguna. Lo único que hacíamos era investigar y mostrar las cosas, ya que éramos coadyuvantes e invitados del Estado mexicano.
¿Guerrero es un narcoestado?
Omito cualquier calificación. Yo diría que hay comprobación desde hace mucho que en Iguala, en particular, se siembra goma y opio, pero como estado narco no sé si se pueda catalogar. Sí hay mucha vinculación en términos de narcotráfico y expendio de droga, pero eso es una realidad que ellos mismos conocen. Es algo parecido a lo que pasó acá con la historia de Pablo Escobar.
¿Dentro del proceso de investigación temió por su vida?
Hay momentos difíciles, pero yo tengo la convicción de que cuando me meto en algo asumo los riesgos. Me pasó acá (en Colombia), me pasará en todas partes. No es que estés tranquilo, pero digamos que el hostigamiento y la persecución de la naturaleza que yo tengo con el tema de Plazas Vega, quien fue a perseguirme a México, a hacer una campaña de desprestigio tres semanas, pues eso sí me preocupa. Es un nivel muy alto en términos de hostigamiento, seguimiento y persecución que puede generar consecuencias nocivas.
¿Con qué sensación salió de México?
Con varias. Me vengo con una experiencia lindísima desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista personal, en el sentido de que hay gente muy solidaria. Me vengo con la tristeza de no haber encontrado a los muchachos; de que hay una ambigüedad en términos de que “queremos la colaboración pero nos negamos a colaborar”.
Me quedo con la tristeza de que los padres seguirán solos, esperando que la sociedad los arrope y que la institucionalidad proteja a la víctima. Me quedo con la palabra de la procuradora de que se van a aplicar las recomendaciones y se va a seguir hablando con las familias.
Andrés Ruiz
Redacción Internacional
En Twitter: @ruizandress
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