Que el 78 por ciento de las entidades del Distrito no publiquen información sobre los servicios que prestan, o que el 90 por ciento de los ciudadanos no sepa cómo participar en las decisiones sobre las inversiones que requiere la ciudad son algunos de los problemas que impiden que haya eficiencia en la gestión distrital y que podrían favorecer la corrupción en Bogotá.
Así lo señalaron la Veeduría Distrital y la ONG Transparencia por Colombia, que lanzaron ayer la Agenda por la Transparencia en Bogotá, un documento que trae una serie de recomendaciones para que desde el Distrito se genere una estrategia contra la corrupción que sea tomada en cuenta en el Plan de Desarrollo que se tramita en el Concejo de la ciudad.
“La falta de transparencia es un problema estructural de la gestión pública. Esto implica que hay que resolver problemas acerca de cómo se hace esa gestión, cómo se contrata, cómo hacemos que esté más cerca de los ciudadanos”, explicó Jaime Torres, el nuevo veedor distrital.
Por esta razón, las dos entidades trabajaron en conjunto para elaborar la agenda, como se hizo en todas las capitales de departamento, excepto en Cali y Medellín, donde próximamente realizarán el mismo ejercicio.
Durante la elaboración del documento evidenciaron problemas como que el 82 por ciento de los ciudadanos no participa ni conoce los escenarios para formular los planes de desarrollo en sus localidades.
También encontraron que el 72 por ciento de las entidades no fortalecen sus procesos de petición y rendición de cuentas en sus planes contra la corrupción y para atender a la ciudadanía.
Además, el 43 por ciento de las entidades del Distrito no publican la información sobre las funciones, perfiles y rangos de sus directivos. Mientras que el 24 por ciento no publica información sobre sus planes estratégicos y el 16 por ciento tampoco lo hace sobre sus planes de acción.
Todo esto sería el reflejo de un problema estructural en las entidades distritales con respecto a la forma en que se realizan los procesos de contratación pública, participación ciudadana, rendición de cuentas, atención a la ciudadanía y acceso a la información pública; puesto que no se trata de problemáticas que afectan a un solo sector del Distrito.
“Los procesos de participación ciudadana están deslegitimados y tienen poca credibilidad entre los ciudadanos, en parte porque no cuentan con un carácter incidente en la gestión de lo público y las políticas públicas”, señaló Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.
Asimismo, el 90 por ciento de la contratación en Bogotá se está realizando de forma directa, como reconoció el veedor Jaime Torres: “Cuando no hay criterios claros para la selección y no hay transparencias sobre los resultados de esa contratación, no sabemos qué pasó con los interventores, dónde están los productos, cuáles fueron los resultados; ahí es donde hay problemas”.
Por esta razón se lanzó la agenda, con miras a que sus recomendaciones se tengan en cuenta en el Plan de Desarrollo Distrital, cuya aprobación se debate en el Concejo de Bogotá.
“Creemos que el tratamiento de la corrupción debe ser transversal, porque es un problema estructural”, explicó Ungar.
El veedor Torres también afirmó que si bien no hay un diagnóstico de los sectores en los que se presenta mayor riesgo de falta de transparencia, se debe tener una especial vigilancia en aquellos en los que se maneja la mayor cantidad de recursos: “Las secretarías son las que manejan los recursos más grandes y en ellas hay muchos más riesgos de corrupción”.
Lo anterior implica, según el veedor, más vigilancia a las licitaciones porque también manejan grandes recursos, aunque tienen mayor eficiencia en su ejecución. “Tenemos que acudir a nuevos mecanismos como los que propone Colombia Compra Eficiente del Gobierno nacional, para ser más transparentes y efectivos en dichos procesos”, señaló Torres.
Para la directora de Transparencia por Colombia se debe tener mucho cuidado con la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). “No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir en el de Bogotá, pero sí tenemos indicios de que en el pasado, a través del POT, se pagaron favores políticos en muchas ciudades”, precisó Ungar.
BOGOTÁ