Además de la seguridad jurídica que se dará a los acuerdos de paz con las Farc a nivel interno, a través del Congreso y la Corte Constitucional y mediante una ley ordinaria y un acto legislativo que incorpore el acuerdo final a la Carta Política como un artículo transitorio, este se blindará también internacionalmente.
Como lo adelantó EL TIEMPO el pasado domingo, la propuesta que estaba sobre la mesa era la de hacerlo mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como se hizo el año pasado con el acuerdo de paz entre el gobierno de Malí y la guerrilla.
La solicitud a la ONU debe hacerla directamente el presidente Juan Manuel Santos, cuando se haya firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.
Y así quedó explícito en el anuncio que las partes hicieron este jueves desde La Habana. “Una vez aprobado el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas”.
En esa declaración el presidente Santos pedirá a Ban Ki-moon que “dé la bienvenida” al acuerdo final de paz con las Farc y lo incorpore a la resolución del Consejo de Seguridad que el 25 de enero aprobó la misión de verificación del cese bilateral y definitivo del fuego con esta guerrilla.
Así se dará el primer el paso para buscar el blindaje de los acuerdos ante cortes internacionales, pero probablemente no será el único.
Precisamente, el profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario Raúl Eduardo Sánchez cree que, jurídicamente, esto no es suficiente. Habría que buscar la seguridad del acuerdo final de paz ante una eventual intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
El hecho es que llevar lo pactado con las Farc ante la ONU también implica un compromiso para el cumplimiento de los acuerdos de parte del Gobierno.
Como dijo el jefe de los negociadores oficiales, Humberto de la Calle, el acuerdo firmado este jueves “tiene como objetivo brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final, asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento” de lo pactado.
Y agregó: “Lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional, pero aplicando al mismo tiempo los procedimientos internos propios del Estado de derecho”.
Corte tendría que declararse inhibida en mi demanda, dice exfiscal Montealegre
El exfiscal general Eduardo Montealegre afirmó que los acuerdos anunciados ayer en La Habana garantizan que en el futuro “ni el Congreso, ni ninguna entidad, ni un nuevo gobierno podrán desconocer los alcances de la negociación de paz”.
Montealegre –que antes de terminar su período como fiscal radicó una demanda contra el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado en el 2012–, dijo que el proceso quedará blindado y, de ser aprobado el proyecto anunciado ayer, la Corte Constitucional tendría que declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre su demanda.
En ese recurso, que ya fue aceptado en la Corte, Montealegre planteaba que la palabra ‘acuerdo’ fuera interpretada como un tratado de paz o tratado internacional con fuerza vinculante para todas las instituciones.
“La demanda pretendía que la Corte declarara que la naturaleza del acuerdo de paz tenía un estatus especial de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, y que los acuerdos hacen parte del bloque de constitucionalidad. Si se aprueba el proyecto anunciado por el Gobierno, la demanda pierde su finalidad y la Corte ya no tendría que hacer un pronunciamiento de fondo”, dijo Montealegre tras señalar que la demanda ya no puede ser retirada.
El exmagistrado Alfredo Beltrán dijo que de todas formas la Corte Constitucional tendría que revisar el tema si un ciudadano demanda la ley que apruebe el Congreso.
El exmagistrado Nilson Pinilla señaló que este tipo de acuerdos no se puede celebrar con las Farc. “Eso se celebra es con otro Estado. Lo que se está haciendo no tiene ningún soporte jurídico”, dijo Pinilla. Esa posición fue respaldada por el magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien sostuvo que los acuerdos de La Habana no encajan en el contexto de un acuerdo especial. “No pueden expedir normas de carácter constitucional, y deben someterse a la Constitución y a la revisión de la Corte”, dijo.
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