El consenso logrado este jueves en La Habana entre el Gobierno y las Farc para darle “seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final” sobre el fin del conflicto involucra al Congreso de la República, a la Corte Constitucional, a los ciudadanos en las urnas y a la comunidad internacional.
Se trata, según las partes, de una “ruta expedita y segura” para garantizar “su introducción (del acuerdo final) al ordenamiento jurídico colombiano”, dar garantías de su cumplimiento conforme al derecho interno como al internacional y asegurarle un estatus casi ‘pétreo’. (Además: 'Al aceptar acuerdo, Farc reconocen nuestra Constitución': Santos)
Además, reviste una importancia especial por cuanto es la primera vez que las Farc, que han combatido al Estado de derecho en Colombia durante más de 50 años, aceptan de manera expresa someterse a él, cuando reconocen la legitimidad del Congreso, para tramitarlo, y de la Corte Constitucional para darle vida jurídica a lo que se pacte en La Habana. (Lea: Oficialismo y oposición chocaron tras último anuncio de La Habana)
Aunque quedan puntos de la agenda por resolver en la mesa de negociaciones, como el cese bilateral del fuego y de hostilidades, lo pactado prácticamente le pone un límite a la firma definitiva del acuerdo sobre el fin del conflicto, pues ambos hechos tendrían que ocurrir aproximadamente sobre el 20 de junio próximo.
El Congreso participa
El Congreso de la República será definitorio para poner fin al conflicto armado colombiano, pues será esa institución la que otorgue el carácter jurídico a los acuerdos de La Habana.
El primer paso del Congreso será incorporar a la Constitución colombiana –a través del acto legislativo que está a punto de aprobarse (solo faltan 2 de los 8 debates)– el acuerdo de La Habana como “Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra”. (Lea también: 'Estamos en la recta final del proceso de paz': Eduardo Montealegre)
El parágrafo transitorio enunciado, que debe quedar incorporado a la Constitución colombiana a más tardar el próximo 20 de junio, establece, además, que “una vez sea firmado y entrado en vigor, el anterior (el acuerdo de La Habana) ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referendo de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final”.
Es decir que tan pronto se firme el acuerdo final sobre el fin del conflicto en la capital cubana, por mandato de la Constitución (de la reforma a la Carta que está en marcha), y entre en vigor, este quedará formando parte del bloque constitucional y, por consiguiente, de la misma Carta Política colombiana.
Por otra parte, el parágrafo transitorio redactado por el Gobierno y las Farc, y que se incorporará a la Constitución ahora a través del Congreso, establece que tan pronto se firme el acuerdo final sobre el fin del conflicto el Ejecutivo debe enviarlo al Legislativo para convertirlo en ley e incorporarlo al derecho interno.
En este proceso de darle vida jurídica al consenso alcanzado entre el Gobierno y las Farc para poner fin a la guerra, la Corte Constitucional también intervendrá para examinar su exequibilidad en varios momentos. (Lea también: Gobierno y Farc, cerca de acuerdo de fin del conflicto)
El acto legislativo, que quedará aprobado el 20 de junio con el parágrafo transitorio que inicia el blindaje jurídico de los acuerdos de La Habana, puede ser de conocimiento de esa Corte.
Pero este mismo acto legislativo ordena que la ley mediante la cual se incorpora el ‘Acuerdo Especial’ (o acuerdo de La Habana) al ordenamiento jurídico colombiano, debe tener control constitucional automático.
Contexto internacional
El acuerdo de La Habana, convertido en ‘Acuerdo Especial’ a la luz del derecho internacional, será entregado al Consejo Federal Suizo, en Berna, como depositario de las Convenciones de Ginebra, y a la Secretaría General de Naciones Unidas para que sea anexado a la resolución del Consejo de Seguridad que avaló el proceso. (Lea: Blindaje internacional del proceso de paz, con resolución de la ONU)
Y finalmente, como lo ha reiterado el presidente Juan Manuel Santos, en todo caso habrá un mecanismo refrendatorio en las urnas, que todavía no ha sido plenamente establecido, pero al que las Farc ya le abrieron las puertas, y que será indispensable para echar a rodar la implementación de los acuerdos.
Santos destacó acuerdo
El presidente Juan Manuel, desde Londres, dijo que lo anunciado es un paso en “la dirección de la paz”, que brinda estabilidad y seguridad jurídica a las partes, y destacó el hecho de que, con lo alcanzado este jueves, las Farc reconozcan la democracia y la constitucionalidad del país. (Lea además: ¿Cuál es el significado de un acuerdo especial?)
“Al haber aceptado estos procedimientos, las Farc por primera vez reconocen nuestra Constitución, nuestras leyes y los poderes que emanan de nuestra Constitución, por ejemplo, el procedimiento a través del cual en el Congreso se va a hacer la refrendación y la inclusión de los acuerdos como parte de nuestra Constitución”, señaló el Jefe de Estado.
Además, invitó al pronto avance frente a los puntos pendientes en la agenda de paz. “Hacemos votos para que muy pronto se resuelva el punto que tiene que ver con el cese del fuego definitivo, que es seguido por la dejación de las armas, y eso querrá decir el fin de la guerra y el fin de las Farc como grupo armado”, puntualizó.
REDACCIÓN PAZ Y ELTIEMPO.COM