El viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos a Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, aseguró este viernes que la firma de un eventual acuerdo de paz en La Habana obliga a una transformación en la forma como el Gobierno debe enfrentar la lucha contra las drogas ilícitas.
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Según explicó Fernández de Soto, "el principal desafío que tenemos después de la firma de La Habana es el crimen organizado, cuyo principal combustible es el narcotráfico, ya que lo que van a buscar estas estructuras criminales es copar los espacios que vaya dejando la guerrilla cuando se desmovilice". (Lea también: ONU abre la puerta a discusión de nuevo modelo antidrogas)
El funcionario considera que el problema debe ser abordado desde múltiples enfoques porque el fenómeno se transforma con rapidez. Así lo explicó durante su intervención en el foro 'Drogas, seguridad y posconflicto: visión de Gobierno, academia y organismos internacionales', organizado por EL TIEMPO Casa Editorial, la Universidad del Rosario, la Fundación Konrad Adenauer y la UNODC.
"Hemos venido planteado una política con enfoques diferentes, que incluyen la transformación del territorio, el desarrollo agrario integral y proteger los derechos humanos", precisó el viceministro, quien enfatizó que "ahora se persigue sobre todo los eslabón de alto valor, por encima de los cultivadores, quienes son en últimas las primeras víctimas".
Fernández de Soto resaltó, además, el enfoque en salud pública que le quiere dar el Gobierno Nacional a la lucha contra las drogas, pues "ahora somos un país consumidor, antes no lo éramos". "Antes el 90 % de la droga se exportaba, y hoy buena parte de esa droga se queda en el país", explicó.
A su turno, el exministro de Justicia Yesid Reyes, quien actualmente aspira a ser Fiscal General, aseguró que la postura que llevó Colombia a la sesión especial de Ungass, en Nueva York, dejó claro que el problema de las drogas sigue igual que hace cuatro décadas y que se debe replantear la forma de enfrentarlo.
En su momento, durante la cumbre en Nueva York, los 193 países que tienen asiento en las Naciones Unidas, con el impulso protagónico de Colombia, dieron un histórico paso al aceptar discutir un reenfoque en la lucha contra las drogas y admitir que este flagelo debe ser abordado desde una óptica de derechos humanos y salud pública, pero sin bajar la guardia en el combate frontal contra la criminalidad organizada del narcotráfico.
"La cárcel no cura las adicciones. Los adictos no deben recibir un tratamiento puramente punitivo", enfatizó Reyes, quien añadió que Colombia tiene toda la autoridad moral para hacer este tipo de planteamientos por el sufrimiento que ha vivido durante varios años por cuenta del narcotráfico.
El exministro destacó que, no obstante, en esa asamblea especial de la ONU se lograron avances y nuevos compromisos para enfrentar este flagelo, dejando claro que el Gobierno de Juan Manuel Santos nunca habló de legalización. Eso sí, admitió que faltaron temas como descriminalizar el consumo.
"El problema sigue igual que hace cuatro décadas, incluso, peor, independiente de los triunfos parciales que se han logrado conseguir", enfatizó Reyes.
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